• Caracas (Venezuela)

Ramón Escovar León

Al instante

Los exprés y la suspensión del revocatorio

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Utile per inutile non vitiatur es un principio que tiene su origen en el Derecho Romano y que quiere decir que lo útil no puede ser afectado por lo inútil. Se trata de una regla dirigida a proteger los actos jurídicos de menjurjes hermenéuticos. Esto se aplica, por lo conocido, en todas las áreas del derecho. Así, un contrato con una cláusula viciada no afecta el resto del contrato, porque se trata de conservar la vida del negocio jurídico para que pueda producir sus efectos. En las escuelas de leyes este principio forma parte de los pensum de estudio de distintas materias como Teoría General de las Obligaciones y Filosofía del Derecho. Un estudiante que está a mitad de la carrera conoce muy bien esta regla.

Señalo lo anterior porque al momento de escribir este artículo se ha difundido un rumor según el cual la Sala Constitucional, bajo ponencia de uno de los exprés elegidos en diciembre pasado, estaría elaborando una ponencia en la cual admitirá un demanda chavista contra el proceso de recolección de firmas, en la cual se alega que habría más de 10.000 firmas inválidas. Y como consecuencia de ello, se dictaría una medida cautelar para suspender el revocatorio mientras la sala se pronuncia sobre el mérito de la demanda propuesta. En otras palabras, la Sala Constitucional estaría a punto de paralizar el revocatorio, burlando el medio previsto en la Constitución para que sea efectiva la manifestación de la voluntad popular.

Lo descrito merece tres comentarios. En primer lugar, no es posible jurídicamente admitir la demanda “revolucionaria” en vista de que, de acuerdo con el principio romano señalado, si hay un número de firmas invalidadas, estas se dejan sin efecto, pero el acto del revocatorio se preserva y sigue produciendo sus efectos, en especial si el número de firmas válidas recolectadas supera sobradamente el mínimo requerido. Esto es elemental. En segundo lugar, la sentencia en manos de un exprés puede fundarse en razones antijurídicas, porque para eso son estos “magistrados”, para dictar decisiones parti-pris a favor del sector político que representan y no para defender la Constitución. En tercer lugar, un “magistrado” vinculado al partido de gobierno, porque fue militante o porque renunció para poder ser “magistrado”, tiene un conflicto de interés que invalida su decisión. ¿Quién le pone, entonces, el cascabel al gato?

Una sentencia como la que se anuncia solo se explica porque Venezuela no tiene un Poder Judicial independiente y porque estamos en dictadura. Por esta razón, entre muchas, vale la pena insistir en la necesidad de que la AN culmine su trabajo de dejar sin efecto la elección de los “magistrados” que fueron elegidos en diciembre pasado violando la Constitución.