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Indígenas exigen cese de atropellos y destitución de Cliver Alcalá

El mayor general (Ej.) Clíver Alcalá Cordones/Foto Saúl Rondón

El mayor general (Ej.) Clíver Alcalá Cordones/Foto Saúl Rondón

Los 43 miembros de la Fuerza Armada siguen retenidos por la comunidad pemón. Permitirán que se comuniquen con sus familias

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Ayer hasta las 4:00 de la tarde 42 de los 43 militares retenidos el jueves en la mañana permanecían a manos de indígenas de la etnia pemón, en la comunidad de Urimán, municipio Gran Sabana. Sin embargo, uno de los soldados fue liberado por presentar dislocación del hombro.
El capitán general de la zona, Néstor Ramírez, informó que para ayer habían decidido desamarrar a los soldados y permitirles que se comunicaran con sus familias “para que no se preocupen”. “Ellos han comido, tomado refresco, se han bañado. No queremos que se sientan como prisioneros. Están bien. Ellos también son venezolanos como nosotros”, declaró el jefe de la comunidad.
El dirigente contó que unos viceministros –no precisó quiénes– habían estado en el lugar para intentar mediar junto al alcalde de Gran Sabana, Manuel Vallés. Sin embargo, los indígenas no cedieron en ninguna de las ocho peticiones que ayer divulgaron a través de un remitido.
Cese del hostigamiento, permiso para el desempeño de la minería a pequeña escala, liberación de los vuelos que transportan comida y combustible a las comunidades de las áreas de Gran Sabana y Canaima, así como la destitución del jefe de la Región de Defensa Integral de Guayana, Cliver Alcalá, son algunos de los ocho pedimentos para soltar a los militares.

Cierre de aeropuertos. Además de la retención de los militares, los pemones cerraron la pista de Santa Elena de Uairén a la que, desde hace unos meses, sólo llegan vuelos privados y estatales.
Ayer, casi a las 4:00 de la tarde, la comunidad de Canaima decidió sumarse a la protesta de los indígenas, por lo que impidió el aterrizaje de las únicas dos empresas, Transmandú y Tranaca, a las que se les permite volar.
El capitán Josval Simón exigió que Cliver Alcalá se acercara a la zona y el restablecimiento de la cuota mensual de 11.200 litros de gasolina para la asociación de Canaima, que funciona como la capitanía.
Entre los alegatos para la protesta, los indígenas se quejan de “la inminente, masiva e intensificada militarización de las tierras comunitarias, para cumplir con las disposiciones del decreto de explotación del oro".
Acusan al Ejército de violar el derecho de las comunidades de ser informados y consultados sobre su hábitat, recursos naturales, aprovechamiento de los recursos auríferos y propiedad de las tierras ancestrales y al general Alcalá de ordenar “explotar todos los equipos mineros bien sea de las comunidades indígenas y no indígenas y que ha retenido los transportes aéreos sospechosos, según él, de trasladar suministros mineros y narcotraficantes”.

Larga historia. El conflicto entre el Ejército y los indígenas se intensificó en el mes de enero cuando el Ejecutivo suspendió los vuelos a cada una de las comunidades de Canaima y Gran Sabana, de los que dependen para obtener alimentos, insumos básicos y herramientas para la minería.
El capitán de la comunidad Musk Pa de La Paragua, Alexis Romero, explicó que, en promedio, contaban con el servicio de 21 aeronaves que por cada viaje cobraban hasta 1.200 bolívares desde Puerto Ordaz o Ciudad Bolívar hasta el pueblo.
Con la reducción de los vuelos, sólo dos compañías prestan servicio, lo cual ha incrementado los costos en 100%.
“Los militares dicen que con estas aeronaves traemos cosas para la minería, y sí, porque de la minería es la única forma que uno puede vivir aquí”, dijo.
Urimán está ubicada al suroeste del estado Bolívar y está integrada por 13 comunidades de la etnia pemón. En total son seis sectores en los que residen 103 asociaciones indígenas organizadas.

El Dato
La última que vez que los indígenas desarmaron al Ejército fue en octubre de 2011, luego de la incursión del Plan Caura; los castrenses se encontraban, presuntamente, custodiando un yacimiento ilegal de oro.
El capitán Alexis Romero está imputado por un tribunal militar. Otros tres indígenas tienen órdenes de captura por los sucesos del 25 de octubre de 2011.

Peticiones comunidades indígenas

1.- Respeto a nuestros derechos reconocidos en la Constitución de 1999, en los documentos internacionales suscritos y ratificados válidamente por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en lo que respecta al reconocimiento formal de nuestras tierras ancestrales, obstaculizada por poderosos intereses económicos de un reducido grupo económico militar contrarrevolucionario.
2.- Respeto a nuestros territorios ancestrales y a la autonomía y libre determinación de nuestro pueblo pemón dentro de la soberanía del Estado venezolano.
3.- Nulidad del decreto que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro.
4.- Declarar al Gral. Clíver Alcalá como: a) Persona no grata y enemigo número uno del pueblo pemón, especialmente de los miembros de las comunidades aéreas. b) representante y defensor de los intereses de la extrema derecha militar racista reaccionaria burgués y enemigo del proceso revolucionario socialista liderado por el presidente Hugo Chávez Frías.
5.- Exigir la destitución inmediata de este "ciudadano" que no merece semejante cargo ni merece formar parte del Ejército Libertador ni formar parte de la unión cívico-militar propugnado por el presidente Hugo Chávez Frías.
6.- Defender nuestras tierras ancestrales y crear milicias indígenas para defender el proceso revolucionario liderado por el presidente Hugo Chávez Frías y defender nuestros territorios de intereses particulares de la cúpula de la oligarquía militar.
7.- Tomar todas las medidas necesarias para lograr nuestro objetivo.
8.- Hacer pública esta declaración a todas las instancias del Gobierno nacional, regional y local, de ser necesario a todos los organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos y de los pueblos indígenas.
En la ciudad fronteriza de Santa Elena de Uairén.