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Condenadas mujeres involucradas en asesinato de niño de Guanare

Los habitantes  de la capital de Portuguesa se movilizaron durante días por el asesinato del niño en 2011 | Foto Raúl Romero / Archivo

Los habitantes de la capital de Portuguesa se movilizaron durante días por el asesinato del niño en 2011 | Foto Raúl Romero / Archivo

Las responsables del homicidio cumplirán pena en el INOF, Los Teques, y la Comunidad Penitenciaria de Coro, Falcón 

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Gellinot Rocirit González y Anney Montilla Oropeza, de 31 y 26 años de edad, respectivamente, fueron condenadas el miércoles por el Tribunal 3° de Juicio del Área Metropolitana de Caracas a 27 años de prisión por su responsabilidad en el asesinato y abuso sexual de un niño en Guanare, estado Portuguesa. Se asignaron como sitios de reclusión el Instituto de Orientación Femenina, en Los Teques, y la Comunidad Penitenciaria de Coro, en Falcón.  

La víctima, de 5 años de edad, murió el 1° de diciembre de 2011, a las 5:00 pm, en el Hospital Clínico del Este, luego de recibir continuos tratos crueles que le ocasionaron una obstrucción intestinal. El niño fue trasladado al centro asistencial, en Guanare, por Montilla, el enfermero Yure Overdan Hernández Medina y Doris Oropeza de Akel (tía de Anney), que argumentaron que se había caído de una motocicleta.

La primera autopsia demostró que el niño murió a causa de fuertes golpes, penetración anal con un objeto de forma cilíndrica y quemaduras en el entrepierna con un líquido caliente. Montilla, Hernández y Oropeza fueron detenidos de inmediato en la subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Guanare, por su presunta culpabilidad en el asesinato. 

Pocas horas después fue arrestada Valentina Oropeza, madre de Montilla, por omisión del delito; mientras que González, madre de la víctima, fue privada de libertad el 2 de diciembre, que se trasladó de Nueva Esparta a Portuguesa al enterarse del suceso.

  

Distanciados. González estuvo distanciada los últimos cuatro meses de vida del menor de sus hijos. Trabajaba en un casino en Porlamar. Desde agosto de 2011 dejó al niño de 5 años de edad en manos de Montilla –con quien mantenía una relación sentimental desde 2009, aproximadamente– que regresó a la casa de su mamá en la urbanización Los Próceres de Guanare.

“Estando mi nieto aquí (en el estado Portuguesa) con Anney, nunca logré verlo ni tener comunicación con él”, afirmó Rosa Quevedo, madre de González, según consta en el expediente judicial número 1C-6969-12-/1C-6789-11.

Pese a que Quevedo cuida desde hace años a dos de las hijas de González, no le permitieron hacerse cargo del niño. Ayer en la mañana estaba conmovida por la decisión de los tribunales: “Ella no fue la asesina de mi nieto. Siempre le dije que admitiera su culpa por no haberlo cuidado”.  

La víctima pocas veces fue expuesto en sitios públicos y registró escasas asistencias a las escuelas. En el colegio Bautista Sinaí en Guanare, en el que fue inscrito por Montilla, apenas acudió entre el 3 y el 18 de octubre, pero luego no regresó por una lesión en una mano. Valentina Oropeza, que trabajaba en la institución, dio fe de que estaba en buen estado.   

Pero los antecedentes de maltratos comenzaron en 2010. Jairo Marcano, defensor del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente del municipio Mariño (Nueva Esparta), señaló –en una entrevista en febrero de 2012– que en una ocasión visitó a las mujeres para constatar una denuncia de maltrato contra la víctima presentada por docentes del Centro de Educación Inicial Papagayo, en Porlamar.

“Se tardaron mucho en abrir la puerta del anexo, en el que vivían. Observé a una de las mujeres (Montilla) en ropa interior y la otra (González) con el rimel de los ojos corrido. El niño jugaba, pero al acercarme a él noté que tenía una quemadura, parecida a la que se puede hacer con la punta de una plancha caliente, en la mejilla derecha. Al preguntarle a la mamá, Gellinot, sobre algunos maltratos, dijo que había sido ‘el padrastro’, árabe, que estaba de viaje, y prometió dejarlo”, dijo Marcano.  

Las mujeres mintieron a las autoridades. En una entrevista, hecha el 1° de octubre en la Comunidad Penitenciaría de Coro, González confesó que sentía vergüenza de admitir su bisexualidad. Agregó que Montilla era agresiva con ella y su hijo luego del primer año de relación: “Él era grande y gordito, pero de mal comer. Anney siempre lo obligaba a comer. A mí también me golpeó varias veces”.

Un episodio violento fue público en el restaurante El Caney de Felo en Porlamar, en 2010. Montilla, que estaba acompañada de una amiga, empujó la cabeza del niño sobre un tenedor, ocasionándole la pérdida de un diente y lesiones en el labio superior. En una de la serie de fotografías expuestas como evidencias en los expedientes judiciales se muestra a la víctima vestido con pijama en la playa. Los detectives presumieron que se intentó ocultar los moretones ocasionados por los golpes.


Responsabilidades. Montilla fue acusada por ser la autora material de abuso sexual con penetración, homicidio intencional a título de dolo eventual, lesiones graves, antiguas y recientes, además de trato cruel contra el niño; mientras que a González se le imputó por los referidos delitos en grado de omisión.

Las mujeres nunca admitieron su responsabilidad en el homicidio y en tratos crueles en los tribunales. Pese a que al principio contaban con abogados privados, supuestamente pagados por el ex esposo de Doris Oropeza, en las últimas sesiones del proceso judicial fueron asistidas por defensa pública.

Doris Oropeza y Hernández fueron los primeros en admitir los cargos de encubrimiento, homicidio intencional a título de dolo eventual y abuso sexual; además de cómplice simple en lesiones graves antiguas y trato cruel. Ambos fueron condenados a cumplir prisión menor a los cinco años.

Luego, Valentina Oropeza admitió su responsabilidad por omisión de los delitos de trato cruel y lesiones graves antiguas. Cumple condena en la cárcel de Coro, a la que fue trasladada su hija. 


Sanción benévola 

Daniel España


Para el abogado Cergio Cuevas, representante de la Federación de Colegios de Abogados en Guanare en materia de Derechos Humanos, se hizo justicia. 

“Este debe ser un precedente para los maltratadores de niños, ya que la impunidad no prevaleció”, sostuvo. 

El crimen generó una reacción abrupta en Guanare apenas se conoció a través de las redes sociales. La primera reacción implicó una marcha el 4 de diciembre desde la sede de la Alcaldía de Guanare hasta la plaza Bolívar exigiendo justicia; en esa fecha fue la presentación de los implicados ante el tribunal de control.

La tensión en la ciudad se mantuvo por más de ocho días, dado que la audiencia de presentación de los implicados se pospuso dos días, y se continuó, por medidas de seguridad, no en el Palacio de Justicia, sino en la sede de la comandancia de la policía del estado, donde les dictaron privativa de libertad.