• Caracas (Venezuela)

Rafael Rodríguez Mudarra

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La lección de la voluntad popular

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Una de las expresiones más importantes de la voluntad popular en Venezuela se manifestó el 30 de noviembre de 1952,  fecha fijada para la elección de diputados a integrar una Asamblea Nacional Constituyente; en esa oportunidad 1.200.000 votos le dieron el triunfo a las listas presentadas en las distintas jurisdicciones electores por el partido Unión Republicana Democrática, liderado por Jóvito Villaba. Ese día el pueblo votó contra las bayonetas, el espionaje y el terror; el pueblo triunfó.

En esa época el más conspicuo representante del sistema dictatorial, el militar Marcos Pérez Jiménez, fue coto cerrado para establecer asomos de conciliación entre sus ambiciones personales de perpetuación en el poder y el sentimiento civilista del pueblo venezolano: harto de dictaduras.

Recalcitrante postura, contraria a todo intento de conciliación no permeable a ninguna instancia, planteó un enfrentamiento entre el poder militar y la sociedad civil que mantuvo al país subordina a un régimen, que actuando en nombre de la fuerzas armadas, pretendió mantenerse en el poder mediante el empleo del terror. Se crearon los campos de concentración para dirigentes adversos al régimen, conocidos como “Guasina” y “Sacupana”, poblados por presos políticos, sometidos a trabajos forzados, padeciendo hambre, enfermedades, bajo la administración de oficiales y soldados de la Guardia Nacional. 

Con excepción de la “época  de Juan Vicente Gómez, y por reseña de evidencia, en ningún momento de nuestra historia se cometieron tantos y connotados crímenes políticos como los consumados para despejarle el camino del poder absoluto al teniente coronel Marcos Pérez Jiménez; entre los crímenes, de mención especial, ocurridos en las más altas esferas del gobierno militar, se cuenta el llevado a cabo el 13 de noviembre de  de 1950 en la persona del presidente de la Junta Militar de Gobierno, teniente coronel Carlos Delgado Chalbaud.

Algunos historiadores, sin acarreo de dudas, refieren que Delgado  Chalbaud sostenía dentro de las fuerzas armadas la urgencia de revertir el régimen constitucional mediante la celebración de elecciones libres, lo que obviamente constituía obstáculo para los proyectos personales de Pérez Jiménez, cuales quedaron libres de atadura alguna con la desaparición física del referido militar.

El 30 de noviembre de 1952, Jóvito Villaba, quien sostuvo la tesis “de un gobierno de integración nacional que pudiera hacer posible el equilibrio de  las distintas fuerzas políticas”, llegó a decir: “El resultado de las elecciones no era el triunfo del partido URD, sino testimonio veraz de que en el seno de la opinión popular no existía ninguna corriente política exclusivamente  mayoritaria o hegemónica, es el triunfo de un pueblo que anhela libertad y busca justicia”.

El  triunfo logrado el 30 de noviembre de 1952 es desconocido por el régimen militar. El presidente del Consejo Supremo  Electoral, Vicente Grisanti, se negó a alterar los resultados y tuvo que asilarse en la Embajada de Brasil. Fueron expulsados del país los dirigentes de URD Jóvito Villalba, Ignacio Luis Arcaya, Humberto Bártoli, Díaz Legórburu y Ramón Tenorio Sifontes, entre otros

Pérez Jiménez en nombre de las fuerzas armadas, como instrumento viable para justificación del golpe, dispuso de todo el poder. Se promulgó una Constitución a la que puso el ejecútese el 15 de abril. El 19 de abril de 1953 el dictador se juramenta como presidente. Se instala una Asamblea Constituyente espuria. Las fuerzas armadas consideraron tal arbitrariedad como la representación consagrada  de la legalidad. El desconocimiento de las elecciones ganadas por la unidad popular, fue el tercer golpe militar que se sucedió en Venezuela en el lapso que transcurrió de 1945 a 1952: el primero lo constituyo el derrocamiento del presidente, general Isaías Medina Angarita, sustituido por una Junta Militar presidida por el civil Rómulo Betancourt; el segundo se le propició a Rómulo Gallegos; además de las fuerzas armadas, también hubo de darse el beneplácito del Departamento de Estado, John Foster Dalles pasó a ser el huésped anfitrión de la X Conferencia Interamericana que se celebró en Caracas en 1954; no dejando de tomar cupo una visible representación de “las fuerzas vivas”.

