• Caracas (Venezuela)

Ramón Escovar León

Al instante

La crisis económica a partir de una obra sobre los monopolios

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Resulta una paradoja que un sistema político que cree en el monopolio por parte del Estado de los factores productivos, en el control de precios, en las regulaciones desbordadas, en las comunas y en la economía “socialista” pueda convivir con una Ley Antimonopolios y otras prácticas de naturaleza similar. Miguel Mónaco, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, explica acertadamente este enredo ideológico y jurídico en su libro Regulación de los monopolios y la posición de dominio en Venezuela desde la perspectiva del derecho de la competencia. Este texto, con sus aportes novedosos, fue presentado como tesis doctoral en el Centro de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, y publicado recientemente por la Universidad Católica Andrés Bello. Es oportuno rescatar el derecho de la competencia porque se trata de un tema fundamental para las libertades económicas, como la que está mencionada en el artículo 112 de la Constitución de nuestro país.

Tuve el privilegio de presentar esta obra el pasado mes de abril en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, y ahora quiero difundir lo que dije en esa oportunidad. En primer lugar, hay que destacar que la tesis se defendió en marzo de 2014, en una época en que la UCV era atacada con frecuencia por unos grupos violentos que se autocalificaban de revolucionarios. Esta circunstancia nos permitió observar las dos partes de un país: la que a través de la violencia y la intolerancia pretende imponer sus ideas y esquemas ideológicos, esa que ataca la infraestructura física de la UCV y a sus estudiantes; y otra vertiente que cree que un país se construye con trabajo disciplinado, con estudio permanente, con investigación y reflexión intelectual. El trabajo de Mónaco apuesta por la última opción, la que al final triunfará y permitirá dar vuelta a la tuerca y sacar a Venezuela del atolladero en el que se encuentra.

En segundo lugar, hay que señalar que la obra obedece a un riguroso plan metodológico. Estudia el derecho comparado, explica la evolución del derecho venezolano en materia de derecho de la competencia y llega a la interpretación del artículo 113 de la Constitución nacional. En ese recorrido, el autor expone las mejores opiniones de la doctrina extranjera, consignando siempre la reflexión propia a tan complejo tema. Y es complejo porque la regulación jurídica de los monopolios pasa por un análisis de eficiencia económica y la interacción de dos ciencias, el derecho y la economía, que a veces no son fáciles de conciliar. En efecto, hay una serie de leyes con contenido económico que impone al jurista entender este sustrato. En la obra, el autor se adentra en las consecuencias económicas de los monopolios para ponderar cuál es el sentido de la norma, orientadas por el artículo 113 de la Constitución, y concluye que dicha norma “prohíbe los efectos nocivos del monopolio, mas no al monopolio en sí mismo”. Es decir, la Constitución repudia los actos que impiden u obstaculizan la competencia y el perjuicio a los consumidores, todo ello amparado en las libertades económicas.

En el caso venezolano tenemos, además de la Ley Antimonopolios, la Ley Orgánica de Precios Justos, que constituye una excesiva intromisión del Estado en el proceso de fijación de precios. Estos no se ajustan a las leyes de la oferta y la demanda, sino que son fijados artificialmente por la burocracia gubernamental. El burócrata revolucionario, amante de los controles artificiales, establece el precio “mediante el análisis de la estructura de costos” (artículo 1), y el resultado es siempre muy inferior al valor del mercado. Inevitable y consecuentemente, aparece la figura del “bachaquero”, que le echa mano al producto “regulado” por medio de la engañifa de las enormes colas que se arman desde la madrugada, y por las que los ciudadanos deben sacrificar su jornada laboral.

El siguiente paso en este proceso destructivo se verifica cuando el “bachaquero”, amparado en la ley de la oferta y la demanda, fija otro precio, mucho mayor al que pagó por el producto. Y, finalmente, estos “comerciantes” se cartelizan, y el producto pasa a costar lo mismo, sin competencia, en cualquier lugar de Venezuela donde se compre. Así entendemos el caso de una madre que debe alimentar con leche a su hijo. No puede hacer la cola pero necesita el producto. Entonces no tiene otra alternativa que comprarlo al revendedor y no puede buscar la mejor opción porque los precios están cartelizados.

El asunto no se detiene ahí. El socialismo impone la expropiación de las empresas productivas para que pasen a manos del Estado. Al poco tiempo, por falta de experiencia, de conocimientos y por la corrupción, la empresa expropiada deja de producir. Comienza entonces la escasez. Ahora tenemos “precios justos” con escasez, con “bachaqueo” y con su efecto devastador: el hambre. Se recurre entonces al “síndrome del enemigo externo”: “la guerra económica”, el “imperio” y la Unión Europea son señalados como responsables de esta situación. Para responder, se acusa a la empresa más eficiente y productiva del país, Polar, de tener un monopolio que debe ser combatido. El Estado venezolano propició sus propios monopolios, y ahora ataca a otro supuesto “monopolio” que, de existir, nació de manera legítima, con crecimiento orgánico y en beneficio de los consumidores; es decir, el Estado cuestiona una empresa productiva y eficiente, cuyo desenvolvimiento no es reprochable ni inconstitucional, tal como lo explica con tino Miguel Mónaco. De esta manera, arrecian los controles, se le niega a esta empresa el acceso a los dólares y no se le trata en igualdad de condiciones. El objetivo es doblegarla para luego expropiarla y, finalmente, destruirla, eliminando así los símbolos del trabajo exitoso y de la eficiencia en la conducción empresarial.

Para entender todo esto, recomiendo la lectura de la magnífica obra de Miguel Mónaco, quien demuestra con argumentos jurídicos e inteligencia que lo que prohíbe el artículo 113 de la Constitución son las conductas que obstruyan la competencia y “perjudiquen a los consumidores”. Aquí vale la pena citar el pensamiento de Joaquín Sánchez-Covisa que sirve de epígrafe a la obra del decano Mónaco: “Si los hombres no entienden esas leyes (mercado y libre formación de precios), si no perciben cuáles son las posibilidades de acción del Estado en el seno de la economía social, contribuirán, sean los que fueren sus deseos, al empobrecimiento de la comunidad. Y han de desembocar en el mito colectivista, donde los errores se ocultan tras una refinada maquinaria burocrática de propaganda y terror. O han de desembocar en el mito de la intervención, donde han de buscar a cada instante víctimas propiciatorias para hacerlas responsables del fracaso reiterado de sus buenas intenciones”.