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Denuncian que narcotráfico controla a tribunales y políticos en Delta Amacuro

Caño en el delta del Río Orinoco / David Maris (Archivo)

Caño en el delta del Río Orinoco / David Maris (Archivo)

La Fuerza de Tarea Especial Antidrogas reconoce que la labor es difícil por las características del estado: posee 3.622 caños navegables imposibles de vigilar

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Piacoa es un pueblo pequeño de Delta Amacuro donde no hay agua potable regular y el servicio eléctrico es deficiente. Allí, en una finca, decomisaron 62 kilos de pasta de cocaína, 160 litros de gasolina y 50 kilos de bicarbonato a principios de 2012.

Por el caso fue detenido y condenado a 29 años de prisión Armando Marcano, una persona cuya única responsabilidad fue haber vendido la propiedad a colombianos que huyeron de la entidad, según argumento de los pobladores y el escrito de apelación que está en el Tribunal Supremo de Justicia.

Piacoa es sólo una referencia de lo que ocurre en Delta Amacuro: la convivencia del narcotráfico bajo la mirada de las autoridades. El ex gobernador Armando Salazar llegó a esa conclusión luego de seguirle la pista al expediente de Piacoa, y a otros que envió para su análisis a la Universidad Católica Andrés Bello, y sobre los cuales obtuvo como respuesta: “Son una aberración jurídica: se sentencia a los inocentes y se libera a los culpables”.

Los fallos en el Circuito Penal del Delta Amacuro tienen un precio: “300.000 bolívares las más baratas”, señaló Salazar, al confirmar cómo el Poder Judicial regional está bajo sospecha por la liberación de supuestos narcos, ordenada desde esferas políticas y militares.

“Los tribunales están controlados por jueces militares retirados vinculados al Cartel de Los Soles que maneja jueces, fiscales y un grupo de policías que defienden el narcotráfico”, alertó.

Los últimos incidentes se resumen así: en 2010 fue descubierto un taller en el que fabricaban un “narcosubmarino”, el primero en Venezuela, por el cual detuvieron a 9 personas en Tucupita, hoy presas en Tocuyito, mientras que una pareja fue asesinada por este hecho.

Desde 2011 está detenido en la Policía Municipal de Tucupita un teniente-coronel a quien se le atribuyó el cambio de cocaína por yeso a pesar de que él no participó en el operativo y que otros oficiales admitieron los hechos, pero fueron liberados por cooperar con los tribunales.

Territorio fácil

La presencia del narcotráfico es tan significativa que el Gobierno designó a la Fuerza de Tarea Especial Antidrogas el 26 de junio. La unidad cuenta con 120 funcionarios y opera desde El Caño Mánamo.

“El Delta se presta, lamentablemente, para el tráfico ilícito de drogas”, admitió un alto oficial de la FTAE. En primer lugar, por el espacio geográfico: 3.622 caños navegables y habitables; 125 kilómetros de frontera con Guyana y 157 kilómetros con Trinidad y Tobago, además de ser la desembocadura del río Orinoco.

“El grupo especial tiene capacidad de respuesta fluvial y terrestre”, aseguró el general.

La gobernadora Lizetta Hernández no oculta el problema de las drogas y aseguró que se han ocupado, en lugar de preocuparse: “La Fuerza Especial opera en todo el oriente y el Gobierno (Ministerio de Relaciones Interiores, ONA y la FAN) articula los esfuerzos contra este flagelo. Se trabaja en labores de inteligencia con personal especializado. La solución incluye la educación y, por eso, la gobernación tiene programas de prevención en las comunidades sobre los efectos de las drogas. No es fácil porque convivimos en una sociedad de cómplices, pero tenemos fe en la justicia”.

En este momento Hernández vive una situación difícil con la inseguridad y las mafias, producto del secuestro de su padre, Simplicio Hernández, ex senador, desde el 6 de septiembre.

La acción es atribuida a las mafias carcelarias que le estarían cobrando a la mandataria la muerte del pran Dourgelis García Espinoza, de 28 años de edad, alías “el Torombolo”, ex líder del retén policial Guasina, lo que motivó que el Ministerio para el Servicio Penintenciario trasladara a cinco reclusos a otros estados, y que existan 10 detenidos por los momentos.

“La gobernadora tiene que sentir lo que es dejar huérfanos a dos niños y sin líder al grupo”, afirmó un preso en un mensaje enviado a Hernández que, en previsión, sacó del país a su hijo.

