• Caracas (Venezuela)

Rafael Rodríguez Mudarra

Al instante

Del defensor del pueblo

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Cuando las fuerzas represivas del gobierno, desprovistas de autorización judicial que lo justificase, allanaron las oficinas sede de la Alcaldía Mayor del Área Metropolitana de Caracas, consumando lo que se ha dado en llamar el secuestro del alcalde, hube de opinar sobre el absurdo e inconcebible hecho de retaliación política: “Que la detención de Antonio Ledezma y la forma arbitraria como se ha realizado, sin cumplimiento de los principios constitucionales que conforman al debido proceso, no es más que la expresión de una conducta fascista, previamente anunciada con el consentimiento y apoyo inexplicable e ilegal de un régimen autoritario hasta más no poder, que se niega a entender la obligación que tiene el Estado venezolano de garantizar a toda persona el goce y el ejercicio de los derechos humanos, a la vez, que condenaba en nombre de URD tan arbitrario comportamiento; y por considerarlo contrario a la moral pública conminé al defensor del pueblo abrir la más pertinente y exhaustiva investigación, debido a que tal arbitrariedad atenta contra la ética pública y la moral administrativa, en el entendido de que los funcionarios que cometen hechos contrarios a los principios de la honestidad, equidad, decoro deben ser severamente castigados”; y al conocer la noticia sobre el asesinato del liceísta, “scout” Kluivert Roa, por pedir el cese a la represión, hecho sin precedente que  ha consternado a Venezuela y al mundo, con disposición igual a la anterior, también hube de pronunciarme: “ Utilizar armas de fuego en una manifestación pacífica; y disparar a quemarropa, constituye la perpetuación de delitos de lesa humanidad.

“El defensor del pueblo está en la obligación de realizar la más estricta y exhaustiva investigación para ejercer la protección obligatoria de los ciudadanos, hoy desasistidos de ayuda humanitaria. Se impone castigar al que permitió que agentes de la policía concurran a una manifestación pacífica armados. La muerte de otros jóvenes ocurridas en situaciones extrañas no puede quedar impune. El joven fue asesinado según información de testigos presenciales, cuando inocentemente asistía a una joven herida”.

Las consideraciones antedichas me obligan a manifestar mi inconformidad con el comportamiento repudiado de los poderes públicos del Estado, en este caso los tradicionales: Judicial, Legislativo, Fiscalía General de la República y Contraloría General de la República; y a la Defensoría del Pueblo, esta última incorporada como una conquista, escudo de resistencia en defensa del atropello al ciudadano, dado que las mencionadas instituciones hasta ahora no han sido más que ventrílocuo de los que se atribuyen las funciones de gobierno, es decir, subordinados a las órdenes que puedan emanar del Poder Ejecutivo; a pesar de mi percepción del no cumplimiento del deber institucional de los órganos referidos; enterado de la designación del “poeta  de la revolución”, burócrata de larga data, quien en la llamada cuarta república, a través del Poder Judicial de esa época, de autonomía sin discusión, se activó como abogado defensor de los presos cuyos derechos habían sido presuntamente violados, fundamentando sus actuaciones en el respeto a los derechos  humanos, más tarde se le estimó como  redactor, del Título III “De los deberes, derechos humanos y garantías”, pautado en el Capítulo I Disposiciones Generales de la  Constitución Bolivariana de la República de Venezuela.

El funcionario de marras, cuando se produjo la “aceptada renuncia del fallecido presidente Chávez”, fue detenido en forma arbitraria, sin respeto de la inmunidad parlamentaria a la que era acreedor, hecho no aceptado por la ciudadanía; por lo que influenciado por un optimismo, después frustrado, incriminé la actuación del actual defensor, para que actuase en el caso de Ledezma haciendo valer el resguardo de los derechos constitucionales, entre otros, el de la presunción de inocencia y el cumplimiento de las garantías que para este gobernante le concede las reglas al debido proceso; y en cuanto al estudiante asesinado, demandé el castigo inmediato para el  funcionario militar que permitió u ordenó el uso de arma de fuego para reprimir una manifestación de estudiantes en pro de la autonomía universitaria y de beneficios para la preparación académica; así como el de la demanda inmediata de nulidad de la resolución emanada del ministro militar López Padrino, 8610, por ser su aplicación una violación flagrante de lo pautado en la Constitución que prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, también, me creí en el deber de que se procediera a la investigación de otros asesinatos, entre los cuales se encuentran los cinco jóvenes estudiantes, señalados con sus nombres por el profesor universitario Jesús Ollarves Irazábal, en su articulo: “La noche de los lápices”, los que durante el mes de febrero de 215, son víctimas de la desaparición forzada, aparecidos sin vida con torturas significativas, lo que el defensor nombrado ha debido investigar y pedir castigo severo para los autores intelectuales y materiales, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada, empero, todo el interés puesto en mi empeño de cumplimento del Estado de Derecho para el restablecimiento de la independencia de las instituciones se convirtió en deseo, no ha producido los frutos esperados; nuestro flamante funcionario no es más que predicador de halagos, la defensa del puesto, se encuentra por  debajo del cumplimiento del deber.

El “revolucionario poeta”, se ha convertido en asiduo visitador de los medios de comunicación; y a través de sofismas discursivas convierte la revolución en un credo sin contradicción, la violencia viene del sector adversario, es decir, este personaje de estreno no quiere entender, lástima sin duda, que tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidas en la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos y difusos de los ciudadanos.

Para el defensor en ejercicio, la imaginación de Maduro, de Diosdado y de Padrino López se antepone a la realidad. El autoritarismo se constituye en   filosofía.

El Nacional en su editorial del lunes  2 de febrero  de 2015, al referirse al silencio del defensor, dice: “Conmovido por la desaparición de una perrita  debido a los descuidos de una línea aérea, quiso ayudar a los afligidos propietarios. Movió los resortes de su oficina para el encuentro de la mascota. Fue una conducta prometedora. Si así se preocupa el defensor del pueblo por el drama de una parentela desconsolada ante la falta de una compañía del reino animal ¿que no hará cuando deba cuidar los seres humanos, a los ciudadanos de la república cuyos representantes lo elevaron al cargo?, ahora no se trata de la desaparición de una perrita sino de la resolución 008610 del Ministerio de la Defensa, mediante la cual se autoriza a los miembros de la FANB la posibilidad de usar armas de fuego con balas de verdad en las manifestaciones que ocurran contra el gobierno”.

 

*Abogado, político. Presidente partido Unión Republicana Democrática (URD).

@ramudarra

rodriguezmudarra@cantiva.net;

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