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Provea exige al Gobierno detener la criminalización de la protesta

GNB lanza bombas lacrimógenas a trabajdores de Sidor | Cortesía @ClavelRangel

GNB lanza bombas lacrimógenas a trabajdores de Sidor | Cortesía @ClavelRangel

La ONG rechaza la represión de la Guardia Nacional contra los trabajadores de Sidor. “El presidente Maduro debe atender sus reclamos en forma democrática”, indicó en un comunicado 

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Provea exigió este martes al Gobierno que cumpla con su deber de garantizar el respeto a los derechos consagrados en la Constitución Nacional, deteniendo las acciones orientadas a restringir y criminalizar el ejercicio de la manifestación pacífica y el derecho a huelga.

A través de un comunicado, la ONG rechazó la actuación de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, adscritos al CORE 8 del estado Bolívar, que reprimen las concentraciones pacíficas que realizan los trabajadores de la empresa estatal Sidor en demanda de la discusión y aprobación de la convención colectiva de la industria, vencida desde hace más de 4 años.

La organización destaca que, al igual que en estos dos días, en otras ocasiones se han reportado heridos por bombas lacrimógenas y perdigones, además de detenciones irregulares de los manifestantes.

Destaca en el documento que el 14 de marzo de 2008 un grupo de trabajadores de Sidor fue reprimido mientras exigía mejoras salariales a la directiva de la empresa, para entonces propiedad del consorcio Ternium. Piquetes de la GNB arremetieron con bombas lacrimógenas y perdigones contra la manifestación pacífica, causando heridos y destrozos a los vehículos de obreros y empleados. Un total de 53 trabajadores resultaron detenidos en esa ocasión y fueron presentados a las órdenes de Tribunales.

Provea agrega que “en la actualidad la respuesta que el Ejecutivo ha dado al conflicto reviste especiales riesgos para la libertad sindical, el derecho a huelga y especialmente para el derecho a la manifestación pacífica”.

A su juicio, la creciente militarización del país y el tratamiento poco democrático que el gobierno del Presidente Maduro ha demostrado ante la creciente conflictividad social, cierra los espacios para el ejercicio pleno de derechos constitucionales y propicia escenarios de violencia que abren las puertas a violaciones de derechos humanos.

La ONG considera que, desde su llegada al poder, el presidente Nicolás Maduro “ha acelerado la militarización del país y ha consolidado formas autoritarias para ejercer la acción de gobierno, privilegiando la represión y la criminalización por encima del diálogo y el entendimiento con los distintos sectores de la sociedad que expresan sus legítimas demandas”.

El texto agrega que, bajo esta doctrina, cualquier protesta es considerada un atentado a la seguridad del Estado y ello implica que en lugar de brindar una salida democrática al conflicto, se utiliza la fuerza del Estado para intentar intimidar a los trabajadores.

“La criminalización, la represión y la militarización de los conflictos sociales suma más problemas a los ya existentes en el país y lesiona garantías constitucionales, debilitándose con ello el principio de democracia participativa y protagónica, consagrado en nuestra Carta Magna”, agrega el documento.

La organización destaca que al constante e ilegal uso de sustancias tóxicas y armas de fuego para controlar manifestaciones, a las detenciones arbitrarias y maltratos contra manifestantes, se suma -como actuación recurrente- el ingreso de la GNB en instalaciones para generar destrozos a bienes y propiedad privada de manifestantes y ciudadanía en general.

“Los trabajadores venezolanos tienen más de 5 años encabezando las protestas en el país. El presidente Maduro debe atender sus reclamos en forma democrática”, dice el texto.

Amenazas de funcionarios

Provea destaca que las amenazas reiteradas de altos funcionarios del Estado contra los trabajadores de Sidor han estado orientadas a descalificar e intimidar su lucha por mejores condiciones laborales.

“El propio Presidente de la República, el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, el comandante del CORE 8 de la GNB General Luis Arrayago y el gobernador del estado Bolívar Francisco Rangel Gómez han encabezado una campaña de criminalización y ataques contra los trabajadores en conflicto, acusándolos de pertenecer a mafias sindicales y de estar al frente de la llamada ‘guerra económica’. Estas prácticas contradicen la constante afirmación del mandatario Maduro, quien se autoproclama como ‘presidente obrero”, agrega el documento.