• Caracas (Venezuela)

Ramón Escovar León

Al instante

Sentencia, jubilaciones y arrepentimiento

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Durante el último mes, la historia del Poder Judicial venezolano ha registrado tres hechos que no pueden pasar inadvertidos, por mostrar un deterioro institucional progresivo y lacerante. Se trata, en primer lugar, de la sentencia que condenó a Leopoldo López a más de trece años de cárcel; en segundo lugar, las solicitudes anticipadas de “jubilaciones voluntarias” suscritas por trece magistrados; y, en tercer lugar, el arrepentimiento del fiscal Franklin Nieves que fue uno de los dos asignados por el Ministerio Público para llevar a cabo la acusación de  López.

En relación con el juicio a López, ya he tenido oportunidad de emitir mi opinión en El Nacional en dos artículos titulados “Lingüística y derecho: el caso de Leopoldo López” (11.12.14) y “El proceso a Leopoldo K” (10.09.15). En el primero, me referí al estudio lingüístico presentado por la Fiscalía para acusarlo y expuse las razones por las cuales dicho informe consistía en un conjunto de malabarismos lingüísticos y manipulaciones verbales, del cual se han inventado unos delitos inverosímiles. En el segundo, me referí a las violaciones a los derechos constitucionales de López, cuyo juicio evocaba los sufrimientos padecidos por Joseph K en la novela El proceso de Franz Kafka. A esto se añade que la sentencia, que finalmente se publicó el 10 de septiembre, ratificó la sospecha de que aquella condena estaba anunciaba. A esto hay que añadirle la falta de análisis jurídico y  las fallas sintácticas de la sentencia que condenó a López, la cual es en realidad un conjunto de citas textuales de los actos acontecidos en el proceso y carece, además, de la fundamentación jurídica necesaria en una decisión judicial. Esta sentencia fue examinada por el profesor Alberto Arteaga en su artículo titulado “La sentencia contra Leopoldo López” publicado en El Nacional (15.10.15), opiniones y conceptos que comparto.

En segundo lugar, hay que destacar el proceso por el cual el PSUV pretende reemplazar a trece magistrados con jubilaciones anticipadas. Con ello se burlan los lapsos constitucionales y se busca mantener el control del Tribunal Supremo de Justicia por medio de jueces incondicionales. El proceso de selección que se elabora está viciado, entre otras razones, porque no se conocen los elementos del baremo que debe ser elaborado por la Comisión de Postulaciones Judiciales y aprobado por las dos terceras partes de sus miembros. Entre estos requisitos debe aparecer la prohibición de postular miembros de partidos políticos, sin que se admita que basta con la renuncia a la militancia política unos días antes de su “selección”. Dicha renuncia debe hacerse con una antelación de, al menos, doce meses antes de la postulación. También debe aparecer el requisito del doctorado otorgado por una universidad reconocida, en lo cual hay que ser muy rigurosos para evitar los doctorados exprés u obtenidos en universidades de maletín. Asimismo, deben exigirse el fondo negro del título, la copia de la tesis doctoral y la copia del veredicto para saber quiénes fueron los miembros del jurado. Hay que velar porque los requisitos constitucionales se cumplan a cabalidad. En todo caso, y tal como lo ha proclamado el profesor Román Duque Corredor (uno de los juristas más relevantes del país por su probidad y por ser poseedor de pensamiento jurídico propio) en un tweet del día 25 de octubre: “Una Asamblea Nacional democrática mayoritaria puede revisar credenciales e idoneidad de Magistrados elegidos antes del 6D”, es decir, una nueva Asamblea está habilitada para revocar las designaciones de los nuevos magistrados que no cumplan con los requisitos previstos en la Constitución.

Por último, tenemos el sorpresivo arrepentimiento del fiscal Franklin Nieves, quien dejó asombrado al Foro venezolano con sus declaraciones difundidas el día 23 de octubre pasado. Aquí cabe preguntarse: ¿qué llevó a este hombre de confianza del proceso revolucionario a tomar la decisión que tomó? ¿Cómo un fiscal, a quien le habían confiado los asuntos políticos más importantes, cambia de postura repentinamente?  Desde luego, lo que dice (que recibía presiones) es lo que percibe el mundo entero, pero lo que me interesa resaltar hoy es ese proceso por el que pasó para llegar a declarar lo que declaró sobre el juicio a Leopoldo López. Para entender su tragedia, acudí al ensayo de Michel de Montaigne titulado Del Arrepentimiento. Para el gran ensayista “el arrepentimiento sigue de cerca al pecado”, y ello porque quien comete pecado y luego se arrepiente recibe el perdón. Es lo que ocurre en el catolicismo. Para que el pecado sea perdonado es necesario el arrepentimiento como paso previo. El fiscal se arrepintió (o fingió arrepentimiento)  y con ello rechazó todo el trabajo que había hecho. Su falta, entre otras, fue haber participado en un juicio parcializado donde él fue figura fundamental. Y aquí hay que volver al ensayo de Montaigne: “La verdadera culpa y que afecta por lo común a nuestros hombres es que su propio retiro está lleno de corrupción y de basura; el propósito de enmienda, torcido; la penitencia, tan enferma y condenable como el pecado”. Ahora bien, este repentino arrepentimiento tiene repercusiones jurídicas y políticas sobre el juicio contra López. En efecto, la sola declaración formulada por el fiscal, quien expresa que las pruebas son falsas y que recibió presión, es suficiente para declarar la nulidad de este proceso abusivo que convierte al juicio contra Sacco y Vanzettti en un cuento para niños. Si a esto se le suma que el ex fiscal ha ofrecido presentar pruebas de lo que afirma, ya no estaríamos solo ante la declaratoria de nulidad del juicio contra Leopoldo López, sino que se impone determinar las responsabilidades en esta situación de anarquía que pone de bulto el fiscal destituido. Todo esto demuestra, una vez más, la situación de deterioro institucional por la que atraviesa el Poder Judicial venezolano, el cual es utilizado para intentar sacar del juego político a venezolanos que no han cometido delito. La votación del 6D será el primer paso de un largo proceso que debe estar dirigido a refundar nuestro Poder Judicial, tal como lo merece un país que pretenda vivir en una república con instituciones democráticas.