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Ricardo Hausmann

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La mina de oro de las compras públicas

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El oro es escaso. Más de 99,9% de la corteza terrestre está compuesto por óxidos de silicona, aluminio, calcio, magnesio, sodio, hierro, potasio, titanio y fósforo, así que a través de la historia cada descubrimiento de oro ha causado gran revuelo. A pesar de las graves consecuencias ambientales que conlleva la explotación del oro –entre ellas la contaminación con mercurio y cianuro y la devastación ambiental– el hombre no ha cesado en su búsqueda, y es dudoso que lo haga.

Sin embargo, casi todos los países tienen una mina de oro figurativa –que es más segura y por lo menos tan lucrativa como la verdadera– pero que pocos explotan plenamente: las adquisiciones públicas.

Las posibles consecuencias adversas de las compras públicas son bien conocidas. Estas pueden permitir que los suplidores cobren precios excesivos por productos de baja calidad y servicios poco confiables, y al mismo tiempo facilitar la corrupción, los abusos de poder y el desperdicio.

Para atenuar estos riesgos, la mayoría de los países requiere licitaciones abiertas y reglas de transparencia. De hecho, en la mayoría de los últimos acuerdos de libre comercio se exige que los gobiernos de los países signatarios abran sus licitaciones a empresas de los otros signatarios; y el Banco Mundial publica los nombres de las firmas que por fraude o corrupción no pueden participar en licitaciones para proyectos financiados por el banco. Los países que rehúyen las licitaciones abiertas terminan con los hurtos a gran escala que se han documentado en Venezuela y que casi ciertamente ocurrieron en Ucrania bajo el expresidente Viktor Yanukovych. 

Pero debajo de todo este arsénico hay oro. Gran parte de la producción moderna comprende no solo el costo de hacer las cosas, sino también el costo de descubrir cómo hacerlas. Antes de que un fabricante de aviones pueda producir y vender un nuevo modelo de aeronave, debe gastar miles de millones de dólares en su desarrollo durante diez años o más –y esos gastos deben ser recuperados–. Muy pocos incurrirían en ellos sin estar seguros de que el nuevo modelo tendrá un mercado. Y aquí es donde entran en juego las adquisiciones públicas.

Por ejemplo, en 1946 el gobierno de Estados Unidos le adjudicó a Boeing un contrato para el desarrollo del avión B-52. Evidentemente, el gobierno no quería que la compañía continuara entregando aviones existentes, sino que deseaba el primer bombardero estratégico propulsado por motores de reacción. Después de todo, el perdedor en cualquier guerra es el país con el segundo mejor ejército. Por lo tanto, el contrato tenía que reflejar los riesgos que implica el poder llegar a diseñar y producir la aeronave más avanzada de su época. 

Pero los beneficios de la adquisición del gobierno se extendieron más allá de la meta específica, ya que Boeing empleó el know-how que había adquirido en el desarrollo del B-52 para crear el B-707, su aeronave comercial. Si bien el propósito del gobierno no había sido el de promover el desarrollo de aviones comerciales, la adquisición de una aeronave militar de alta calidad y técnicamente avanzada fue esencial en el surgimiento de la industria de la aviación comercial de Estados Unidos, hoy dominante en el mundo.

Dicho de manera simple, poder llegar a hacer una cosa suele hacer que sea más fácil llegar a hacer otras cosas. De esta forma, un gobierno exigente sobre la calidad de sus adquisiciones puede tener un impacto poderoso sobre la evolución de la ventaja comparativa de su país.

El gobierno de Israel ha tenido un impacto semejante a través de la forma en que ha manejado sus escasos recursos hídricos. Digamos que un país incurre en un costo de 100, medido en alguna unidad, debido a la escasez de agua en su territorio. Las innovaciones que el gobierno alienta, como el riego por goteo o la desalinización, no solo reducen el costo de la escasez, digamos a 70, sino que también apuntalan una industria que al vender sus productos en los mercados más exigentes adquiere un valor mundial superior a 1.000. En este sentido, la escasez de recursos hídricos ha hecho que Israel sea más rico de lo que hubiera sido sin ella.

Asimismo, las inversiones militares de Israel han generado un conjunto de soluciones que, con un poco más de esfuerzo, se han aplicado de manera útil y lucrativa en la vida civil. Esto ayuda a explicar por qué la inversión privada en investigación y desarrollo representa en Israel un porcentaje mayor del PIB que en ningún otro país.

Las lecciones que se desprenden de las compras militares pueden aplicarse también en otras esferas. A los gobiernos les compete encontrar soluciones a los desafíos más urgentes que enfrenta su sociedad. Dado que los problemas de un país rara vez son únicos, las soluciones innovadoras pueden dar origen a industrias competitivas, y hasta dominantes a escala mundial. Y las soluciones a un problema pueden tener aplicaciones en otros sectores.

Esto debería servir de modelo a América Latina en su empeño por mejorar la calidad de sus sistemas educativos. Como están las cosas, los ocho países latinoamericanos que participan en el examen estandarizado PISA de la OCDE se encuentran entre los 15 peores de los 65 que integran el programa.

En lugar de invertir grandes sumas de dinero en sistemas educativos que no rinden buenos resultados, los gobiernos latinoamericanos deberían interesarse en soluciones innovadoras, tales como textos en tablets, que permitan a los profesores enseñar de manera más efectiva, monitorear el progreso de sus alumnos e identificar estrategias apropiadas para cada alumno. Además de mejorar el desempeño de sus propios niños, dichas soluciones podrían dar origen a una industria avanzada de herramientas pedagógicas capaz de competir a escala mundial.

Estos son solo unos pocos ejemplos del valor que se puede extraer de la mina de oro de las compras públicas. Al comprometerse a adquirir grandes cantidades de productos de buena calidad que respondan a los más importantes desafíos nacionales, los gobiernos pueden alentar a organizaciones privadas, públicas o mixtas a incurrir en los gastos fijos que conlleva la búsqueda de soluciones. En muchos casos, los beneficios de estas soluciones se proyectarán mucho más allá de su propósito original.

Sin embargo, de tomar este camino, los gobiernos deben recordar que la explotación minera es una industria potencialmente peligrosa y debe ser abordada con cuidado. Por ello, podrían partir por asignar, digamos, 5% de sus presupuestos de adquisiciones a promover la búsqueda de nuevas soluciones a sus problemas más acuciantes en sectores con el potencial de lograr grandes mercados mundiales. Al fin y al cabo, todo lo que vale la pena hacer, vale la pena hacerlo mejor.

Copyright: Project Syndicate, 2014

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