El 30 de noviembre de 1952 hubo de conformar una gran conciencia unitaria, logra el diálogo entre los dirigentes de las fuerzas políticas, sindicales, estudiantiles, el clero, periodistas y otros sectores de la vida nacional; e impone como principio de acción revolucionaria: la unidad y la armonía; se deponen actitudes sectarias. Se logra la cimentación de un poderoso frente de entendimiento nacional. Aparece la Junta Patriótica como el centro principal de la convergencia política. Se derrota la dictadura. Se instaura a partir de 1958 un  régimen de filosofía y representación  democrática.

Todo lo antes narrado, fuerza a un análisis sobre lo sucedido en Venezuela el pasado 6 diciembre de 2015, que a imagen y semejanza del vigente hito histórico que representó para las instituciones democráticas la experiencia del 30 de noviembre, nos lleva a considerarlos símiles, el uno del otro, por cuanto en las recientes elecciones para la renovación de la hoy “entredicha”  y “moribunda” Asamblea Nacional, el pueblo de Venezuela, mediante la personalización del voto, que ejerció libremente, sin obediencia al temor impuesto por los que fueron objeto de la derrota popular, en forma unida y con armonía manifiesta, supo integrarse y repudiar a una cacareada y disparatada revolución, empeñada en hacer de las dádivas y el populismo discursivo una perversión contrarrevolucionaria.

La oposición ha logrado un triunfo, sin duda impactante, concurriendo a una contienda donde el gobierno representado entre otros por destacados funcionarios públicos derrotados en las urnas electorales, exhibieron los siguientes percances: Jorge Rodríguez (1x10) como jefe de la campaña del GPP, se hace acreedor de la derrota chavista en el municipio Libertador; Tareck el Aissami es derrotado en Aragua; Argenis y Asdrúbal Chávez pierden la heredad electoral dejada por su hermano; Francisco Ameliach jefe de la política electoral PSUV es despojado de los circuitos chavistas en Carabobo;  por último el capitán Cabello integrante de la diarquía de mando, el más emblemático exponente de la arbitrariedad oficial; quien ha  transformado la Asamblea Nacional en corredor expedito para la práctica del autoritarismo presidencial; que ha perseguido a la prensa independiente; y en diversas oportunidades se ha sustituido las atribuciones que le son propias al presidente de la República; no obstante haberse mudado a Maturín, usar los medios de comunicación del Estado para sus caprichos  ostentosos de líder advenedizo, ha sido objeto de una derrota que lo coloca en posición de depredador del patrimonio electoral, que en la región estaba a la disposición de Hugo Chávez.

El 6 de diciembre constituye otro hito histórico, que conlleva a las diputadas y diputados, como representante del poder originario a continuar la evolución que se venía sucediendo en Venezuela en aras al mantenimiento de una democracia, erección que hubo de debilitarse, por  caprichos autoritarios de los que actualmente detentan el poder.

La victoria lograda para la integración del parlamento nacional, no le pertenece a organización política en particular; el pueblo expresó su consenso para disminuir el incordio de un grupo de señores que en flagrante violación de la Constitución, han hecho de los poderes públicos, un medio para el ejercicio ilegal de sus funciones. La actitud cívica del votante fuerza en la necesidad de transformar el ineficaz sistema de control administrativo, poniendo en marcha el método de examen previsto en la Constitución para la seguridad del limpio manejo de la  administración pública; para el establecimiento de la responsabilidad penal que pueda conducir a prisión al ministro corrupto; y el de la responsabilidad política que no es otro que el de la destitución del ministro, haciendo de urgencia  la comparecencia de este al recinto de la Asamblea Nacional a los fines de  rendirle cuenta de su gestión.

La crisis de gobernabilidad se agrava ostensiblemente, nuestro contradictorio presidente, se niega tercamente a entender que dicho cargo, obliga a la protección ciudadana, a respetarle sus derechos, a respetar el principio constitucional, basado  en la incompatibilidad entre las funciones  legislativas y ejecutivas, que una de las características del gobierno es la de ser responsable, para que se haga realidad, la efectiva moral política; como la oposición debe tener claro que gracias a la unidad del pueblo, pudo consolidarse un victoria plebiscitaria.

Finalizada la campaña electoral, obtenido resultados favorable para revertir  las instituciones, sería ocioso y contrario  al deseo de reivindicación institucional, empezar otra, sin sentido alguno, para la elección del próximo presidente de la Asamblea Nacional, la sindéresis es más que recomendable.