• Caracas (Venezuela)

Richard Blanco

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Richard Blanco

Cárcel o infierno

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La situación penitenciara en Venezuela refleja el deterioro en el cual estamos inmersos los venezolanos, producto de la improvisación y falta de claridad de quienes dirigen el país.

Las cárceles venezolanas son un submundo, son escuelas de delincuentes, desde allí operan los llamados pranes siendo los jefes y amos para todo lo relacionado en los centros penitenciarios. Por si fuese poco, el hacinamiento es realmente dantesco, al movilizarse en los espacios geográficos de estas cárceles vemos cómo se producen grandes inconvenientes entre los reclusos que al final conllevan a las riñas que ocurren para marcar territorios “que creen les pertenecen a raíz de los códigos impuestos por ellos mismos”.

No vengo para defender a ultranza a un preso en lo absoluto o, como dicen los “revolucionarios penitenciaristas”, a los privados de libertad, porque todo aquel individuo que haya cometido un delito debe ser juzgado con toda la rigurosidad de las leyes de la república cuando es conseguido culpable, pero cualquier persona también tiene derechos humanos que jamás pueden ser quebrantados. Los mismos están contemplados en la Constitución venezolana pero también en tratados internacionales de los cuales somos firmantes.

La cárcel de Yare, donde pasé casi un año de mi vida injustamente, sin haber cometido ningún tipo de delito, fue proyectada para albergar inicialmente a 950 personas, hoy sobrepasan las 3.000, solamente por citar a uno solo de estos centros; además, la capacidad nacional de los mismos es de 13.000 a 14.000 personas y, según datos del Laboratorio Nacional de Prisiones, para la fecha hay más de 54.000 presos, de los cuales a 70% ni siquiera se le ha iniciado el juicio. Razones hay muchas, como retardo procesal por falta de jueces, por despacho o de audiencias, por no tener vehículos para el traslado a los tribunales, por tener al preso en jurisdicciones distintas de donde cometió el delito, en fin, hay un gran desorden en el sistema judicial venezolano.

A mí que no me vengan con cuentos chinos de la preparación en algún oficio “o de misiones”, que supuestamente ejerce el gobierno nacional para favorecer a los reos, solamente menos de 10% de ellos pueden lograr el acceso a esos beneficios. La comida no es la más adecuada, no es que yo diga en este momento que hay que colocarle caviar, o las mejores exquisiteces para su alimentación. No me malinterpreten, pero, carajo, es un derecho tener una buena alimentación por más que hayas cometido un delito y resulta ser que el presupuesto diario para cada “privado de libertad” no alcanza absolutamente para nada.

Hay estadísticas que reflejan que cuando una persona que ha cometido un delito sale de la cárcel, por lo general, 60% o quizás más retorna muy pronto, porque reincide en cometer delitos; la razón es que no existe una política seria que permita reinsertar en la sociedad al delincuente, que cuando salga pueda tener un trabajo digno producto de algún oficio aprendido dentro de las rejas, y un Estado que le garantice sus derechos y le haga seguimiento a la conducta de cada uno de ellos. He alertado esta situación muchas veces, recuerdo solamente algunas:

1) El 16 de junio de 2012 le presenté a la ministra Iris Varela el programa El Milagro de República Dominica, donde se plantea cómo solucionar el problema penitenciario.

2) El 26 de julio de 2011 propuse que las cárceles debían ser descentralizadas y exhorté a Iris Varela a cumplir el artículo 272 de la Constitución.

3) El 29 de mayo de 2012 pedí a la Fiscalía General de la República que se iniciara una investigación de los hechos ocurridos en La Planta.

Por eso seguirán ocurriendo acontecimientos como los que recientemente se produjeron en el Rodeo y en Uribana, si no se deja la improvisación a un lado y se tecnifica el trabajo penitenciario, y cómo hacerlo, les doy dos datos: el primero, buscar experiencias positivas de otros países hermanos; les propongo que lean y revisen el proyecto denominado “El Milagro Dominicano”, realizado en la República Dominicana, y también que le den estricto cumplimiento al artículo 272 constitucional el cual me permito reflejarlo a continuación.

Artículo 272. El Estado garantizará el sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación, funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas, universitarias, y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización. En general, se preferirá en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo caso las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria. El Estado creará las instituciones indispensables para la asistencia pospenitenciaria que posibilite la reinserción social del exinterno o exinterna y propiciará la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico.

Si no hay voluntad política, este y otros casos de interés nacional jamás podrán ser solucionados. Juntos todo es posible.


*Diputado a la Asamblea Nacional

Ex preso político