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Walter Márquez: Fiscalía violó garantías constitucionales a MHO

El diputado Walter Márquez | Alex Delgado/ El Nacional

El diputado Walter Márquez | Alex Delgado/ El Nacional

El diputado señaló que el Ministerio Público pretende convertir una acción mercantil en un proceso penal, complaciendo a Nicolás Maduro quien tiene afán de controlar a los medios de comunicación independientes.

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El diputado tachirense a la Asamblea Nacional Walter Márquez, indicó la decisión de la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz de congelar los bienes y las cuentas bancarias del presidente editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, es una grave violación a la garantía constitucional de un debido proceso, y una operación política y de terrorismo judicial para intimidar y silenciar a los medios de comunicación independientes.

“Esta situación es extremadamente grave porque una demanda civil, una relación comercial ó financiera entre Alfredo Peña, ex alcalde de Caracas, y el propietario de El Nacional, Miguel Henrique Otero, la convierten en una acción de carácter penal por una parcializada iniciativa del juez 21 civil y mercantil junto con la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, quien se comporta como una verdugo del régimen”, expresó Márquez.

Señaló que el Ministerio Público pretende convertir una acción mercantil en un proceso penal, complaciendo a Nicolás Maduro quien tiene afán de controlar a los medios de comunicación independientes.

 “Comenzó con Globovisión y ahora intenta hacer lo mismo con un medio indómito como El Nacional, ordenando congelar sus cuentas bancarias, y las acciones de medios de comunicación social”, señaló.

Dijo que con este tipo de acciones, el gobierno pretende ocultar la grave crisis que atraviesa el país de desabastecimiento, de inseguridad personal y corrupción.

En nombre de los diputados del bloque democrático de la Asamblea Nacional en el Táchira, Walter Márquez rechazó que se pretenda silenciar al diario El Nacional, e intimidar a Miguel Henrique Otero, así como a otros medios para que se autocensuren, lo que es un atentado contra la democracia y el Estado de derecho.