• Caracas (Venezuela)

Ramón Escovar León

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Ramón Escovar León

La reforma del Código de Procedimiento Civil

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El Tribunal Supremo de Justicia consignó ante la Asamblea Nacional un proyecto de reforma del Código de Procedimiento Civil, CPC, del año 1987. Dicha reforma presenta la oralidad como su pilar fundamental, al tiempo que no se sabe quiénes son los redactores ni cuáles fueron las discusiones que se llevaron a cabo. Los redactores del código de 1987 sí fueron conocidos desde el primer día y la comisión estuvo integrada por juristas reconocidos como Arístides Rengel Romberg, José Andrés Fuenmayor, Leopoldo Márquez Áñez y Luis Mauri, quienes la compartieron con los sectores profesionales, gremiales y académicos. Valiosas reflexiones quedaron registradas en las conferencias dictadas en la Academia de Ciencias Políticas entre el 11 de marzo y 7 de mayo de 1986. Así surgió un consenso sobre el proyecto presentado.

En esta etapa del socialismo revolucionario, tenemos la experiencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que también fue –bueno es reconocerlo– discutida con amplitud. En esa oportunidad no operó la aplanadora excluyente sino la consulta y la apertura. Y eso se debió a que la reforma procesal laboral fue impulsada, al alimón, por chavistas y no chavistas. Cabe recordar a los magistrados Alberto Martini Urdaneta, Alfonso Valbuena, Omar Mora y Juan Rafael Perdomo, los dos primeros ligados a la oposición; y al chavismo los dos últimos. En aquella ocasión los patrocinadores de la reforma salieron a la palestra pública a exponer sus planteamientos y a discutirlos con los miembros de la comunidad jurídica. Los resultados están a la vista. Tenemos un modelo procesal laboral que ha permitido hacer los juicios más cortos y deslastrados de formalismos inútiles.

Con el proyecto de reforma del CPC que nos ocupa, la situación es distinta. Además de que no se sabe quiénes son los redactores y cuál su experiencia en la materia, se ha presentado a la Asamblea Nacional y es esta institución, altamente politizada, la que anuncia que hará la consulta pública sobre la reforma. Se advierte un alto riesgo de que se pretenda hacer demagogia con este tema, como se evidencia de las declaraciones de un parlamentario que anunció que se consultaría al pueblo. Y ya sabemos la noción de pueblo que tienen los militaristas. Para imprimirle seriedad a la discusión, la Universidad Católica Andrés Bello tiene programadas unas conferencias para discutir este proyecto a partir del miércoles 26 de noviembre. Están invitados a participar magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y parlamentarios para que, junto con profesores universitarios, se expongan los distintos puntos de vista. Lo mismo hará la Academia de Ciencias Políticas y Sociales a comienzos del próximo año. 

Siendo así el asunto, voy a referirme a algunos aspectos que merecen serena discusión. En efecto, el proyecto establece el juicio oral de acuerdo con el modelo de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Ahora bien, para que este traslado de artículos genere el mismo resultado se requieren varios cambios. No se puede pensar que la oralidad eliminará por completo la escritura. La demanda, la contestación, la fundamentación de los recursos y la sentencia se hacen por escrito. La oralidad, además, requiere un cambio fundamental en los esquemas de razonamiento jurídico que se enseñan en nuestras escuelas de Derecho. En el foro venezolano se ha pensado tradicionalmente que el razonamiento jurídico es deductivo y que la sentencia siempre corresponde a un silogismo. A esto se añade la enseñanza exegética que se ha hecho costumbre en algunas áreas del derecho. En el modelo oral, el razonamiento es en primer lugar inductivo y solo en un segundo paso opera la deducción. Por eso la reforma obliga a un cambio de paradigma en el esquema del procesalismo venezolano clásico. Esto impone una revisión curricular y del método de enseñanza del derecho. Hay que abandonar la memorización, el caletre y los sistemas de evaluación que obligan al estudiante a repetir de memoria solo lo que el profesor dice en sus clases. Hay que implantar de una vez el método del caso que tenga por objetivo el desarrollo de una mente jurídica analítica que permita al abogado zafarse del formalismo jurídico más atrasado. La reforma procesal no es suficiente si no se acompaña con este cambio de paradigma.

Por otra parte, el proyecto es inconsistente en la regulación del recurso de casación. Según la exposición de motivos, el nuevo modelo busca un juicio breve, oral y sin formalismos. Pero con el recurso de casación ocurre todo lo contrario. En verdad, la casación de derecho que ha imperado en la casación civil venezolana ha sido formalista y burocrática y ha sido un obstáculo en la evolución de la ciencia jurídica venezolana. Además, ha patrocinado lo que se llama la casación múltiple que implica que cada vez que la Sala de Casación Civil anula una sentencia por contener errores de forma o fondo, envía la causa a otro tribunal para que vuelva a sentenciar. Esto ha permitido que los litigios se hagan interminables, lo que entraña una burla a la seriedad de la justicia. Pues bien, el modelo que se presenta consagra esta modalidad de casación múltiple que es perversa e inconstitucional.

También defiende el proyecto que nos ocupa el cuestionado modelo del silogismo y mantiene la estructura de errores de la sentencia que hace más enredado el ejercicio del derecho, en lugar de tomar el esquema más sencillo recogido en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En este sentido hay una norma del proyecto que merece atención especial. Se trata del artículo 315 cuya redacción está reñida con el principio de la sencillez y claridad que deben caracterizar las normas de un código. De ser aprobada esta norma, la casación civil venezolana habrá dado un salto en el vacío, lo que hará que los juicios se extiendan indefinidamente en el tiempo. Por eso es recomendable que se acoja sin complejos el sistema de casación de instancia que ha consagrado la casación laboral venezolana. Son muchas las áreas que hay que discutir y que escapan de las breves dimensiones de un artículo. Por eso es necesario abrir el debate y evitar la politización de este tema para buscar un código que sea un paso hacia adelante en la evolución de nuestro sistema procesal civil.