• Caracas (Venezuela)

Raúl Fuentes

Al instante

Efervescencia comunitaria

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El 11 de abril de 1953, una Asamblea Constituyente espuria, producto del fraude electoral perpetrado el 30 de noviembre del año anterior, por una junta militar presidida nominalmente por un fantoche civil que avergonzó a la generación de 1928, fue aprobada una Constitución en la cual se enterraba el Estado federal por el que sangraron, sufrieron y lloraron millares de venezolanos. La nueva carta magna contenía una disposición transitoria que establecía el cambio de nombre de Estados Unidos de Venezuela al de República de Venezuela, un formulismo que también sepultaba las aspiraciones regionales de regirse con un cierto grado de autonomía, aspiraciones que años después fueron satisfechas, en cierta medida, por el proceso descentralizador diseñado, a partir de 1989, por la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copre), cuyo cenit lo constituyeron la elección directa de alcaldes y gobernadores y el traspaso de competencias y servicios a sus jurisdicciones, y prefiguraba el inicio de una nueva y auspiciosa etapa del devenir democrático de la nación, frustrada por la desafortunada convergencia de notables, fariseos, golpismo y antipolítica que derivó en el advenimiento del populismo soldadesco liderado por Hugo Chávez.

No tan fraudulenta como la de 1953, pero sí írrita –fue refrendada con un porcentaje de abstención que superaba 60%,–, la Constitución de 1999 se redactó para complacer a un caporal que, rebuscando en el basurero de la historia, se hizo de ideas desechadas por su caducidad, su inviabilidad y, sobre todo, su incompatibilidad con la modernidad. A la larga, el  estatuto fundacional de la quinta república le quedó chiquito; y, como no podía violar un  texto cuya redacción aupó, convocó a una consulta plebiscitaria a fin de  reformarlo y salió con las tablas en la cabeza; sin embargo, valido de una  fullera habilitación, logró retorcer el espíritu de las leyes a objeto de impulsar un anacrónico modelo de organización social que le pudiese garantizar a él y a sus herederos gobernar ad infinitum un reino similar al milenario Reich soñado por Hitler, sin tener que someterse a votaciones que pudiesen serles contrarias a sus planes

Al régimen militar bolivariano no le ha bastado con desmantelar y renombrar las instituciones, siguiendo el ejemplo de Pérez Jiménez y despreciando la experiencia civilista de lo que despectivamente llama “cuarta república”, sino que, al margen de lo constitucionalmente permitido, está más que dispuesto a instaurar, contra viento y marea y a espaldas de más de la mitad de los venezolanos, un Estado comunal excluyente en el que gobernadores, alcaldes y órganos deliberantes locales y regionales serían sustituidos por consejos conformados a dedo por el jefe de turno, en los que las decisiones se tomarían, a mano alzada, con la señal de costumbre, en tumultuarias asambleas de anarquía fríamente calculada y controlada.

Dirigido a liquidar de una vez por todas los remanentes de la descentralización, la “revolución en la revolución” cuenta con recursos, infraestructura y promotores para instrumentar  la dogmática convicción madurista que anima la efervescencia comunitaria, según la cual “el socialismo territorial debe incluir la felicidad integral de las personas; es la felicidad hecha comunidad, hecha ser humano”; un cantinflérico rosario de  pamplinas que muy poco significa, pero que encubre (y mucho) la soterrada intención de poner fin al sufragio como medio de hacer valer la voz y voluntad del soberano; y, aunque parezca discordante, este segundo aliento que se le ha insuflado al proyecto chavista  no es en realidad sino el inicio en regla de una campaña que apunta a las elecciones parlamentarias, lo cual debería alertar a una oposición atrapada en contradicciones, cuyos voceros, los partidos, no pueden seguir perdiendo tiempo discutiendo y rebatiendo lo que no es ni puede ser cosa distinta a una instancia de negociación y acomodos electorales como la MUD, y mucho menos con dimes y diretes que potencian el escepticismo de quienes, desde su independencia política, aguardan por definiciones que aviven sus esperanzas de futuro.

Los congresillos de jóvenes, mujeres, campesinos, pescadores, afrodescendientes indígenas y hasta indigentes celebrados tras la fachada comunera para decidir cómo y quiénes serán los aspirantes rojos a la Asamblea Nacional deberían ser enfrentados con un pronunciamiento contundente, agresivo y convincente contra las pretensiones oficialistas de transformar al Estado porque se quiere y puede, sin importar el sentir de las mayorías. Ello reclama celeridad en la toma de decisiones de orden programático y la postulación de candidatos con poder de convocatoria. De lo contrario, se estará corriendo el riesgo de tropezar, por enésima vez, con la piedra de la derrota, mientras las huestes del PSUV ofician los funerales del Estado democrático y su base de sustentación, el voto, directo, secreto y universal.