• Caracas (Venezuela)

Ramón Escovar León

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Hacia un Código de Procedimiento Civil autoritario

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La reforma del Código de Procedimiento Civil fue realizada en 1986 por una Comisión Redactora integrada por los profesores universitarios José Andrés Fuenmayor, Arístides Rengel-Romberg, Leopoldo Márquez Áñez y por el juez Luis Mauri. Fue una comisión avalada por el prestigio y la sabiduría de sus redactores. Con el respaldo de la auctoritas e los reformistas fue presentado el proyecto para la discusión de los distintos sectores. Es así como entre el 11 de marzo y el 7 de mayo de 1986 se llevaron a cabo, en la sede de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, una serie de conferencias que están recogidas en el libro Conferencias sobre el nuevo Código de Procedimiento Civil. Independientemente de las bondades de ese nuevo código, es obvio que su elaboración, debate y aprobación respondió a un espíritu amplio de consultas y discusiones. Posteriormente, en mi libro La casación sobre los hechos, publicado en 1990, dejé constancia de mi desacuerdo con algunos aspectos de la regulación en materia de casación, porque el código no representó un aporte a la necesidad de deslastrar a la casación civil de los formalismos y técnicas que se habían arraigado. Pese a ello, reconozco que ese código fue un avance en relación con el que teníamos, pues este último se había desajustado con los cambios científicos y sociales.

En este momento se discute un proyecto de reforma del Código de Procedimiento Civil y, a diferencia del proceso anterior, no se sabe quiénes integraron la comisión redactora, es decir, se trata de un proyecto de autor desconocido. Esto no es un asunto superfluo, sino necesario para conocer la consistencia y coherencia del proyecto que ha sido, según un parlamentario del gobierno, sometido a la “consulta del pueblo”. Como evidencia de que participaron varias manos en su elaboración, está el hecho de que no se sigue una línea coherente de principios procesales: por una parte, se consagra el principio dispositivo (artículo 8) y, al mismo tiempo, se le dan amplias facultades al juez en el artículo 11, cuando se establece que este debe velar porque el proceso “no se desvíe hacia aspectos inadmisibles”, lo cual implica una injerencia del juez en la actividad procesal de las partes. Esta facultad autoritaria del juez no es conveniente en un sistema judicial donde no impera la confianza en muchos de ellos, en vista de que la justicia en nuestro país se ha politizado de manera radical. Solo basta pensar en un litigio por un asunto civil entre un ciudadano de a pie y un militante (o simpatizante) del partido de gobierno. El ciudadano de a pie tendrá que enfrentar no solo a su contraparte, sino también al juez. Esta posibilidad de un juez dictador del proceso no es conveniente en Venezuela, aunque pueda tener justificación en países comunistas.

A lo anterior hay que añadir que esas atribuciones exageradas en cabeza del juez introduce un elemento ideológico, en el sentido de trasladar la visión autoritaria del sistema político al sistema procesal. Estas facultades suben de tono cuando se llega al tema probatorio. En efecto, en los artículos 376 y 394 del proyecto se consagran ilimitadas facultades probatorias en manos del juez, que lo convertirían en el dictador del proceso. El juez debe dirigir su marcha pero no debe intervenir sin límites, porque desnaturalizaría la naturaleza de un proceso de la manera como ha subsistido en Occidente desde Roma. Ahora la propuesta trae un esquema más radical: el juez participa como cualquiera de las partes en la actividad de promover y evacuar pruebas. Se trata de un juez autoritario que se aparta de lo que ha sido la tradición en materia probatoria en el sistema civil. Esto, desde luego, debe discutirse ampliamente en vista de la falta de confianza en muchos de nuestros jueces de las instancias. Estas normas, lejos de contribuir con un proceso equilibrado, imparcial y transparente, aumentarán la arbitrariedad de jueces parcializados por algún motivo. Se trata de ir de la figura del juez director del proceso al juez dictador del proceso.

Para discutir los aspectos señalados y otros de igual relevancia, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales ha organizado unas jornadas para el día 12 de mayo, a partir de las 8:30 am, en las cuales se presentarán seis ponencias: Los principios procesales; Los poderes del juez; El sistema probatorio; La jurisdicción voluntaria y Los juicios ejecutivos; La eficacia de sentencias extranjeras y Cooperación internacional y La casación, cuyos ponentes serán Román Duque Corredor, Juan Carlos Apitz, Salvador Yannuzzi, Alí Venturini, Eugenio Hernández Bretón y quien suscribe, Ramón Escovar León. De esa manera, la academia presentará al país, como lo hizo en 1986, un bloque de reflexiones y propuestas que puedan significar una contribución a la discusión del proyecto de reforma del Código de Procedimiento Civil, buscando mejorarlo para hacer de él un cuerpo confiable para los venezolanos y de largo aliento en el tiempo.

 

Twitter: @rescovar