• Caracas (Venezuela)

Rafael Rodríguez Mudarra

Al instante

La unidad nacional para el revocatorio

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El referéndum revocatorio a celebrarse para el “cese” en el poder por adelantado del presidente Nicolás Maduro, da por descontado cualquier otra  interpretación que no sea la de considerarlo como el desarrollo de un proceso de entendimiento entre los venezolanos, que permita su convivencia pacífica; así como la protección de amparo por parte del Estado en contra de las violaciones de sus derechos humanos, humillaciones, atropellos, desapariciones, asesinatos, y las detenciones indebidas; para darle asidero permanente al profundo anhelo colectivo de que los órganos que integran el poder público nacional, sean incompatible en el ejercicio de sus funciones y se le impidan el papel de cirineo del Ejecutivo, lo que es evidente en la conducta exhibida por los poderes Judicial, Ciudadano y Electoral, que integran el poder público nacional.

La situación vivida en Venezuela por una población víctima de las mayores calamidades: desempleo, pobreza crítica, crisis humanitaria de salud, despilfarro administrativo, inseguridad, hambre, presos políticos, militares activos en funciones del gobierno ejercitándose como líderes políticos de un proceso harto cuestionado por la opinión pública; el presidente de la república infringiendo la Constitución con malicia manifiesta para impedir la ejecución del voto de censura parlamentario, recaído en dos de sus ministros peor evaluados; así como la arbitrariedad de imponer sin contrapeso judicial la prórroga del “decreto de emergencia”, mediante el cual ha dispuesto de recursos del Estado, de bienes y mercancías de empresas privadas, restricción del sistema monetario, sin solución de la crisis incrementada en forma exponencial; fuerzan a los venezolanos incluidos muchos de los que militan en el partido oficial a buscar con inmediatez una “salida”, que nos permita resarcir el Estado de Derecho y aventar para siempre la permanencia de un régimen fascista, antítesis del desarrollo institucional.

El uso que del artículo 72 de la Constitución se ha hecho para la revocación del mandato de Nicolás Maduro, por haber transcurrido la mitad del periodo para el cual fue elegido, es más que pertinente, por cuanto da cabida para que los ciudadanos con pleno derecho a la participación en los asunto políticos, puedan disponer de manera participativa del principio clásico universalmente imperante, implícito en el control de la función pública, según el cual “quien elige también puede revocar”.

Maduro, hoy entredicho está incurso dentro de la viabilidad del lapso para el  “cese” por adelantado de su mandato, por lo que transcurrido más de la mitad del periodo de este, considerado como periodo de prueba y, no habiendo cumplido con eficacia y responsabilidad el oficio que se le fuere encomendado, duda no cabe, que debe procederse mediante el ejercicio del sufragio a su reemplazo.

El insinuante sentimiento de “cambio” que anima a los venezolanos, obliga a poner en marcha un pertinaz movimiento de masas, cual mediante una  acción unitaria y compactada de dirección, entienda la necesidad de ordenar los dispositivos que aseguren el logro de tal propósito.

La movilización para llevar a cabo la revocación del mandato presidencial corre en paralelo con otros eventos, cuya preclusión de lapsos los hace exigible constitucionalmente, entre los que se encuentran: la renovación de los partidos que no sufragaron con tarjetas propias o se abstuvieron de participar en el proceso parlamentario, sin escapar de tal obligación: AD, Copei, VP, UNT, cuales perdieron legitimidad al integrarse al  partido MUD como se evidencia de la publicación del CNE;  así como también el sufragar en el proceso de elección de los gobernadores de los estado y el de  la representación de los consejos legislativos.

La oposición ha tenido desaciertos reprochables; uno de ellos, cuando abandonó el principio de acción unitaria que imponía la lucha política; equivocación conceptual inaudita no propia de un liderazgo combativo, que resalta irresponsabilidad manifiesta por no haber participado en las elecciones parlamentarias que tuvieron lugar el 4 de diciembre de 2005, no obstante haber presentado listas de candidatos, bajo el alegato de falta de garantía para el voto, lo que permitió al gobierno reformar sin impedimento la Constitución, hacer de la habilitación medio expedito para la elaboración de las leyes; es decir, los que fungieron como líderes del sector opositor con tan equivocada estrategia, facilitaron los abusos del poder sin contención alguna.

Empero, a manera de reflexión es más que positivo asentar, que la abstención provocada, causante de dispersión política, hubo de disminuir en forma ostensible, debido al comportamiento de acción revolucionaria, que a la postre liquidó la polarización y colocó al sector adverso a la política autoritaria del gobierno en el primer lugar de las simpatías del pueblo.

Empero, como incremento de la evolución política actualmente alcanzada, bueno es precisar como inicio fundamental para el logro de la unidad del pueblo, la participación de la oposición en las elecciones presidenciales realizadas el 9 de diciembre de 2006. Los coordinadores de tal evento conformado por políticos, sectores estudiantiles, dirigentes sindicales, gremiales y sectores progresistas de la nación, después de un exhaustivo análisis de consulta, presentamos al electorado la candidatura de Manuel Rosales.

Con la candidatura del ex gobernador del Zulia, disminuye la abstención, se rescata el ejercicio del sufragio universal, directo y secreto, convirtiendo tal medio de elección en el instrumento más que idóneo y poderoso para el imperio de la “civilidad”. La conducta política de los coordinadores de entonces; así como el acierto en la escogencia de Manuel Rosales, nos lleva a reconocer que nos abrió el camino, para que a través de la lucha democrática, se ganara el referendo constitucional celebrado en 2007; y se recobrara más adelante el poder autónomo de la Asamblea Nacional. Manuel Rosales en gesto que le da adhesión de solidaridad reconoció el triunfo de Chávez; este lo persiguió, no pudo ganarle elección alguna en el estado Zulia; y los que fueron sus denunciantes arrepentidos inculpan al difunto presidente en tan aberrante fechoría. Manuel Rosales hoy objeto de secuestro político se encuentra acosado por una justicia no idónea, incapaz de ejercer el control difuso de la Constitución.

La recolección de firma para la revocación de la ineficaz administración de Maduro no es un acto de partido, dado que constituye una voluntad no sometida a control partidista, que impone la conformación de un gran frente de unidad nacional.