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Desmantelados campamentos estudiantiles en Táchira

Cicpc realizó allanamientos en las residencias cercanas a la UCAT

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En asambleas de ciudadanos y estudiantes que permanecían en los campamentos de la resistencia civil por la libertad, así como personas que colaboraban con los campistas, acordaron levantar las carpas en vista de los hechos violentos registrados en Caracas.

Así, durante el jueves en la noche y hoy en la mañana, los asentamientos de San Antonio del Táchira, Táriba y San Cristóbal fueron retirados en su totalidad.

“Hacemos más en la calle que presos. No queremos que nos siembren cosas que no tenemos”, dijo uno de los civiles consultado sobre la medida.

En las cercanías de cada campamento permanecen cuadrillas antimotines de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Guardia del Pueblo. Asimismo, funcionarios de la Brigada de Acciones Especiales del Cicpc tomaron el área y cerraron el paso de la calle 11, entre carreras 14 y 15, así como entre la residencia de gobernadores y la Universidad Católica del Táchira para llevar a cabo allanamientos en residencias y comercios. Aunque hubo hermetismo de parte de los agentes, trascendió que los operativos estarían vinculados con las protestas del pasado 5 de mayo en la UCAT y por las barricadas instaladas durante los meses de febrero y marzo.

Mantienen vigilia. El movimiento estudiantil reiteró que mantendrán la vigilia en el en el Hospital Central Universitario José María Vargas de San Cristóbal hasta que se revoque la medida de privativa de libertad contra  la estudiante de la UCAT Angelly Pernía Panza. La joven presentó una afección renal luego de ser golpeada al momento de su detención el pasado 5 de mayo, tras las protestas en las cercanías de la universidad.

Por otra parte, diputados a la Asamblea Nacional por el estado Táchira conversaron con los médicos para que mediaran con los funcionarios militares que custodian a Angelly Pernía Panza y le retiren las esposas mientras llevan a cabo los exámenes, tratamiento y vigilancia médica.

“Nosotros le pedimos al defensor del pueblo en el estado Táchira que realice grandes esfuerzos para poder asegurar los derechos de los venezolanos. Los jóvenes detenidos y los liderazgos que hoy están tras las rejas, no lo están por ser terroristas o delincuentes. Están detenidos porque levantaron sus voces al ver que sus padres no tienen cómo comprar o hacer mercado. No les alcanza el sueldo para la cesta básica. Hacen todos los días un viacrucis o cola para conseguir harina, aceite o los alimentos necesarios. El gobierno debe rectificar porque todos seguirán levantando su voz”, expresó David Pernía, coordinador juvenil de Voluntad Popular ante la Defensoría del Pueblo.