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Mantendrán militarización en Coro, Punto Fijo y Tucacas

Las autoridades hablan de “patrullaje mixto” en la región, pues en la seguridad actúan policías y personal castrense

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En total, 710 militares han sido habilitados por las fuerzas de seguridad para mantener una vigilancia constante en 3 municipios de Falcón, debido a los altos índices de inseguridad que se han registrado en ese estado.

Reinaldo Martínez Montañés, coordinador del Comité Regional de Seguridad, dijo que aunque se haya ejecutado el cierre del Internado Judicial de Coro, la vigilancia y la militarización de las calles se mantendrán. La medida comenzó el 8 de agosto de este año para devolverle la tranquilidad a la región, aseguró.

Las autoridades no quieren hablar de militarización, sino que denominan la medida como “patrullajes mixtos”, pues funcionarios de la policía regional y municipal de Miranda y Carirubana, de la policía naval y militares continuarán apostados en las calles de Coro, Punto Fijo y Tucacas para frenar el hampa.

La decisión, tardía para algunos y oportuna para otros, deja entrever el estrés que causa en los habitantes la presencia de uniformados en las calles. Nadie aporta cifras de las personas que han caído debido al sicariato, a la delincuencia juvenil motorizada y al ajuste de cuentas en Falcón; tampoco hay datos oficiales. Sin embargo, según dirigentes políticos y diputados, como Eliézer Sirit, desde enero a septiembre de 2012 se han registrado 300 homicidios en la entidad.

Frases como “esto jamás lo habíamos visto” describen el asombro de los falconianos ante la militarización de las capitales de los municipios Miranda, Carirubana y Silva decretada por el Gobierno regional luego de la muerte de dos comerciantes el mismo día en dos localidades distintas.

La gobernadora de la entidad, Stella Lugo, dijo el 11 de octubre, cuando dio la orden de militarizar tres localidades: “Saldrán las fuerzas públicas de seguridad a la calle. Ya está bueno. No permitiremos que pequeños grupos armados ocasionen zozobra en el estado Falcón”. Lugo aspira a reelegirse para el próximo periodo gubernamental 2013-2017.

Antes y después

Los habitantes de Coro se muestran escépticos ante la presencia militar en la calle. Dulce Primera, de 61 años de edad, residente del centro de la cuidad, aseguró: “Mi Coro de hace diez años era diferente, tranquilo, sosegado; no se veían secuestros, ni vacunas. Ni los presos eran como estos de ahora; la gente entraba en la cárcel para reformarse y no para perfeccionarse en el delito”.

Consideran que no ha existido la voluntad política para resolver el problema de inseguridad en este estado occidental del país.
María Capiello, residente del sector La Negrita, en las afueras de Coro, dijo: “Ojalá que, como se acabó el problema de la vieja cárcel, no se acabe la vigilancia de las calles de Coro”.

Marianela Díaz, de La Velita, indicó que teme a los motorizados: “Ahora cuando veo venir una moto me escondo, porque no sé si vienen a matar a uno”. Sólo en la última semana de septiembre en la capital falconiana cuatro adolescentes fueron muertos por delincuentes que iban en motocicletas.

En Punto Fijo, en la península de Paraguaná, la vigilancia fue retomada el jueves pasado. Allí, uniformados de las diversas fuerzas patrullan las calles con la intención de que se reduzca la delincuencia. Sin embargo, esa misma noche un adolescente perdió la vida cuando atracaba en compañía de otro a un hombre que le disparó con una pistola de su propiedad.

La víctima del atraco es el ex juez Nagy Richianni, que actualmente está bajo la vigilancia policial por la muerte del menor de edad. Sus defensores alegan que actuó en defensa propia.

En la costa oriental del estado, específicamente en Tucacas, se reportan ataques de delincuentes a turistas que visitan el parque nacional.

Elio Pestana, presidente de la cámara de Comerciantes de Tucacas, dijo que una semana antes de la intervención de la cárcel de Coro fueron retirados los militares de la zona. Añadió que mientras estuvieron en el lugar había una sensación de seguridad en las calles que “desde hace años que no se percibía”.

El empresariado espera que se mantenga la vigilancia luego de solventado el problema del recinto penitenciario y que retornen los militares a las calles.