• Caracas (Venezuela)

Ramón Escovar León

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Las jornadas de la academia y la reforma del Código de Procedimiento Civil

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El pasado 12 de mayo se celebraron, en la sede de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, las primeras Jornadas sobre el Proyecto de Reforma del Código de Procedimiento Civil (CPC) con un lleno total de abogados y estudiantes universitarios. La presencia del público, así como las preguntas formuladas, revelaron el interés que hay en relación con el proyecto de reforma que se “discute” aceleradamente en la Asamblea Nacional. Los ponentes Román Duque Corredor, Juan Carlos Apitz, Salvador Yannuzzi, Alí Venturini, Eugenio Hernández Bretón, quien suscribe, Ramón Escovar León, y Álvaro Badell, quien manejó el ciclo de preguntas y respuestas. En esta oportunidad formulamos nuestras opiniones en relación con el proyecto.

Entre las observaciones, cabe destacar la advertencia sobre el principio de “participación protagónica del pueblo” (Duque Corredor) porque no se conoce el concepto de “pueblo” que manejó el redactor; la contradicción entre el garantismo y el autoritarismo (Apitz); la falta de precisión en materia de regulación probatoria (Yannuzzi); el equivocado tratamiento de la jurisdicción voluntaria (Venturini); la falta de concordancia entre el proyecto y la Ley de Derecho Internacional Privado en materia de cooperación internacional (Hernández Bretón); y la ratificación del reenvío e incoherencias en materia de casación (Escovar). El mencionado bloque de reflexiones fue presentado, a manera de conclusión, por el profesor Badell. De ser tomadas en cuenta estas observaciones, la Asamblea Nacional tendría que paralizar la reforma y someterla a la consideración de las facultades de Derecho, colegios de abogados y de instituciones como la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.

Uno de los aspectos que más llama la atención sobre el proyecto es el hecho de que se ha presentado sin que nadie sepa quiénes integraron la comisión redactora. Pero el asunto en realidades es aún más alarmante, pues aunque parece que un sector del Poder Judicial no está de acuerdo con esta reforma, no se exponen las razones que albergan; esto debido, quizás, a razones de obediencia política, o más bien, de inercia y comodidad. Por si fuera poco, los sectores opositores solo se han ocupado de las elecciones parlamentarias y no han volcado su atención hacia esta reforma que haría un daño enorme a los venezolanos, independientemente de sus simpatías políticas.

De ser aprobado, este proyecto perjudicará a los magistrados de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, porque se recargarán innecesariamente de trabajo. En efecto, el artículo 313, primer párrafo, del proyecto regula una audiencia oral, la cual tendrá una duración indefinida en el tiempo, hasta que se agote el debate. Resulta que algún proyectista trasnochado copió la audiencia oral regulada en el artículo 157 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y repetida en el artículo 173 de esa ley, es decir, bajo la modalidad copiar y pegar, trasladándola al sistema de casación civil, en el cual, por definición, el debate oral se circunscribe solo a discutir aspectos de la sentencia de la cual se disiente. El problema empeora si se considera que el proyecto mantiene el sistema de casación de derecho (del que disiento) en el cual no se discuten hechos ni se practican pruebas en casación. Esto es una evidencia de que esta propuesta fue elaborada a trancas y barrancas, sin reparar en las repercusiones que tendrá sobre Venezuela. Además, la reforma perjudicará al ciudadano de a pie, al “pueblo jurídico”, porque ahora sus causas tendrían una duración indefinida en el tiempo, con un sistema enredado, confuso y contradictorio. Este es el resultado de hacer las cosas entre gallos y medianoche y de manera cerrada sin participación de las universidades y colegios de abogados.

Ahora bien, ¿cuál es la explicación por la cual no se informó al país sobre los integrantes de la “Comisión Redactora” del proyecto? La explicación está en que la misma fue elaborada por funcionarios judiciales, que además fueron rotados por razones burocráticas. Esto podría explicar la presencia de normas contradictorias. Así pues hay un elenco de elementos autoritarios dentro del mencionado proyecto, como las amplias facultades que se le otorgan a los jueces, los poderes que se le asignan a la Sala de Casación Civil para casar de oficio de manera facultativa y se pretende garantizar el derecho a la defensa, pero privilegiando el carácter totalitario del código. En esta materia, vale la pena recoger experiencias exitosas como la casación de instancia que fue establecida en materia laboral, y dejar en el pasado la casación de derecho que no ha dado buenos resultados.

La academia organizará unas segundas jornadas sobre el proyecto de reforma, con el deseo de que puedan asistir miembros de la Sala de Casación Civil y de que se pueda discutir en un plano académico que busque elaborar el Código de Procedimiento Civil que merece Venezuela, sin reparar en diferencias políticas.

 

@rescovar