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Pemones exigen justicia por muerte de indígenas

En una asamblea, los dirigentes de las etnias solicitaron a las autoridades rapidez en la resolución de los casos de violencia

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Por más de siete horas se prolongó la asamblea solicitada por los indígenas del municipio Gran Sabana con los representantes de los entes encargados de brindar seguridad en el sur del estado Bolívar, con el fin de denunciar y solicitar celeridad en los casos de violencia ocurridos en la región.

El encuentro se realizó en la churuata La Esmeralda, donde los líderes del pueblo pemón expusieron ante los representantes de las autoridades civiles y militares múltiples denuncias relacionadas con la inseguridad que está arropando a las comunidades indígenas y sectores de la zona.

El concejal Cecilio Pérez ejemplificó la situación con la muerte de Jorge Lott, pensionado de la Guardia Nacional y nativo de la comunidad de Waramasén, quien fue asesinado en la plaza Bolívar de Santa Elena de Uairén. También mencionó otros casos como el de Juan Rubio de la comunidad de Wará, a quien torturaron y luego mataron por presunta posesión de una droga que supuestamente pertenecía a funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científica, Penales y Criminalísticas. Con base en la explicación de este vocero, los habitantes de Santa Elena aseguran que desde la llegada del cuerpo de seguridad a la zona ha habido casos de extorsión, vejaciones y amenazas.

Luís Romero, capitán de la comunidad De Playa Blanca, localizada a veinte minutos antes de llegar a la población de Ikabarú, denunció otras situaciones irregulares relacionadas con consumo de drogas por parte de los jóvenes de esta comunidad.

Propuestas

Jorge Gómez, capitán general del sector seis de Gran Sabana, indicó que el pueblo pemón exige “justicia, justicia y justicia”. Propuso redactar un documento con la explicación y las pruebas de cada uno de los hechos violentos que han ocurrido en la Gran Sabana para que pueda llegar al Gobierno nacional. Dijo que no confían en los cuerpos de seguridad del municipio. “Estas autoridades no están pendientes de su pueblo, ellos deben garantizar la seguridad a la ciudadanía, hay tantos problemas y las autoridades calladas”, señaló.

Tanto los dirigentes indígenas como las autoridades militares acordaron retomar el control de entrada y salida de personas hacia el municipio Gran Sabana.

En el Destacamento N° 84 se creará la Oficina de Atención al Pueblo Indígena, para atender denuncias; también se instalará un punto de control en el puente de Uairén vía Cielo Azul con el apoyo de la alcaldía y el poder popular. Los voceros pemones solicitaron la capacitación de jóvenes indígenas en las filas de la Guardia Nacional, el Ejército y la policía del estado Bolívar. Pidieron nombrar una comisión de alto nivel del pueblo indígena de la Gran Sabana para supervisar los acuerdos.