• Caracas (Venezuela)

Ramón Escovar León

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Diálogo posible y nuevo TSJ

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“Aquí todo me parece raro: el lenguaje y las personas. Esta casa es realmente extraña”, dice el personaje Jan de El malentendido, una de las joyas literarias de Albert Camus. En Venezuela, el gobierno nos hace sentir que todo es muy raro, y nos impone ver con cautela lo que proponga. Esto es lo que sucede con el anunciado diálogo entre el gobierno “revolucionario” y la oposición. No sabemos, por ahora, cuáles son los temas de la negociación que auspician Maduro y sus aliados ex presidentes. Lo primero que uno percibe es que tiene como propósito evitar la realización del referéndum revocatorio que, con seguridad, perdería el gobierno. Es claro que la consulta popular es la salida idónea, pero el acérrimo dogma socialista no la acepta, porque con ella el pueblo le dirá adiós al modelo chavista y el presidente Maduro pasará a la historia como la figura que enterró el proyecto bolivariano.

Para impedir el revocatorio como salida constitucional y pacífica a la crisis, el gobierno se ha apoyado en un grupo militar y en el Tribunal Supremo de Justicia, institución que, en mi opinión, es el verdadero sostén de este régimen que a todas luces tiene más de dictadura que de democracia. Los “magistrados” del TSJ no han sentido vergüenza al momento de producir sentencias complacientes con los asuntos que solicitan los oficialistas y se han presentado uno detrás de otro, en formación militar, para consolidar el control político de quien ya carece de autoridad entre los mismos chavistas, tal como se evidencia en las declaraciones recientes de los militares del 4-F Miguel Rodríguez Torres y Clíver Alcalá Cordones. Es decir, el gobierno ha perdido respaldo dentro del mismo sector militar que era, en teoría, la base originaria de su apoyo. El TSJ es, entonces, lo que le queda al gobierno. También, desde luego, el Consejo Nacional Electoral favorece a la “revolución” y le da largas a la tramitación del revocatorio, acto que sabotea a la oposición y la democracia.

Así las cosas, es lógico pensar que lo que le corresponde a la oposición es culminar el trabajo de remoción de los magistrados exprés que, en franca violación de la Constitución, fueron elegidos el pasado diciembre. Sobre estas “elecciones” es mucha la tinta que ha corrido. Pero hay algo que no deja espacio para la duda: una solución democrática, pacífica y constitucional pasa, en primer lugar, por el cambio del Tribunal Supremo de Justicia; y en segundo lugar, por la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral.

En lo que atañe a los “juristas” que integran el TSJ y que han colaborado en la consolidación de los poderes autoritarios e inconstitucionales que ostenta Maduro, es oportuno evocar el libro, Los juristas del horror de Ingo Müller, donde se expone el rol de los juristas nazis en ese régimen nefasto para la humanidad. Allí los crímenes y atropellos más crueles encontraban respaldo en las decisiones de los jueces. Este tema merece un estudio serio y detenido en el cual se analice y difunda lo que ha sucedido con los “juristas” chavistas y el Tribunal Supremo de Justicia desde que se inició esta etapa de radicalización que nos ha llevado a la miseria y que tiene en las cárceles a un número importante de políticos opositores. Quizá pueda abrirse una línea de investigación en universidades venezolanas como la UCV y la UCAB (entre otras) que permita la elaboración de estudios, ensayos y tesis de maestría y doctorado sobre este asunto. Una investigación de este tenor debe hacer énfasis en algunos aspectos: el perfil del “jurista” chavista, su (de)formación intelectual, su trayectoria universitaria y profesional, sus sentencias, y su contribución con el “proceso revolucionario” en oposición a la democracia venezolana. Porque comprobado está, según los resultados del 6 de diciembre y la inmensa mayoría de las encuestas actuales, que Venezuela ya no es chavista.

La primera fase de la historia de los “juristas revolucionarios” fue marcada por una declaración del magistrado José Delgado Ocando, quien proclamó a los cuatro vientos, en su discurso de inauguración del año judicial 2001, que la interpretación constitucional estaba al servicio del “proyecto revolucionario”. Esta declaración fue seguida por una ristra de sentencias que evidenciaron la voracidad de la Sala Constitucional para asumir competencias y abusar de su poder. Entre ellas destaca la N° 1562, de fecha 12/12/2000, que “interpretó” los requisitos constitucionales para poder ser magistrado. A partir de dicha “interpretación” el chavismo pudo elegir como magistrados a personas que no cumplían con los requisitos exigidos por la Constitución Nacional. La lista es interminable. En este artículo, por razones de espacio, la dejaré hasta aquí. No obstante, todas estas faltas, que constituyen graves violaciones de nuestra carta magna, deben quedar registradas para la historia.

La evolución negativa cristaliza en las nuevas decisiones que dicta el TSJ en materia electoral y política, las cuales han permitido al gobierno aumentar sus controles y sus métodos de represión. Por todo esto, el primer paso para recomponer a Venezuela y buscar una salida democrática al caos que nos gobierna es la restructuración del Tribunal Supremo de Justicia. Sin esto, difícilmente fructificarán los intentos de diálogo tan sonados en los últimos días, y nuestra casa seguirá siendo “realmente extraña”, como escribió Camus en su momento.