• Caracas (Venezuela)

Rafael Rodríguez Mudarra

Al instante

La ausencia de los poderes públicos

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

El presidente editor de El Nacional en su itinerántica estada por países de Europa, en reunión con eurodiputados en la Fundación Konrad Adenauer y en el Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica, habló: “Sobre los derechos humanos como valor universal de los hombres libres, sobre el caso de los presos políticos, de la ausencia de la libertad de  expresión y la no separación de los poderes en Venezuela”. Como era de esperarse, la consideración de la  observación europea se hizo de urgencia necesaria.También si se quiere a igual tenor los académicos de de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales celebraron la fecha aniversario, centenaria de su organización con el compromiso de defender el Estado de Derecho, la Constitución y la democracia. La emérita institución denuncia como lo peor: “Una democracia tambaleante y unos derechos humanos amenazados por los encargados de protegerlos”, ni el presidente de la República ni del Parlamento pueden modificar la Constitución y retirar a Venezuela  de la CIDH”.

En atención al referido, duda no cabe, que en los últimos meses fuera de nuestras fronteras patria, se han aprobados acuerdos y resoluciones  tendentes a la divulgación de la violaciones de los derechos humanos, los que tienen por objeto persuadir al componente gubernamental  venezolano para la adaptación de una conducta que respete la naturaleza participativa  que le atribuye la Constitución a la democracia venezolana, hoy no cumplida, mediante la cual el Estado garantiza la intervención del pueblo en su actuación de tener como inalterable, intangible y progresivo la obligación que tiene el Estado, como producto de la evolución de la democracia, de estimular la intervención del pueblo en su actuación, concediéndole papel determinante en al gestión de los asuntos políticos.La igualdad, que por disposición constitucional tiene que presentarse como la decisión política más fundamental para el fortalecimiento del Estado de Derecho, reconocida en la Constitución vigente, como garantía del libre desenvolvimiento de la personalidad, la que no permite menoscabar los derechos y libertades de las personas ni las condiciones jurídicas  administrativas para que esta ante la ley, sea real y efectiva se ha hecho inexistente; el propio presidente sin recato alguno, actuando como “deslenguado mental” con uso de los medios comunicacionales del Estado  a su servicio, en forma abusiva insulta y descalifica a la gran mayoría opositora, la cual no ha logrado persuadir con sus desplantes agoreros.Los  muchos esfuerzos hechos por los pocos directores de medios no comprados ni sumisos a los dictados del capitán Cabello, cuenta con un respaldo si se quiere ecuménico: los pronunciamientos que a favor del respeto a los derechos humanos; del respeto al debido proceso, a la libertad de expresión; a la libertad de los presos políticos sin distinción de persona en particular; a la promulgación de una ley de amnistía que permita el regreso de los exiliados y perseguidos políticos, late en el corazón del pueblo venezolano. El aplicar las medidas de corrección, poner a un lado la incapacidad y desidia del gobierno, evitar  que se empeore la calamitosa  situación económica, admite el concurso de todos, incluidos por supuesto “los pelucones”, sector mayoritario de la población que hoy es adversa a la política de este gobierno  de integración militar en demasía.Los planteamientos de Otero y de la Academia de las Ciencias políticas, objeto de receptivos comentarios, tienen pertinencia, con abstracción de    caprichos que puedan considerarse injuriosos, no han hecho otra cosa que no sea las de impedir la violación flagrante de la Constitución. Han actuado como ciudadanos no investidos de autoridad; pero con la intención patriótica de colaborar en el restablecimiento de la vigencia de esta.Se hace inaceptable, por contrario a una sana política social que desde  1952, estadísticas en manos, los sindicatos y empresarios de Venezuela han introducido 115 denuncias, de las cuales 60 incoadas durante las etapas de gobierno de Chávez y Maduro, siendo uno de los casos más emblemáticos el despido de 19.000 trabajadores peroleros, haciendo  las autoridades competente caso omiso al llamado al llamado de la OIT para su reenganche.

Ni Maduro ni Cabello, ambos coaligados en ejercicio autoritario de poder   han entendido ni quieren entender que el control democrático de la sociedad tiene que hacerse a través de la opinión pública, fomentando la transparencia de las actividades funcionariales, reconociendo la igualdad que trascienda la noción retórica de un estalinismo imbuido en el gendarme necesario, en el derroche sensual del poder, en el nepotismo nefasto con  agregado de fantasía epónima, que no son más que tópicos referenciales de   retórica decimonónica, practicando a imagen y semejanza del desfasado  régimen castrista la escogencia de los cinco poderes que integran el poder  público mediante decisiones piramidales de escogencia, todo dirigido a una intención de continuidad sin receso de ejercicio autoritario y excluyente de poder.

Hablar de ausencia de los poderes públicos en Venezuela es tan cierto  como decir que carece de desmentido alguno la crisis económica, el despilfarro administrativo, la corrupción y la delincuencia organizada, o que la cultura oficial no es una cultura totalitaria; por más que a través del miedo pretenda disimularse, cada día es mas tangible.Con el advenimiento del llamado proceso hoy en vía de inflexión creciente, la incompatibilidad de los poderes se ha hecho inexistente, la ausencia notoria de estos impide que se transite el camino de la moralización de la nación; le abre paso al totalitarismo que es el asidero constitucional de todos los poderes en un solo poder, es reproducir la situación de los países que han transitado el fascismo, la del establecimiento de un solo poder en el gobierno, sin poder alguno que pueda controlarlo. El comunicado del 21-05-2015, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, sin más connotación que la de laudatorio, al expresar en ocurrencia de contexto: “Que apoya al diputado Diosdado Cabello por el trabajo institucional de calidad que ha realizado con enorme sacrificio, entrega, valentía y profundo compromiso de cumplir y hacer cumplir la voluntad del pueblo”, constituye una sentencia con fuerza de definitiva e inapelable, que evidencia la sumisión del Poder Judicial a las directrices que puedan emanar de Miraflores.

*Abogado, político, presidente del partido Unión Republicana Democrática (URD)1rodriguezmudarra@gimail.com; rodriguezmudarra@cantv.net;  @ramudarra