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Presunta masacre de Tumeremo permitió conocer los problemas que padecen localidades mineras de Bolívar

Protestas en Tumeremo por la presunta masacre de 28 mineros | Foto: Twitter / @Imag3n

La presencia policial en las zonas es insuficiente para contrarrestar la criminalidad | Foto: Twitter / @Imag3n

Carlos Chancellor y Coromoto Lugo, alcaldes de Sifontes y El Callao, respectivamente, afirmaron que estos municipios sufren de fallas en servicios de electricidad y agua, falta de ambulancias e insumos en los hospitales e imperante delincuencia 

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Inseguridad, vías deterioradas y fallas en los servicios de electricidad y agua son algunos de los problemas que padecen los municipios mineros Sifontes y El Callao. La presunta masacre de 28 trabajadores, ocurrida cerca de la mina Atenas de Tumeremo, ha permitido que estas fallas salgan de la sombra de la desinformación.

La troncal 10 está dañada desde El Callao hasta el Kilómetro 88. Como esta, otras vialidades están deterioradas, de acuerdo con Carlos Chancellor, alcalde de Sifontes. Con él coincide Coromoto Lugo, alcalde de El Callao, quien afirmó que el gobierno no ha hecho inversiones para mejorar este problema.

En cuanto a la electricidad, Lugo señaló que en El Callao los cortes del servicio son una rutina. Detalló que al sector le hacen falta 26 transformadores. "El gobierno no invirtió cuando el barril de petróleo estaba en 120 dólares", agregó.

A la planta de tratamiento de agua de El Callao hay que hacerle mantenimiento, debido a que muchos de sus equipos superaron el tiempo de uso, a esto se suma que la represa está seca. Chancellor indicó que el agua potable en Sifontes es insuficiente. Explicó que se debe a que el municipio recibe personas de otros sectores, por lo tanto, no es posible cumplir completamente la demanda. "No podemos (el gobierno municipal) con toda la carga. Pedimos al Estado que invierta en las plantas".

La presencia policial en las zonas es insuficiente para contrarrestar la criminalidad, que además se ha constituido en grupos irregulares que se apoderan de las minas. La delincuencia limita que los trabajadores honestos puedan organizarse.

El nivel de indolencia de estas bandas es extremo, eso es lo que demuestran las declaraciones de los testigos. Los familiares de los 28 mineros desaparecidos han asegurado al alcalde Chancellor que los homicidas utilizaron motosierras para descuartizar cuerpos. Le indicaron que los asesinatos se cometieron tipo ajusticiamiento, es decir, ordenaron a las víctimas arrodillarse y luego les dispararon.

Coromoto Lugo indicó que no hay un plan fuerte que reduzca la delincuencia. Las estrategias solo han sido espontáneas, con el empleo de operativos de la Operación de Liberación del Pueblo. Afirmó que los órganos de seguridad solo acuden durante un mes cuando hay un hecho significativo, pero no se ha desarrollado el Plan Patria Segura en El Callao. Cada quien se cuida por su cuenta, dijo. La situación se ha acrecentado desde hace cuatro años, ahora los robos son una actividad común en la población minera.

Existen deficiencias en medicamentos, insumos y ambulancias en los hospitales de Sifontes, señaló su mandatario. "Tenemos un caos social en el municipio Sifontes. No solo por estos asesinatos, sino por toda esta serie de factores (...) Hemos asumido responsabilidades. Reparamos vialidades, recuperamos maquinarias ante el colapso de aguas servidas, invertimos en transporte. A pesar de ello, falta presencia estatal y estadal para atender esta situación grave desde el punto de vista social".

Lugo señaló que los recursos dirigidos a su municipio llegan puntualmente, pero no son suficientes. Los más beneficiados son los alcaldes adeptos a la revolución bolivariana, afirmó. "No se invierte en vivienda ni en educación. El gobierno no ha llevado a cabo una política de desarrollo para estos municipios (...) Pareciera que uno no fuera alcalde".

¿Desalojarán mineros?

El alcalde Carlos Chancellor se preguntó qué pasará con las 30.000 personas que trabajan en las minas Las Cristinas y Cuyuní, debido a que el gobierno suscribió acuerdos con el objetivo de que empresas internacionales exploten recursos como diamante, hierro, aluminio y oro. De este último se pretende la obtención de 7.000 toneladas.

"¿Los van a desalojar?, ¿adónde los van a llevar?, ¿formarán parte de la empresa con la que negocian sin tomar en cuenta al pueblo?".