• Caracas (Venezuela)

Rafael Rodríguez Mudarra

Al instante

La unidad de la oposición, indispensable

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No puede considerarse como una extralimitación del debate político la frustración que anida el sentimiento de los venezolanos al aseverar que una voraz burocracia en función de gobierno, favorecida por los privilegios que le derivan del poder, ha propiciado una crisis económica de difícil recuperación; a la vez que se integra en pequeños grupos de personas contrarios a la formación de un proceso común que sirva de sustento al desarrollo democrático de la sociedad, ignorando, lo que es precepto rector la legislación del trabajo, que  establece: “ La riqueza es un producto social generado principalmente por los trabajadores en el proceso social de trabajo”.

El inveterado comportamiento, de estos individuos ancestralmente corruptos y corruptores, insertos en altas posiciones de dirección gubernamental, ha conseguido de manera perversa amainar la democracia como sistema viable para el mejor desarrollo de la vida institucional de la república.

La democracia en Venezuela como forma de organización social ha dejado de ser, como lo era, la poseedora de la titularidad del poder, es decir, la organización civil que tiene como fin esencial la defensa y el desarrollo de la persona, el respeto a la dignidad, el ejercicio sin traba de la voluntad popular, y el predominio de las decisiones colectivas que mediante los mecanismos de participación constitucional se constituye en barrera infranqueable frente a la violación de cualquier derecho humano que garantice al ciudadano el libre desenvolvimiento  de su personalidad.

Tan indeseada conducta, que origina crisis de legitimidad, acarrea el surgimiento de profundas divergencias entre los sectores que en forma mayoritaria se han concienciado sobre la necesidad de revertir el sistema de tradición democrática usurpada a los fines de la preservación del Estado de Derecho, para consecuencialmente ser titulares de manera libre y estable de los derechos y deberes que le acuerda la Constitución de la hoy llamada  República Bolivariana de Venezuela.

Con la llegada al poder por vía constitucional del indultado expresidente golpista Hugo Rafael Chávez, lo que ha dado en llamarse la “revolución  que refundó la patria del siglo XXI”, se instaura un gobierno de ejercicio autoritario, con posición marcadamente personalista sin contenido doctrinario que pueda justificarlo, impositivo de su voluntad, sin consenso participativo; que ha homogenizado todos los planos de la vida política incluso el privado llegando a la negación de cualquier tipo de discrepancia,   símil de la desaparecidas dictaduras que fueron ejercidas por Francisco Franco, Benito Mussolini y Adolfo Hitler, sujetos estos que concibieron el totalitarismo en el terreno constitucional como la unión de todos los poderes  en un solo poder.

El predominio del régimen militar en Venezuela y la desaparición del ejercicio civil en función de gobierno, constituye un hecho consumado. La Fuerza Armada ha dejado de ser una institución sin militancia política. Los militares activos con anuencia plena del presidente civil se han constituido  en militantes activos del partido de gobierno donde se desempañan como dirigentes fundamentales del llamado proceso.

Diosdado Cabello es un  militar, advenido al poder como integrantes del grupo juramentado con el “comandante eterno”, se encuentra en servicio activo. Se desempeña como vicepresidente del partido de gobierno, además de ser en la actualidad presidente de la Asamblea Nacional; es el militar de más peso en la burocracia venezolana y sus opiniones aceptadas a plenitud  por el presidente de la República, lo que se evidencia de las intervenciones  de este  último en las actividades discursivas que realiza en los plantones de tropas; no obstante tantas prerrogativas, entre sus virtudes notorias se percibe la preferencia que le ha dado a sus  familiares en grado de consanguinidad y colaterales, como también la de exhibirse como enemigo de la inteligencia al vincular a los medios de comunicación con la guerra mediática y la guerra económica.

El capitán Cabello como personaje heroico del proceso ha hecho abstracción al deber principalísimo de evitar que la Asamblea Nacional funcione como un poder eficaz, capaz de discutir la elección de los ministros, de los presidentes de institutos autónomos, de convertir la Asamblea Nacional en un  poder frente al presidente, de ejercer el voto de censura, no entiende que el poder absolutista es la concentración de todas las facultades en el presidente de la República y que el poder democrático  es el ejercicio de dos poderes: uno que ejecuta y administra, y otro que legisla y controla. El Parlamento, el nuestro, el actual está dominado por la imposición grosera y bárbara de la voluntad mayoritaria de los diputados del sector oficial. La fuerza moral y ética del Parlamento se ha prostituido, no hace otra cosa que servir de alabardero a la indebida conducta del Poder Ejecutivo. 

Por eso, más que un deber es obligación del mayoritario conglomerado opositor nacional: el prepararse en forma unida y transparente, conformando criterios homogéneos que permitan, mediante el alcance una mayoría parlamentaria calificada hacer efectiva las bases doctrinarias del principio de la incompatibilidad de los poderes públicos, como lo establece la Constitución, para imponerle al actual gobierno autoritario y fascista, la obligación de rendir cuenta al Poder Legislativo, como poder representativo de la opinión, dado que la voluntad del pueblo no es otra que el Poder Legislativo.

Pretender que los candidatos para diputados y diputadas a ser presentados por el gran conglomerado opositor se inserten en una sola lista de organizaciones conformada por partidos minoritarios, que no son más que  “primos inter pares entre sus iguales”, es algo más que imposible. Las circunstancias reales nos indican que el proceso electoral que se avecina no está para exclusión de los que no sean integrantes de estos grupos; por lo que no puede imponérsele consenso a personalidades valoradas por sus luchas y capacidades de sacrificios en las regiones; menos aún tarifar ciudadanos para presentarse como candidatos en un proceso democrático y participativo, es algo vergonzoso y discriminatorio. La presencia de candidaturas en las circunscripciones será promiscua, no cabe duda, pero con un gran sentido de responsabilidad cívica, por lo que se hace necesaria  la unidad como indispensable para el logro de las propuestas que habrán de ser sometidas al electorado.

La intención de participación en un proceso electoral no es como se lo imagina un columnista de prestigio una confrontación de “izquierda- derecha”, esto solo se le ocurre a un gobierno tan disparatado como el militar cívico que pretende continuar gobernándonos; que proclama una lucha de clase sin asidero, en un país integrado socialmente en condiciones de igualdad gracias a la guerra de Independencia y de la Federación. La confrontación se plantea entre un gobierno autoritario y un pueblo mermado en sus ingresos. “La   burocracia oficial  disfruta más de lo superfluo. El pueblo tiene menos de lo necesario”.

 

*Abogado, político, presidente de URD.