• Caracas (Venezuela)

Robert Gilles Redondo

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Urgente, por favor

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Venezuela ha entrado en un callejón muy oscuro e incierto dentro de este abismo al que nos ha arrastrado el régimen sinrazón de Nicolás Maduro. Y esta inmensa desgracia que hoy padecemos es también el karma de los descuidos de nuestra democracia que alentó una sociedad consumista y cívicamente irresponsable, a partir de un Estado paternalista, incompetente e insaciable que desde siempre ha gustado de ahogarse en las acaudaladas rentas de nuestras riquezas naturales. De ahí que la República y sus instituciones no soportaron el desmantelamiento al que las sometió el totalitario socialismo del siglo XXI, liderado por el difunto Hugo Chávez y su continuador, derivándose un Estado fallido contaminado en toda su compleja estructura por la corrupción, la depravación moral, la inconstitucionalidad y hasta los gravísimos negocios del narcotráfico, entre otras muchas cosas más.

Esta vez el Tribunal Supremo de Justicia confirma su voluntad de aniquilar la soberanía nacional, como se evidencia en la sentencia número 9 del 1° de marzo, al suprimir, por ejemplo, las funciones constitucionales de control político del Parlamento venezolano sobre los demás poderes, solo para citar un tipo de esa aberrada ponencia. Y es que al parecer la Asamblea Nacional, constituida en su mayoría por diputados de la MUD, ha vacilado o actuado con lentitud respecto a las tareas impostergables que ha tenido en sus manos. La destitución de los magistrados exprés era una de estas tareas y, en el respeto a los lapsos y procedimientos, se ha caído en este callejón de anarquía institucional que facilita la tarea de predecir una suerte de encerrona que no nos conduce a nada porque es evidente que ninguna de las decisiones ni leyes del Poder Legislativo (única institución con legitimidad de origen en este momento) van a ser respetadas por los demás “poderes” (parásitos) del Estado fallido.

Por eso he insistido con terquedad que el problema es de fondo más que de forma. Echar a Maduro del poder es prioridad nacional e histórica. No podemos seguir cohabitando con estos malandros que insisten en liquidar a la República de Venezuela y su pueblo. Esto no se trata de una conjura imperialista y contrarrevolucionaria, ni mucho menos golpista; recuérdese el origen ilegítimo de Nicolás Maduro desde que usurpó el poder gracias a la beneficencia del TSJ cuando decretó la continuidad administrativa en 2013 y su doble nacionalidad.

 

En esta hora tan amarga la Asamblea Nacional, vanguardia del cambio, no puede seguir permitiendo que el país siga siendo gobernado por una ínfima minoría que carece de apoyo popular. Si la MUD y su mayoría se atasca en la búsqueda de consensos o en la espera de soluciones mesiánicas o de lapsos para activar mecanismos, caerá en el circulo vicioso de un “hacer” que el Tribunal Supremo va a “deshacer”.

Sobre nosotros gravita la imagen de un violento estallido social y del pasado remoto del siglo XIX en el que las armas resolvían los problemas. No se puede dudar que eso está siendo alentado por el régimen con las decisiones del tribunal. Frente a ello se tiene que iniciar la articulación de un gran movimiento de calle que rechace el fin de la democracia y ayude a cerrar con doble llave esta angustiosa historia, y se ponga fin al régimen de Maduro. Esto, más que una intención política, es un deber constitucional con se lee en los artículos 333 y 350 constitucionales. Sin calle no habrá salida. Sin calle seguiremos entrampados en esta tragedia, mientras el país sigue hundido en la crisis humanitaria: sin comida, sin alimento.

Es la hora de despegar y enfrentar sin titubeos la responsabilidad que se tiene antes de que el empeño revolucionario de destruirlo todo acabe por socavar la paz social y se origine aquello que tanto tememos. Es urgente, por favor, acabar con esto.