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Abren proceso a Instituto de Vivienda en municipio de Táchira por presunta estafa inmobiliaria

El expediente será remitido al Ministerio de Vivienda y Hábitat para que este organismo evalúe si los casos corresponden a una estafa inmobiliaria, y en caso de ser positivo, se tomen las medidas correspondientes a fin de dar respuestas a los afectados

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Después de recibir 59 denuncias por incumplimiento en la ejecución y entrega de dos proyectos habitacionales a cargo del Instituto Municipal de la Vivienda de Córdoba, el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) abrió un proceso administrativo para investigar el caso y dar respuesta a los afectados.

El organismo, dependiente de la alcaldía de derecha dirigida por Vilma Vivas, realizó dos ofertas habitacionales en el año 2009: el complejo denominado La Montañita, compuesto por 174 casas, y la urbanización Prados de Santa Ana, donde se ofrecieron 247 apartamentos, explicó el director regional de Indepabis, Luis Chapeta.

"Después de casi tres años, la alcaldesa viene a darse cuenta que el terreno para el primer complejo no es apto para construir viviendas, lo que ha generado que las personas que cancelaron para comprar el terreno y optar a las casas, estén a la espera de que su dinero les sea devuelto", apuntó.

Con respecto al otro complejo habitacional, Chapeta indicó que el contrato establece que la alcaldía entregaría los apartamentos en 18 meses, además de venderlos a un precio aproximado de 175 mil bolívares.

"La alcaldía aún no ha cumplido con la ejecución, y actualmente apareció un nuevo contrato de una empresa privada que asumirá la construcción; sin embargo, las personas que quieran el apartamento deben cancelarlos en 375 mil bolívares, un aumento superior al 100% del precio inicial", precisó.

Chapeta resaltó que el contrato también reseña que se cobrará el Índice de Precios al Consumidor (IPC), cuando por Ley está prohibido, además de tener cláusulas que indican que la municipalidad tienen derecho a quedarse con el 10% del dinero entregado si la persona no cumple con los pagos a tiempo, pero no tiene ningún tipo de sanción en caso de incumplimiento de la alcaldía.

"Después de llevar a cabo 11 actos conciliatorios donde se le dio la posibilidad a la alcaldía para devolver el dinero a los denunciantes, se abrió un proceso administrativo y deberán pagar una multa de 1.000 unidades tributarias", acotó.

El vocero regional destacó que el expediente será remitido al Ministerio de Vivienda y Hábitat para que este organismo evalúe si los casos corresponden a una estafa inmobiliaria, y en caso de ser positivo, se tomen las medidas correspondientes a fin de dar respuestas a los afectados.