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Expresan preocupación por la criminalización de la protesta en Venezuela

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela expresó su rechazo y preocupación por las violaciones de los derechos de las que han sido víctimas las personas que se encontraban protestando de forma pacífica a las afueras del hotel Venetur de Porlamar

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela condena la criminalización de la protesta en el país.

La comisión expresó su rechazo y preocupación por las violaciones de los derechos de las que han sido víctimas las personas que se encontraban protestando de forma pacífica a las afueras del hotel Venetur de Porlamar.

El grupo señala que las personas fueron detenidos y procesados de forma arbitraria por manifestar pacíficamente, sin tomar en cuenta que algunos de ellos ni siquiera estuvieron presentes en la referida actividad, refieren en un comunicado.

“Nosotros, como abogados activistas de derechos humanos no podemos más que sentar nuestra firme posición al respecto (…) Coincidimos con todos aquellos que promueven un sistema de libertades, pues creemos en la protesta pacífica como uno de los pilares de la democracia. Privar a siete personas de un derecho tan importante como lo es la libertad, solo por exponer públicamente su opinión o emitir una decisión; no es más que un grave y peligroso acto de represión que implica un retroceso frente a la normativa estipulada en instrumentos internacionales y en nuestra Constitución”.

Consideran preocupante como se ha convertido en una “práctica sistemática” el utilizar las normas penales como instrumento de judicialización de las protestas.

“Instigación a delinquir, resistencia a la autoridad y asociación para delinquir, son los tipos penales imputados por el Ministerio Público y admitidos por los Tribunales para reprimir aquellas personas que tienen el derecho de exponer sus ideas”, reseñan.

Refieren que según datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, hoy son más de 3 mil, las personas a las que les han sido aplicadas medidas cautelares que les prohíben participar en este tipo de eventos por “medidas de seguridad de Estado”.

“Nosotros abogados defensores de los derechos humanos solicitamos a las autoridades competentes que pongan en libertad de forma inmediata y sin restricciones, a los ciudadanos detenidos en Porlamar, ejerciendo para ello su derecho de autonomía e independencia; teniendo siempre presente el impacto que esta decisión de privación de libertad, ocasionará sobre los ciudadanos antes mencionados, quienes al haber sido enviados al Internado Judicial José Antonio Anzoátegui, quedarán indubitablemente e injustamente".