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Comunidades cerraron vías en 3 estados por servicios deficientes

El cierre de vías por protestas se ha convertido en una situación cotidiana de ciudades como Valencia o Cumaná / Tibisay Romero

El cierre de vías por protestas se ha convertido en una situación cotidiana de ciudades como Valencia o Cumaná / Tibisay Romero

6 manifestaciones trancaron la Troncal 9 en Sucre y otras 3 paralizaron el tránsito de Valencia

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Un total de seis protestas por constantes apagones, cloacas y deterioro de la vialidad colapsaron la Troncal 9 en la vía Carúpano-Cumaná desde ayer temprano en la mañana.

Dencis Pazos, diputado al Consejo Legislativo, dijo que en la Troncal 9 hay una protesta al día por los malos servicios públicos y los constantes apagones. “Si uno va a ir a Cumaná no puede hacer una programación porque siempre hay trancas”, aseguró.

Habitantes de Carúpano en Bermúdez, Cariaco en Ribero, Marigüitar en Bolívar y San Antonio del Golfo en Mejía cerraron la vía con cauchos quemados y objetos. Se atravesaron en medio ayer desde las 6:00 am hasta el mediodía.

Los habitantes del sector Pericantar en Cariaco, municipio Ribero, trancaron la vía hasta después del mediodía por los constantes apagones en esa población. En Mejía los habitantes trancaron la carretera Carúpano-Cumaná por el colapso del pozo séptico en la Escuela de Petare, localizada en San Antonio del Golfo. Los habitantes de Marigüitar obstaculizaron el tránsito por el mal estado de la vialidad en Bolívar, donde ocurren accidentes casi a diario.

En la Gran Valencia

Tres protestas ocurrieron ayer en la mañana en igual número de zonas de la Gran Valencia y ocasionaron extensas colas. A primeras horas, un grupo de vecinos y transportistas que cubren la ruta hacia Las Trincheras en Naguanagua, cerraron la autopista Valencia-Puerto Cabello en ambos sentidos.

También hicieron lo mismo con las dos vías de la Carretera Nacional que comunica a ambas ciudades. Explicaron que la manifestación se debía al mal estado de las vías. Se quejaron de las condiciones deficientes de la Unidad Educativa Cayaurima y de la inseguridad en el lugar.
Protestaron por más de cinco horas hasta que la Guardia Nacional logró dispersar a los manifestantes.

En otra protesta, vendedores del Mercado de Mayoristas cerraron por media hora aproximadamente la autopista del Sur que comunica a Campo de Carabobo con Valencia. Informaron que reclaman para llamar la atención de las autoridades por la inseguridad que padecen a diario.

Por último, un grupo de trabajadores de la empresa Alucasa trancaron la autopista Regional del Centro, sector Negro Primero de Guacara, por el retardo en la firma del contrato colectivo y otras reivindicaciones laborales.

13.000 protestan en Trujillo

Docentes trujillanos, activos, jubilados y pensionados dependientes del Estado, se apostaron en las calles para exigirle al gobernador Hugo Cabezas que se les cancele el aumento de 63%, que se comprometió a pagar y no ha materializado.

En el municipio Trujillo también se llevó a cabo otra protesta en las instalaciones de la Zona Educativa, donde Daniel Briceño, miembro del Frente Socialista de Patrulleros Desempleados, expresó que exigen justicia social para quienes claman por un cargo de docente, obrero o administrativo dependientes de la nación. “Nosotros manejamos la información de que llegaron más de 4.000 cargos. Exigimos a la jefa de la zona respuesta inmediata”, afirmó.

Daniel España

Los habitantes del sector Miraflores, localizado en el municipio Araure, cumplieron ayer dos días de protesta enérgica con el cierre de la avenida Páez, debido a lo que consideran como la actuación ineficaz del órgano estadal de la vivienda en Portuguesa, que dirige el coronel Rubén Pierla.
Los vecinos trancaron la arteria vial con palos, piedra y cauchos encendidos, pues aseguran que llevan 6 años esperando la respuesta gubernamental sobre la construcción de las casas, que primero les aprobaron 60, porque no había recursos para las 118 que se iban a construir al principio, y ahora les están diciendo que sólo podrán edificar 48, situación que no consideran justa porque, indicaron, necesitan una residencia.

Foto: Tibisay Romero