• Caracas (Venezuela)

Rafael Rodríguez Mudarra

Al instante

La diarquía que nos gobierna

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El atípico proceso penal, impeditivo de las garantías constitucionales que integran la legítima defensa incoado por el flamante político presidente de la Asamblea Nacional, capitán Cabello, contra El Nacional, Tal Cual y La Patilla; y en especial la persecución constituida en acoso que sin tregua de ninguna especie se ejerce contra el presidente-editor del primero y 22 de sus directores, sobre los cuales pesa actualmente medida de prohibición de salidas del país dictada sin responsabilidad de resultados que los haya declarado incursos en hechos ilícitos, dado la evidencia de la no existencia de amenaza escrita del diario perseguido, ni que pueda deducirse  embestida contra el sinárquico funcionario querellante, quien junto al presidente Nicolás Maduro integra la “diarquía de gobierno”, constituida por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, similar a la que el fascista Benito Mussolini integró con el rey de Italia, no es más que un sofisma  presentado con argumentación falsa contrario a la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. 

Esta agresión tan singular del presidente de la Asamblea Nacional de la República de Venezuela, de receptividad cómplice con los encargados de impartir justicia, sin haber sido notificados los agredidos de los cargos que se les imputan; sin acceder a pruebas; sin disponer del tiempo y los medios necesarios para ejercer sus respectivas defensas da por entendido que, en otras circunstancias se acarrea la nulidad de lo actuado, por ser constitucionalmente nulas la conducta gubernamental, asistiéndoles a los acosados razones más que suficientes para el fundamento y valencia del ejercicio de su legítima defensa, frente al comportamiento autoritario de la  diarquía que sin solución de continuidad actúa al margen del Estado de Derecho.

El Nacional más que patrimonio de un grupo familiar está asido al sentimiento nacional, se ha constituido en conciencia colectiva. Desde su fundación ha sido expresión del pensamiento escrito de la civilidad, a través de este medio se ha comprendido el alcance de la estimativa doctrinaria de la democracia y se practica el derecho a la libre expresión, el  pueblo lee con interés sus opiniones y conoce  de las críticas de los diversos sectores en cuanto a lo que hace el gobierno, y la defensa del gobierno a tales críticas, cumple con el deber de informar preservando el más estricto principio de la igualdad, acoge en sus páginas opiniones sin exclusión de ninguna índole.

El diario para cumplir con la Constitución, obliga que el artículo o la nota que en este periódico se publica lleva una firma responsable al pie, privando la suposición en el sentido de que si no tiene firma es la redacción  de este medio responsable de su contenido.

Con el respeto debido a reseñas que sobre la conducta del periódico han sido expresadas, razones de principio me fuerzan repetir lo que es de conocimiento público: “1950: 4 directivos del diario, 15 redactores y operarios de taller fueron apresados por la Seguridad Nacional; 1961 la Asociación Nacional de Anunciantes orquestó un  boicot publicitario contra el diario en rechazo a la posición ideológica de su director, Miguel Otero Silva, y a la línea editorial frente a la Revolución Cubana; 1983-1989: el gobierno de Jaime  Lusinchi limitó a El Nacional el acceso a las divisas (cualquier parecido con la vida real es pura coincidencia); 1992: tras el intento de golpe de Estado, el presidente Carlos Andrés Pérez designó censores en los medios de comunicación, incluido El Nacional”.

Como pretexto de retaliación contra este medio de información escrito bastó el reporte fiel de una noticia publicada por el diario ABC de España, que ha dado la vuelta al mundo, cuyo texto periodístico asegura: “Que Salazar informó que el presidente  de la Asamblea Nacional dirige el Cartel de los Soles; en concreto le vio dar órdenes directas para la partida de  lanchas cargadas con toneladas de cocaína, aportando presuntas evidencias sobre los lugares donde se almacenan montañas de dólares”, para que la inflexión del autoritario aparato gubernamental, dándose por desapercibido que la libertad de expresión es vital en el desarrollo y fortalecimiento del ejercicio democrático, como garantía del Estado de Derecho; para la formación de la opinión pública; para que los partidos políticos, los sindicatos, las colectividades puedan desarrollarse plenamente y a la hora de de ejercer sus opiniones estén suficientemente informados, en el entendido de que una sociedad que no esté bien informada no es plenamente libre, se dedicara a practicar una “cacería de brujas” en concreto contra el presidente-editor del diario en comento a quien Diosdado Cabello le imputa el delito de difamación agravada continuada, sin que en el reporte fiel de la noticia difundida se evidencie la intención de dañar o afectar el honor del querellante.

Tan insólita persecución objeto del repudio solidario de la comunidad internacional y de los sectores democráticos y progresistas del mundo, logra el pronunciamiento favorable de inconcebible respaldo del Tribunal Supremo de Justicia, al que le es de obligación anular todo acto oficial que tenga carácter anticonstitucional dictado por cualquier órgano en ejercicio del poder público; e incurriendo en el exabrupto que no le es propio, sin indagación de ninguna especie de denunciar operación irracional contra el país, respalda a Cabello, destaca su enorme sacrificio y entrega; a la vez que declara que las informaciones sobre el presidente de la Asamblea Nacional son inverosímiles, por lo que al carecer de veracidad acarrean sanciones. El comunicado de halago subalterno fue leído con fecha 21 de mayo de 2015 por la presidente del Poder Judicial.

Por lo que todo lo sucedido, nos lleva a considerar que hay en torno a la  libertad de expresión actualmente dos concepciones, la una, la constitucional que consiste en el derecho que tiene toda persona de expresar libremente sus pensamientos, sus ideas, sus opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin censura, sin ventajas a favor del gobierno ni de la oposición, en la información plena del ciudadano, así como el de ejercer el libre sufragio, lo cual constituye uno de los fines del Estado democrático. La otra la del gobierno autoritario con predominio militar, que tiene todas las ventajas del poder, que es dueño de lo medios de comunicación social, que utiliza los fondos públicos con fines partidistas y electorales, que a través de ese uso abusivo impide el camino a la convivencia ciudadana, divide a los venezolanos entre perseguidos y perseguidores.

El régimen se encuentra actualmente acorralado por la crítica situación económica a lo que su demagogia, insinceridad e incapacidad han llevado al país, sabe que su impopularidad crece como espontánea, que no retorna a la dirección humanista vivida por muchos años, que no abre las puertas al diálogo, que no quiere comprender que la contraposición de opiniones es primordial para el logro de la reversión institucional, que se resiste a concebir que el camino  de la libertad es el camino de la paz y que el sistema de la opresión y del silencio es el sistema de la violencia y del descontento permanente. Parafraseando a Gonzalo Barrios, la diarquía que nos gobierna: “Necesita un poco de ignorancia”.

 

Abogado, político: Presidente de URD.-1rodriguezmudarra@gamail.com; rodríguezmudarra@cantv.net

@ramudarra