• Caracas (Venezuela)

Ramón Escovar León

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La “propuesta Escarrá”, enmienda y revocatorio

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“La auctoritas se basa en el crédito que ofrece una persona o una institución por sus pasados logros, y, por tanto, tiene como supuesto la confianza; el poder, en cambio, tiene como supuesto, la desconfianza, la fiscalización, el control y la disposición de medios capaces de allanar la contraria disposición ajena”, dice el jurista Manuel García Pelayo (Obras completas, T. II, p. 1860). Esto lo recuerdo para entender la sorpresiva propuesta de Hermann Escarrá sobre la enmienda constitucional para reducir el período de la Asamblea Nacional elegida abrumadoramente por el pueblo venezolano el pasado 6 de diciembre de 2015.

A lo largo de los últimos diecisiete años Escarrá ha dado opiniones para todos los gustos y colores. Pasa del chavismo a la oposición y de la oposición al madurismo, sin explicar las razones que lo llevan a cruzar de acera. Esto, desde luego, elimina la idea de que lo que opine esté respaldado de auctoritas. Ejemplo de ello lo refiere el profesor Jorge Ramos Guerra en un artículo difundido en las redes, en el que señala que Escarrá presentó ante el auditorio Raúl Quero Silva de la Universidad Fermín Toro de Barquisimeto un proyecto de ley (2008) que tenía como propósito sancionar “delitos presidenciales”. En el artículo II de ese proyecto se lee: “Cuando mediante el falseamiento o fraude constitucional y con la utilización de algunos de los poderes públicos o todos ellos cualquiera de los titulares de las ramas del poder público nacional busque sustituir la Constitución serán castigados con presidio de 15 a 24 años”. Igualmente, se pueden leer las opiniones (http://tinyurl.com/jdajn63) que en su momento (12 de diciembre de 2007) expresó Escarrá en relación con los presos políticos y lo que, para él, era la ilegitimidad de Chávez como presidente, lo que traía como consecuencia la necesaria “desobediencia civil constitucional”. Pero también podemos conocer las posiciones de este “constitucionalista” a través de Youtube, como, por ejemplo, en la entrevista, de fecha 8 de diciembre de 2008 que le hizo Miguel Ángel Rodríguez (https://wwwyoutube.com/watch?v=B1VKbb-c0k0) donde anuncia que demandará a Hugo Chávez ante el Tribunal de La Haya.

Todo lo anterior debe relacionarse con la actual propuesta de Escarrá en la que plantea una enmienda constitucional para reducir el período de la Asamblea Nacional que fue elegida con cerca de 70% de apoyo popular. Es decir, el “constitucionalista” ahora de perfil madurista propone una solución que es inconstitucional por dos razones: en primer lugar, porque los diputados fueron elegidos por un período de cinco años (artículo 192 CN); y, en segundo lugar, porque la oportunidad para solicitar el referéndum revocatorio para la Asamblea Nacional es luego de transcurrida “la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria” (artículo 72 CN). No ha transcurrido la mitad del período, la cual se cumplirá el 5 de julio de 2018, por lo que la propuesta es, además de inconstitucional, irresponsable y genera más confusión en esta Venezuela donde campean el abuso, la falta de escrúpulos, la ignorancia y, por si fuera poco, el sometimiento del Poder Judicial a la voluntad de un sector político.

La inconveniencia de esta propuesta no solo ha sido advertida por la oposición, sino que en las propias filas chavistas se la ha calificado de “exótica” (Véase Jesús Silva: “Camarada Maduro, no active la enmienda ‘bumerán”. La Razón: 10/04/16, p. A2). Esto se explica porque si Maduro, apalancado por su sumisa Sala Constitucional, activa esta propuesta, tendrá que someterse a consulta popular y por eso saldrá derrotado, en vista de su bajo nivel de respaldo popular. Lo importante para la oposición es que Escarrá ha echado por tierra la tesis que defendía Maduro contra la  enmienda de recorte del período presidencial, propuesta por la Causa R. Al efecto sostenía el presidente que la reducción del período no se le puede aplicar, porque esta tenía efectos ex nunc (hacia el futuro) y no podía dársele efectos ex tunc (retroactivos). Sin embargo, Escarrá dice que sí aplica de inmediato a los diputados de la Asamblea. Por esta razón, la debilidad de la enmienda ha quedado zanjada gracias a él mismo, es decir, ahora sabemos que la enmienda también produce, según el “constitucionalista” del gobierno, efectos inmediatos. La enmienda que propone la oposición (La Causa R), a través de la Asamblea Nacional, ofrece la ventaja de que se aprueba por mayoría simple y no requiere firmas. A estas bondades debe sumarse –hay que insistir– la que nos regaló el “constitucionalista”: la aplicación inmediata  de la enmienda para recortar el periodo de Maduro.

La enmienda señalada no es incompatible con el revocatorio. El referéndum revocatorio luce como una opción sólida, porque al necesitar un volumen importante de firmas (al menos 3.966.1149), se requiere ir a una campaña política y de opinión para convencer al electorado de la necesidad de revocar a Maduro. Esto daría fuerza a la oposición porque, de obtenerse el respaldo necesario, “se considerará revocado su Mandato [el de Maduro] y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en la ley” (artículo 71, segundo párrafo), lo que colocaría a la oposición en ventaja al consolidar su mensaje aglutinante en la campaña para el revocatorio.

En lo que atañe al revocatorio, tenemos dos opciones: o ir al revocatorio bajo el manto de la ley aprobada por la Asamblea Nacional que hace más ágil el procedimiento, o hacerlo con la engorrosa regulación existente. La experiencia nos enseña que el Tribunal Supremo de Justicia, sometido al Ejecutivo, podría obstaculizar el proceso previsto en la ley aprobada por la AN. Por eso nos podríamos ver obligados a ir al revocatorio con la enredada y lenta legislación vigente, pero aun así la oposición lograría su objetivo de revocar a Maduro sobre la base del enorme rechazo que experimenta ante los electores por la incompetencia demostrada como presidente. Lo que se requiere es iniciar sin más retrasos ambos procesos constitucionales que, más temprano que tarde, permitan a los venezolanos recuperar la estabilidad institucional, la reactivación económica, la esperanza, la luz y la libertad.