• Caracas (Venezuela)

Regiones

Al instante

Allanamientos se suman a la escalada represiva

Marino Alvarado, coordinador de la ONG Provea, indicó que la novedad es que las personas ahora son detenidas después de hechas las protestas

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

Los allanamientos y las detenciones sin orden judicial constituyen un paso adelante en la criminalización de la protesta como política de Estado. En ello coinciden los defensores de derechos humanos Marino Alvarado (Provea), Gonzalo Himiob (Foro Penal Venezolano) y Tamara Suju (Nueva Conciencia Nacional) al referirse a las acciones contra manifestantes en los estados Táchira y Mérida, ejecutadas por los cuerpos de seguridad, fiscales y jueces.

“La novedad es que las personas no son detenidas durante la realización de las protestas, sino posteriormente. Se presume que existe un trabajo de inteligencia y contrainteligencia que, en el caso de Táchira, quedó en evidencia cuando el gobernador José Vielma Mora anunció ante los medios de comunicación que tenía plenamente identificados, inclusive fotografiados, a los que pretendían, según él, la desestabilización política del país”, indicó Alvarado.

Marino Alvarado recordó que inicialmente los manifestantes eran sometidos a procesos penales, pero en libertad, y que generalmente quedaban sometidos a presentación periódica ante los tribunales y a prohibición de salida de la respectiva jurisdicción. Posteriormente, agregó, se elaboraron leyes para menoscabar el derecho constitucional a la manifestación pacífica, entre ellas, la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo a la cual se incorporó el delito asociación para delinquir que, por su gravedad, no admite libertad condicional.

“Es un delito que se usa como comodín contra todo el que protesta en el país”, indicó Suju. Dijo que es de suma gravedad que el juez Richard Cañas se haya constituido en una instalación militar en Táchira.

“Los organismos del Estado se han orquestado. Los policías y militares detienen ilegalmente a las personas. Luego dicen que los invitaron a declarar, y al final aparece un juez que decreta su detención judicial y los envía a prisión”, insistió Suju.

Himiob aseguró que ninguno de los procedimientos realizados en Táchira y Mérida están avalados por órdenes judiciales: “Si existiera Estado de Derecho en el país todos esos procedimientos deberían ser declarados nulos por violación del debido proceso”.