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Sabino Romero, el irreductible

El cacique Sabino Romero / Omar Véliz

El cacique Sabino Romero / Omar Véliz

El cacique asesinado se había enfrentado a los hacendados, pero también a las autoridades gubernamentales. Acusó a la ex ministra Nicia Maldonado de acallar sus reclamos con bolsas de comida

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El cacique Sabino Romero se convirtió en el líder más prominente de la lucha de los yukpas por sus tierras porque afrontó el acoso sistemático del poder económico y político que se ejerce anárquicamente en la sierra de Perijá y nunca pudieron doblegarlo.

Romero, su compañera Lucía y sus doce hijos eran de los indígenas que hasta finales de los años noventa se trasladaban a Caracas, improvisaban un campamento en los alrededores del Nuevo Circo y pedían limosnas en las calles del centro de la ciudad. A partir de 1999, con el aval de la consagración constitucional de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, los traslados de los yukpas a la capital adquirieron un sentido más digno: ya no golpeaban las ventanas de los carros para obtener alguna moneda, sino que se agolpaban ante las oficinas gubernamentales para exigir el cumplimiento de la carta magna.

Frente a la ineficiencia del Estado en la demarcación y adjudicación del territorio que ancestralmente pertenece a los yukpas, Romero y los más aguerridos caciques de la etnia emprendieron en 2004 la ocupación forzosa de 15 haciendas. Desde ese momento, el liderazgo de Sabino Romero aumentó al mismo ritmo que el riesgo de ser asesinado.

Hasta en Ginebra se denunciaron las amenazas de muerte contra Sabino Romero. Hace un mes y medio, Zenaida Romero, una de las hijas del cacique, advirtió ante la Relatoría para los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas que los sicarios contratados por los hacendados tenían como principal objetivo liquidar físicamente a su padre y, de esa forma, detener el avance de los yukpas en la recuperación de las tierras que reclaman.

Cuando la joven de 23 años de edad, que se perfila como heredera política de Sabino Romero, hizo la advertencia ante la ONU, el conflicto en la sierra de Perijá sumaba siete asesinatos: José Manuel Romero, padre de Sabino Romero, de más de 100 años de edad, quien ­aseguran los yukpas­ fue salvajemente golpeado por peones del hacendado Alejandro Chávez Vargas el 12 de agosto de 2008 y murió una semana después; Darío Segundo García Fernández, primo del cacique Alexander Fernández, asesinado en 2010 a manos de un parcelero wayúu, según afirman sus familiares; el cacique Alexander Fernández (aliado de Sabino Romero), a quien policías habrían torturado y vaciado los ojos antes de matarlo el 23 de junio de 2012; Wilfredo Romero y Lorenzo Romero, ultimados supuestamente por los mismos grupos que de manera permanente asedian a los indígenas; y Hevert García y Mireya Romero, muertos en un altercado entre los líderes de las comunidades Chaktapa y Guamo Pamocha, el 13 de octubre de 2009, un día después de que el Ejecutivo anunció la asignación de lotes de tierras en la sierra de Perijá que agudizaron las disputas.

Excepto el caso de Hevert García y Mireya Romero (por el cual los caciques Sabino Romero, Alexander Fernández y Olegario Romero estuvieron 17 meses presos, y fue resuelto conforme con la jurisdicción indígena) el resto de las muertes permanece impune.

Sabino Romero, como la mayoría de los yukpas, era chavista. El apoyo al Presidente es tal que incorporaron a su lengua un vocablo que significa "mi padre" para referirse a Hugo Chávez. Sin embargo, el cacique de la comunidad Chaktapa (como renombró la hacienda Tizina que ocupó a la fuerza y convirtió en su trinchera) se enfrentó al Gobierno y en particular a la ex ministra de Pueblos y Comunidades Indígenas Nicia Maldonado, a quien acusó de debilitar la lucha mediante la administración de los programas sociales del Ejecutivo a modo de premio y castigo.

Extraoficialmente ha trascendido que a Sabino Romero lo asesinaron tres motorizados que le dispararon el domingo pasado a las 7:00 pm, cerca de la iglesia de El Tokuko, el mayor centro poblado de la sierra de Perijá. El cacique de Chaktapa y su mujer se habían trasladado hasta El Tokuko para participar en la elección del cacique mayor de la zona.

"Esa cosa de los caciques mayores es un invento de Nicia para dividirnos. En la sierra hay 167 caciques, pero el Gobierno sólo habla con los 5 caciques mayores, que son empleados de Nicia. Ellos son los que manejan las misiones del Gobierno. A los yukpas que reclaman sus derechos no nos dan nada y nos estamos muriendo de hambre. Pero no nos van a comprar con bolsas de comida", dijo Romero en noviembre de 2012, la última vez que se trasladó a Caracas.

En esa ocasión tardaron 30 horas en llegar a la capital, pues fueron detenidos varias veces por militares. "Nos quieren callar la boca. A mí me tienen amenazado", volvió a denunciar esa vez el cacique Sabino Romero sin que ninguna autoridad del Estado le prestara atención ni hiciera lo necesario para resguardar su vida.

ONG piden investigación y protección

Las organizaciones no gubernamentales que integran el Foro por la Vida, el Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la Universidad de los Andes y el Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara coincidieron en dos peticiones: investigar y determinar la autoría material e intelectual del homicidio de Sabino Romero y garantizar la protección de los yukpas que luchan por las tierras de la sierra de Perijá.

"Se venía alertando de la existencia de una alarmante espiral de violencia en la sierra de Perijá, la cual resultaba cada vez más incontrolable por parte de las autoridades nacionales y regionales, dando cuenta de un enorme vacío institucional en la zona. La muerte del cacique Sabino Romero pone en evidencia la ausencia de un Estado que reconoció derechos y que los usurpa al criminalizar la reivindicación indígena por sus territorios", indicaron los activistas de la ULA.

El Foro por la Vida destacó que los riesgos de muerte se extienden a los luchadores sociales que apoyan a los indígenas, particularmente a Lusbi Portillo, de la Sociedad Homo et Natura.

Desde Lara se recordó que en noviembre de 2010 el entonces vicepresidente Elías Jaua anunció una "hoja de ruta" que ha sido inútil para resolver el conflicto yukpa.