Las mafias detonaron en abril una carga de C-4 en el hospital Luis Razetti, en Tucupita, dirigida a la hermana de la gobernadora, una médico que se salvó al no estar de guardia en el lugar.

La Fiscalía confirmó la tesis de la venganza al pedirle al Tribunal de Control de Tucupita que imputara a Cenaida Espinoza, de 47 años de edad, madre de “el Torombolo”, por estar vinculado al plagio de Hernández y se espera que en las próximas horas haya más allanamientos y detenciones.

“Delta padece el flagelo de la inseguridad que se evidencia con las bandas del tráfico que pelean por el control del estado. Mensualmente mueren 41 personas y la GN no puede vigilar todos los caños; sin embargo, esperamos que el próximo Gobierno desarrolle una política de seguridad que combata este mal”, confía el candidato de la oposición a la gobernación, Arévalo Salazar.

“Cartel Bolivariano”

En cualquier ámbito de la vida deltana, sea la Fuerza de Tarea Especial Antidrogas, la dirigencia política y de seguridad policial regional o municipal, surge como responsable de los males el Cartel de los Soles, grupo que controlaría las dos fronteras del estado oriental: Trinidad y Guyana, así como el tráfico de armas, droga y gasolina.

“La FAN venezolana tienen cartel propio”, escribió el periodista Hugo Cárdenas el 23 de julio de 2007, luego que El País, de Cali, le pautó una investigación en Venezuela.

La conclusión surgió al percatarse cómo en los operativos antidrogas en Nueva Esparta, Falcón y Zulia capturaban o responsabilizaban a policías y militares.

“El Cartel de los Soles, en referencia a las insignias que portan los altos oficiales de la policía y la Guardia Nacional, o ‘el Cartel Bolivariano’, opera en el eje Arauca, Bolívar y Delta Amacuro, y ha desplazado a mentados Carteles de la Guajira y la Costa. Altos mandos militares han entregado credenciales a algunos narcotraficantes aliados para que se identifiquen como encubiertos en caso de ser sorprendidos por una fuerza ajena a la militar. Eso ocurrió en la masacre de Bejuca, en Carabobo, cuando 9 miembros del Cartel de La Guajira fueron asesinados por el Cicpc y en su poder hallaron credenciales autorizadas por el general Alexis Maneiro, ex jefe del Teatro de Operaciones N° 7, con asiento en Anzoátegui, y ex comandante de Inteligencia de la Guardia Nacional”, informó el diario.

Al Cartel de los Soles se le imputa la muerte del periodista Mauro Marcano, en septiembre de 2004, cuando denunció la unión narcotráfico, FARC y GN.

El País señala que “Marcano fue ultimado en Maturín. Ceferino García fundador del Cartel del Delta pagó 100 millones de bolívares por el asesinato de Marcano. Entre otros militares implicados figuran el coronel Juan Fabricio Tirry, ex jefe del Destacamento Nº 77 de Monagas”.

Los Datos
12 de febrero, la GN descubre un laboratorio clandestino de drogas en Piacoa, informó el Ministerio Público, al allanar el fundo Los Pilones. La finca, antes Salaminas, fue un obsequio de Simón Bolívar a los patriotas de la zona.

1° de junio detienen a Francisca Sotillo, de 66 años de edad, por distribución de crack en Tucupita. Fue condenada a cinco años y cuatro meses de prisión.

25 venezolanos están presos en Trinidad y Tobago por narcotráfico, según la prensa de esos países.

En junio de 2006 asesinan a Carolina Di Lucca, hija del ex jefe del Estado Mayor del Teatro de Operaciones N° 5, al parecer, por el Cartel del Sol, en venganza por un “tumbe” de droga.

Octubre de 2009: en el caserío Mariusa localizaron un “narcosubmarino”, fabricado con tecnología adquirida por las FARC.

Agosto de 2010: en un operativo con autoridades italianas, españolas, estadounidenses y la GN consiguieron en el Delta el mayor cargamento de droga: 10 toneladas de cocaína, de 90% de pureza.

En todo el país en el transcurso de 2012 han decomisado 24.000 kilos de diferentes tipos de droga. Han detenido a 87 jefes de organizaciones, destruidas 333 pistas no autorizadas y desmantelados 106 laboratorios.