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Colegio de Abogados de Carabobo lamenta muerte de Génesis Carmona

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El Colegio de Abogados del Estado Carabobo refiere en un comunicado que lamenta "todos y cada uno de los heridos" en las manifestaciones realizadas por los estudiantes.

Expresaron su palabra de solidaridad para con ellos, y nos unimos al luto que embarga a la comunidad universitaria carabobeña por el fallecimiento de la estudiante Génesis Carmona.

A continuación el comunicado completo:

El Colegio de Abogados del Estado Carabobo ante los hechos acontecidos en los últimos días en la ciudad de Valencia y todo el territorio nacional, invita a la paz que el país tanto necesita.

Lamenta todos y cada uno de los heridos en las manifestaciones legítimas realizadas por los estudiantes ante los graves problemas que padece nuestro país, expresando nuestra palabra de solidaridad para con ellos, y nos unimos al luto que embarga a la comunidad universitaria carabobeña por el fallecimiento de la estudiante Génesis Carmona, extendiendo las más sentidas condolencias a sus familiares y amigos.

Hacemos un llamado a la reflexión de toda la ciudadanía. Pedimos calma en las manifestaciones pacíficas haciendo uso del
derecho consagrado en nuestra Constitución y exigimos a los cuerpos de seguridad del Estado, el respeto de los derechos que cada ciudadano ti
ene de manifestar pacíficamente, con las ideologías que cada uno profesa y defiende.

Las manifestaciones pacíficas han sido brutalmente reprimidas por los organismos de seguridad del Estado, amén de ser agredidos por grupos armados ilegalmente y que actúan bajo la mirada complaciente de las autoridades estatales.

Como institución garantista de la justicia, y en nues tros compromiso de responsabilidad social tenemos el deber de fijar posición y denunciar la violación de derechos fundamentales de las decenas de jóvenes detenidos durante los últimos días en el estado Carabobo, y en especial
el de los 11 jóvenes estudiantes detenidos el pasado miércoles 12 de febrero, Día de la Juventud, durante las manifestaciones estudiantiles,
donde fueron objeto por parte de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana de violencia física y psicológica, torturas, y golpes en cada uno de los sitios donde fueron trasladados, pero además causándoles no solo daños a sus vehículos, sino la pérdida de los mismos, dado que fueron quemados y hurtadas sus pertenencias.

Denunciamos que durante el proceso penal llevado al efecto, se viola ron los derechos y principios constitucionales. Se subvirtió el orden procesal, violentó la formalidad del acto y vulneró flagrantemente el debido proceso, en cuanto a que se realizó la audiencia de presentación a cargo del Tribunal Sexto de Control y la F iscalía Sexta Auxiliar, el día 15 de febrero de 2014, en la sede del Comando Sur de la Guardia Nacional, y no en el recinto judicial, situación ésta irregular e ilegal.

Denunciamos que se irrespetó la defensa constituida por abogados del Foro Penal Carabobeño, Colegio de Abogados del Estado Carabobo, Universidad de Carabobo y defensa privada, luego de mantenerlos retenidos en la garita de la sede del Comando Sur durante más de 4 horas, no permitiéndoles el ingreso a las instalaciones donde se celebraría la audiencia de presentación.

Denunciamos que se imputaron a los jóvenes inicialmente los siguientes delitos: DAÑOS VIOLENTOS A LA PROPIEDAD,OBSTACULIZACIÓN VIA PUBLICA ENCABEZAMIENTO, USO DE ADOLESCENTE PARA DELINQUIR; sin embargo, y luego de una llamada telefónica a la Fiscalía, se mo dificó la imputación de los delitos, adicionándole la INTIMIDACION PUBLICA, ASOCIACION PARA DELINQUIR, así como solicitud de medidas cautelares de arresto domiciliario contra unos y medida cautelar de presentación, prohibición de salida del país, prohibición de manifestar y concurrir a reuniones públicas para otros, calificaciones estas discriminatorias a los jóvenes.

Denunciamos que a pesar de solicitarla designación de otro órgano investigador para buscar la verdad verdadera e instar al Ministerio Púb
lico a la apertura de una investigación a los funcionarios actuantes del procedimiento y solicitar la presencia de la Fiscalía en derechos fundamentales, no obtuvimos ningún pronunciamiento al respecto por parte del Tribunal actuante.

