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Extorsionadores piden entre 10.000 y 60.000 bolívares a cada víctima

En el tiroteo en la pizzería Eidysmar murieron tres personas, entre ellas un niño de 3 años de edad

En el tiroteo en la pizzería Eidysmar murieron tres personas, entre ellas un niño de 3 años de edad

La comisaria Odalis Caldera recomienda a la gente no pagar. El caso de la pizzería de Los Haticos lo califica de atípico

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Las palabras extorsión y pago de vacuna retumbaron ante la opinión pública al conocerse la noticia del tiroteo ocurrido el 25 de octubre en la pizzería Eidysmar, sector Los Haticos en Maracaibo, donde murieron tres personas, entre ellas un niño de 3 años de edad.

Las autoridades se encargaron de unir las piezas del caso y después de varios interrogatorios descifraron que todo fue porque el dueño del lugar se negó a cancelar una vacuna a unos delincuentes comandados desde la cárcel de Sabaneta.

Pero, ¿es igual hablar de extorsión y pago de vacuna? La comisaria Odalis Caldera, secretaria de Seguridad y Orden Público del Zulia, aclaró que la extorsión es cuando la víctima recibe una llamada telefónica o una carta en la que le exigen determinada cantidad de dinero porque de lo contrario será asesinado o secuestrado, mientras que el pago de vacuna es como una segunda parte en la que la persona accede a la cancelación y esta, a su vez, se vuelve reiterada bien sea semanal, quincenal o mensualmente.

Un extorsionador pide entre 10.000 y 60.000 bolívares a cada víctima, según las denuncias que ha conocido el despacho de Seguridad y Orden Público, y otros departamentos encargados en la materia como la Oficina de Atención a la Víctima de Extorsión y Secuestro.

“Cuando la gente paga vacuna y la interrumpe, generalmente la secuestran o a algún familiar y al ponerse al día es cuando los liberan”, precisó Caldera, quien instó a la ciudadanía a evitar la cancelación y a denunciar.

Con el caso de la pizzería de Los Haticos es prudente pues las investigaciones no han concluido, pero lo califica de atípico porque dice que cuando se busca amedrentar a la víctima los delincuentes o enviados disparan en la madrugada, bien sea su negocio o casa; sin embargo, lo último supone más riesgo porque un tercero puede resultar herido grave o fatal, tal y como ocurrió hace dos jueves. “Esta fuera del contexto del extorsionador. Habrá que esperar”, manifestó Caldera.

Aclaró que el incremento en el número de denuncias no significa que el delito ha aumentado sino que el mensaje de orientación enviado desde los cuerpos de seguridad ha calado en el ciudadano que no quiere caer en esa trampa. Y es que desde hace algunos años ven con preocupación que no sólo el marabino sino el zuliano tiene dentro de su cultura pagar la extorsión y la vacuna, y eso es lo que quieren evitar. Por esa razón brindan todas las herramientas que tienen a disposición.

El malo

Señaló Caldera que cuando la extorsión viene por una llamada telefónica la persona se identifica como Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, Ejército de Liberación Nacional, comandante Carlos, pues la intención es generar miedo en la potencial víctima.

Desestimó los mensajes de texto que circulan con un número y una alerta de que pertenece a un pran de la Cárcel Nacional de Maracaibo, conocida como Sabaneta. También se refirió al uso de las redes sociales que aunque brindan un buen nivel de comunicación han caído en descrédito.

“Muchas cosas salen a través de ellas que no se ajustan a la realidad. Juegan con la salud mental de la gente y se prestan al descrédito. Son ideales para cosas en positivo, pero las usan en negativo”, advirtió.

Y es que no sólo el pudiente está expuesto a una situación de extorsión y pago de vacuna; también aquellos que no poseen grandes riquezas.

Operación desde cárceles

97% de las extorsiones proviene de la cárcel de Sabaneta; sin embargo, la Secretaría ha conocido casos en los que los victimarios se comunican desde penales como Tocorón, Tocuyito y La Pica. Refiere que las autoridades deben tomar cartas en el asunto, pero lo que debe evaluarse realmente son las complicidades internas y externas. Los inhibidores de telefónica celular no se aplican en la penitenciaría local y aunque había un plan del Dibise para ello nunca se concretó.

Odalis Caldera es reiterativa con su mensaje de no pagar porque después la víctima se convertirá en pagadora de vacuna y, por mucho dinero que pueda tener, llegará un momento en que no podrá cubrir la cuota. “Esto no sólo ocurre en Zulia sino en todo el ámbito nacional”, afirmó.

Pagan justos por pecadores

La explosión de una granada en la sede del Instituto Municipal de Aseo Urbano de Maracaibo, ocurrida en julio, causó cuatro personas heridas, entre ellas tres trabajadoras y un vigilante. Las cámaras captaron cuando el responsable se bajó de un automóvil, arrojó el artefacto dentro de las oficinas y se marchó. Investigaciones de prensa local y las adelantadas por los cuerpos policiales determinaron que Germán Barreno, director del organismo, había recibido unas llamadas telefónicas de unas personas, presuntamente del retén de Sabaneta, que le pedían no tocar las nóminas del IMAU ya que al parecer un dinero era destinado para ellos, pero él se negó. El jefe de la policía judicial para ese entonces, Johnny Salazar, informó que al analizar los números telefónicos los sensores se detuvieron específicamente en la cárcel de Sabaneta. Para el momento del ataque con la granada el hombre no estaba en su oficina. Posteriormente se mantuvo de bajo perfil y se negó a declarar a la prensa. Hasta el momento las averiguaciones continúan y el responsable está prófugo.

De todo tipo

La semana pasada las autoridades detuvieron a una mujer colombiana identificada como Lilibeth, de 29 años de edad, mientras cobraba un dinero cuyo origen era una extorsión a un comerciante de Maracaibo. Las investigaciones indican que pertenece a una banda dirigida por pranes de la cárcel de Sabaneta que amenaza a comerciantes y familias de atentar en contra de sus seres queridos.

“Luego de recibir la denuncia y poner en conocimiento a la Fiscalía, se planificó y ejecutó una entrega controlada”, manifestó Héctor Otalora, director de la Oficina de Operaciones de Polizulia. A la víctima en cuestión le solicitaron 20.000 bolívares para garantizar la integridad física de su familia. Otro caso que llamó la atención de la prensa local este año fue el de cuatro ex funcionarios del Cicpc que entraron a una vivienda sin orden judicial con la justificación de que poseían armas de fuego de manera ilícita. Después de eso se llevaron a un miembro de la familia y pidieron 400.000 bolívares a cambio de su liberación; sin embargo, fueron detenidos por las autoridades en una entrega controlada de dinero.

La Cifra

207 denuncias ha atendido la Oficina de Atención a la Víctima de Extorsión y Secuestro, dependiente de Polizulia, en lo que va de año. De esa cantidad 80% no se ha materializado y el resto son trabajadas en la Fiscalía. 14 personas han sido detenidas en flagrancia por el Oaves en 2012.