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En el valle de Atamo le piden al INTI sus tierras

terrenos que fueron declarados por el INTI como tierras ociosas en el área de Atamo Norte en la Isla de Margarita | ALEXYS VIVAS

terrenos que fueron declarados por el INTI como tierras ociosas en el área de Atamo Norte en la Isla de Margarita | ALEXYS VIVAS

Aseguran que toda construcción, independientemente de su antigüedad, será considerada solamente como bienhechurías. En peligro también las obras realizadas por la gobernación y las alcaldías

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Desde que el Instituto Nacional de Tierras, a solicitud de la oficina en Nueva Esparta mediante un acto administrativo del 23 de marzo de 2010, declaró tierras ociosas e incultas 521 hectáreas que comprenden la poligonal del valle de Atamo y Guacuco, la vida cambió para las 4.500 familias que residen en el lugar.

Federico Black Llamozas, habitante de la poligonal, señaló que exigen anular la decisión porque afecta a los habitantes de las comunidades Atamo Norte, Atamo Sur, Chinguirito, Sabana de Guacuco, Catalán, Los Cerritos, El Hato, Camoruco, Yaque Alto y Palo Sano, en los municipios Maneiro y Arismendi.

Los voceros del grupo de las comunidades afectadas alegan que el INTI, sin juicio previo ni notificación, y negándoles el derecho a la defensa, inició un procedimiento de rescate sobre las tierras donde están sus hogares o son sus medios de producción, que fueron construidos legalmente y con la titularidad soportada en documentos de propiedad registrados y una cadena de tracto sucesivo de más de 100 años.

El instituto decretó una medida cautelar de aseguramiento de la tierra, lo cual les impide cualquier operación en las oficinas de registro subalterno de los dos municipios involucrados en el litigio. “Con esa decisión hemos sido despojados del legítimo derecho de disposición de nuestras propiedades, que son asiento de la vivienda principal, violando el artículo 115 de la Constitución, que garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes”, señaló Black Llamozas.


Bienhechurías solamente. Jesús Morón, uno de los primeros pobladores de las tierras afectadas, dijo que con la decisión del INTI, toda construcción, independientemente de su antigüedad, será considerada como bienhechurías.

Indicó que la situación no solamente ha afectado las viviendas sino también todas las obras de infraestructura que las alcaldías de los dos municipios, la gobernación y los entes centralizados han desarrollado para dotar a los vecinos de una mejor calidad de vida: “De ser legítimos y propietarios documentados pasamos a ser considerados ocupantes. Nos robaron nuestra propiedad, nuestros sueños, nuestro futuro”.


Seis jueces. Los habitantes aseguran que el Gobierno los ha obligado a comparecer en la oficina del INTI en la entidad, previa elaboración de un expediente detallado, mediante el cual prueben su calidad de propietarios y oponerse a la medida. “Esto lo hemos cumplido y en tres años no hemos obtenido respuesta del INTI en Nueva Esparta ni de la sede principal”, dijo Daniel González, vecino de Camoruco.

Indican que para preservar sus derechos subjetivos e intereses legítimos y personales sobre las viviendas se vieron obligados a interponer un recurso contencioso administrativo de nulidad ante el Juzgado Superior Agrario de Maturín. Eso les acarrea un alto costo en pago de abogados, costos procesales ya que los juristas deben trasladarse con frecuencia a Maturín para sustentar el expediente en el cual demandan al Estado.

Aseguró que durante esos tres años han sido cambiados seis jueces que conocían la causa, lo que aumenta la incertidumbre y aleja una decisión firme sobre el caso.


El Dato

Pretensiones difíciles. Las comunidades de la poligonal del valle de Atamo y Guacuco

señalaron que quieren invitar a Nicolás Maduro durante su visita a Margarita para el Gobierno de calle a recorrer la zona para que visite las comunidades y ordene la anulación del acto administrativo del 23 de marzo de 2010.


Las Cifras

521 hectáreas fueron declaradas ociosas e incultas por el INTI.

100 años de cadena de titularidad demostrable señalan los vecinos en su defensa.