Los maltratos sufridos por los jóvenes, fueron denunciados durante el desarrollo de la audiencia por ellos, quienes acogiéndose al precepto constitucional quisieron declarar. Todos señalaron que al llegar al comando los mantuvieron por más de 5 horas arrodillados y con la
cabeza hacia abajo y cada vez que llegaba un guardia los golpeaban con patadas, casco y pasaban motos sobre ellos; fueron sometidos a torturas y maltratos tanto físicos como verbales por parte de funcionarios dela Guardia Nacional durante todo el tiempo que permanecieron detenidos en la sede del Comando Sur, y para demostrarlo se despojaron durante la audiencia de su franela para mostrar a los presentes los hematomas y laceraciones que cubrían gran parte de su cuerpo. De igual forma, declararon estar sufriendo fuertes dolores abdominales, de cabeza, mareos, dolores intercostales y cefalea debido a las múltiples laceraciones en su cuero cabelludo. La defensa solicitó al tribunal dejar expresa constancia de las lesiones visibles con tomas fotográficas, pero esta solicitud fue negada.

Denunciamos que a los jóvenes detenidos por la Guardia Nacional Bolivariana se les negó asistencia médica inmediata, a pesar de presentar signos evidentes de maltrato físico que inclusive dificultaban su desplazamiento.

El Tribunal se limitó a ordenar la práctica de una experticia médico forense que por razones obvias, no se efectuaría en las próximas horas a la audiencia, en todo caso sería en días siguientes; y como si esto fuera poco, se cambió el contenido del acta levantada con motivo de la celebración de la audiencia de presentación, colocándose expresiones, frases y argumentos que no habían sido manifestados por la representación fiscal, tanto en la oportunidad de realizar la imputación, como las expuestas en el ejercicio del irrito derecho de palabra que le fue concedido en la audiencia.

De igual manera denunciamos la detención ilegal de la colega Daniela Marisela Rodríguez Alvarado, durante audiencia celebrada en defensa de un estudiante detenido en Puerto Cabello, a quien se le acusa de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, TERRORISMO, INCITACIÓN AL ODIO Y DAÑOS AL PATRIMONIO PÚBLICO, sin contar siquiera con elementos de convicción suficientes para tales delitos. La abogada fue privada de su libertad por 3 días, incomunicada, despojada de sus celulares, carnet del Colegio de Abogados e Inpreabogado, le impidieron el acceso a abogado defensor y le imputaron el delito de ULTRAJE VIOLENTO CONTRA FUNCIONARIO PUBLICO, basándose en delitos derogados en el año 2008. Solo obtuvo su libertad al presentar un fiador y continúa su proceso viciado en sus actas, con actuaciones dirigidas y controladas por las misma Fiscalía denunciante.

Ante todos estos hechos, el Colegio de Abogados del estado Carabobo, denuncia de manera contundente la violación a los derechos humanos de todos estos ciudadanos, derechos y principios constitucionales, el orden procesal, y con ello, la violación flagrante del debido proceso y exi
ge al Ministerio Publico y Tribunales de la República la restitución del estado de derecho consagrado en la Constitución.

En este contexto exigimos que se realicen de manera objetiva e imparcial las investigaciones de los hechos de violencia, que ocasionaron pérdidas de vidas, heridos y torturados, en las cuales están involucrados funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y grupos armados al margen de la Ley. Recordamos a los órganos jurisdiccionales que están expuestos a un amplio orden de responsabilidades en el desempeño de la función judicial y que al infringir reglas de conducta que afectan bienes jurídicamente tutelados, se origina un deber genérico de responsabilidad, que en los hechos anteriormente denunciados ha quedado evidenciado. Las garantías procesales, representan el modo de cumplir con los principios de seguridad jurídica, de igualdad ante la Ley y de equidad para asegurar la garantía general del debido proceso, de manera tal que se pueda evitar que el Estado en ejercicio de su poder punitivo, avasalle o menoscabe los derechos fundamentales de sus habitantes.

El Colegio de Abogados del Estado Carabobo ratifica su compromiso de defender la justicia y el estado de derecho, y en el marco de la responsabilidad social prestar asistencia jurídica gratuita a la comunidad estudiantil y ciudadanía ante todos estos hechos violatorios de la
Constitución.

Por la Junta Directiva del Colegio de Abogados del Estado Carabobo;
Abog. Nelson Riedi Cabello
Presidente