• Caracas (Venezuela)

Ramón Escovar León

Al instante

Lingüística y derecho: el caso de Leopoldo López

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

El fundamento jurídico de la acusación contra Leopoldo López está basado esencialmente en un análisis lingüístico solicitado por el Ministerio Público. En dicha opinión técnica se pretende hacer un análisis del discurso político de López tomando como muestra una serie de entrevistas y mensajes del mencionado dirigente político. Este informe fue acogido por la Fiscalía sin reservas y sin atender la opinión de los más reconocidos analistas del discurso de Venezuela. Las bondades metodológicas seguidas en la “experticia” lingüística fueron cuestionadas por la profesora Alexandra Álvarez en un artículo titulado “¿Una ética para lingüistas?”, el cual pone al descubierto las deficiencias científicas de dicho dictamen.

Una de las fallas más significativas de la “experticia” lingüística presentada es la falta de correspondencia entre el marco teórico y las conclusiones a las que arriba. Sobre todo, si se advierte que las conclusiones que plasma el informe son de orden jurídico. Es decir, tenemos una pretendida motivación lingüística y unas conclusiones jurídicas. Algo inédito en la historia del derecho venezolano. Resulta un atentado a la libertad de expresión el hecho de que por medio del análisis de un discurso se pueda privar a alguien de su libertad. Se trata de la represión del discurso oral y escrito de los hablantes. Y especialmente porque este dictamen no pudo ser refutado por otras opiniones de especialistas en la materia y, además, porque la autora de esta curiosa opinión no fue repreguntada por la representación legal de López.

El dictamen usado contra Leopoldo López alega que su discurso es agitativo, aun cuando este carácter es una de las características definitorias del discurso político. Si el discurso de Leopoldo es agitativo entonces, con este mismo criterio, se ha debido enjuiciar lingüísticamente a quienes han estimulado la polarización y sembrado el odio entre los venezolanos. A lo anterior se le suma que el dictamen en cuestión emplea un estilo alambicado, difícil de seguir incluso para los abogados. Hay párrafos enteros que resultan incomprensibles, con encadenamientos de citas de autoridad, entrecruzadas con frases usadas por López que se relacionan con conceptos gramaticales, prosódicos y fonéticos. Finalmente, la supuesta analista del discurso emite una serie de  opiniones jurídicas sin ser abogada. El texto está compuesto de malabarismos idiomáticos y galimatías que pretenden justificar lo injustificable: ¡que López cometió un delito lingüístico!

La  autora de la “experticia” lingüística señala cuáles son las palabras que revisten importancia; entre ellas aparece gobierno, cambio, calle y salida, a las cuales se les atribuye la mayor carga semántica. Y de inmediato describe salida así: “Venezuela necesita una salida, activar una salida, salir de este gobierno, salida de este gobierno, salgan a las calles, la salida, salida del desastre”. Nada de esto puede constituir delito. Y luego añade que: “Queda claro que llamar a una salida a las calles para salir de este gobierno fue un recurso discursivo utilizado sistemáticamente por el ciudadano Leopoldo López al dirigirse a su público”. Afirma que la noción de pueblo de López es “muy difusa y no es fácil delimitar cuánto de pueblo venezolano sigue sus ideales”. Desde luego que la autora del dictamen muestra su parcialidad y mezcla sus opiniones políticas con lo que supuestamente era un estudio lingüístico. De esta manera conjetura que la “salida” de la que habla López pudiera ser por “vía violenta”, lo que no es sino su especulación. Y ello porque Leopoldo no habría señalado a sus seguidores que esa “salida” sería pacífica. En adición, se utiliza el modo subjuntivo, que corresponde a los actos enunciativos subjetivos de cada persona, es decir, el modo de las suposiciones y deseos. Entonces queda claro que  la subjetividad de la autora del dictamen no siguió la pretendida objetividad científica que debería tener en estos casos un análisis como el descrito. En efecto, según el dictamen, López “pudo haber transferido este sentimiento [de ira] a su público”, lo cual simplemente son especulaciones de la autora. El basamento de la sentencia de López es en realidad un análisis hipotético de las consecuencias del discurso político de un venezolano. Para colmo de males, la autora se desdobla en jurista y de inmediato entra en el terreno de la interpretación constitucional. En este sentido interpreta los artículos 6, 71, 72, 73 y 74 de la Constitución para concluir que la “salida” propuesta por López implica la revocatoria del “mandato por elección popular”. Se trata entonces de un informe que pretende ser lingüístico y jurídico y que termina sin ser ni una cosa ni la otra, pues es realizado por quien no es jurista y porque las supuestas pruebas lingüísticas son analizadas sin considerar el contexto. Asimismo, es importante resaltar que el afectado no pudo defenderse para demostrar sus falacias tanto lingüísticas como jurídicas.

Fundamentar el juicio a Leopoldo López sobre la base del informe lingüístico referido, entraña una amenaza para todos los venezolanos que puedan verse enjuiciados por la manera en la que conjugan los verbos y usan los sustantivos, adverbios y adjetivos, cómo entonan la voz y cómo usan las metáforas. Además, no es suficiente un informe aislado, solicitado por la Fiscalía, porque el acusado tenía derecho de traer un contrainforme de lingüistas reconocidos y repreguntar a la autora de la experticia. Si no fue repreguntada, su prueba carece de valor jurídico. Al no poder pasar Leopoldo López la criba del mencionado informe en los términos señalados, su derecho constitucional a la defensa fue vulnerado.

Este caso destaca la necesidad de que en las escuelas de Derecho se introduzcan de alguna manera los estudios relacionados con la Lingüística. Y ello no solo para mejorar el lenguaje jurídico, sino para poner a los abogados en capacidad de poder defenderse ante una tendencia totalitaria de criminalizar la lengua y el habla. Supongo que de ahora en adelante no se podrán utilizar en el discurso político venezolano ni la ironía, ni la paradoja, ni la metáfora, ni la hipérbole y mucho menos el humor. ¡Estamos ante la criminalización del lenguaje!

Twitter: @rescovar