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Pobladores amenazan con tomar calles en Orope

Uno de los aprehendidos murió al ser obligado a ingerir gasolina por los funcionarios que los detuvieron 

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Diputados regionales y nacionales, en compañía de familiares de detenidos por el operativo militar del Ejército en el que resultó muerto un joven de 24 años de edad, que estaba en custodia de los uniformados, exigieron que se respete la jurisdicción civil para que se investiguen los hechos ocurridos en la localidad de Orope, municipio García de Hevia, el pasado 9 de julio.

“El juez primero de control, Mike Andrews Parada, ordenó la investigación en jurisdicción penal ordinaria, pero los militares están investigando el hecho e intervino un tribunal militar. Aquí no hay que plantear un conflicto de competencias porque se paraliza la investigación y entonces le correspondería al Tribunal Supremo de Justicia tomar la decisión. Solicitamos que el Ministerio Público intervenga para que se respete la jurisdicción penal ordinaria”, dijo el diputado Walter Márquez.

Agregó que a la jurisdicción militar le correspondería realizar las indagaciones disciplinarias a los militares del 251 Batallón Caribes de Fuerte Morotuto que participaron en el desmantelamiento de un depósito ilegal de gasolina.

“Hubo un grave error operacional, en virtud de que los funcionarios militares que participaron en el hecho no están preparados para enfrentar una situación de combate del contrabando y manejar una relación con la población civil. El asesinato de Reny Adolfo Suárez Julio tiene que ser investigado al igual que las torturas a las que fueron sometidos los hombres y adolescentes que estaban cuando llegó la comisión militar. También estamos pidiendo la detención del comandante Aquiles Lapadula, responsable intelectual de esta operación en el que muere una persona y causan agresiones a otros, así como unos tenientes y sargentos”, agregó.


Más acciones. Siete adultos e igual número de adolescentes fueron detenidos por los uniformados. Los menores de edad fueron puestos en libertad, mientras que los mayores fueron remitidos al Centro Penitenciario de Occidente. Sus parientes aseguraron que fueron capturados por pasar por el lugar.

“Lo que queremos es que lo suelten. Les damos cinco días de chance o volvemos a tomar las calles de Orope. Esto es una injusticia”, dijo Leonor Sánchez, madre de uno de los detenidos.

Flor Muñoz, hermana de otro de los detenidos, contó que los estaban procesando por secuestro, contrabando y paramilitarismo. Reiteraron que al momento del operativo militar fueron golpeados, rociados con gasolina y expuestos al sol.

Hpy, ante una posible negativa de discutir el caso en plenaria, el asunto será presentado por los diputados tachirenses en la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional.