• Caracas (Venezuela)

Rafael Rodríguez Mudarra

Al instante

Operación Manuel Rosales

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Eladio  Aponte Aponte, ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia  de la  República Bolivariana  de Venezuela, hubo de entregarle al hoy imputado como narcotraficante Walid Makled la credencial que lo identificaba como alto “comisionado” de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de la República de Venezuela, lo que le permitía actuar en forma respetada e impune en todo el territorio nacional. Generó suspicacia pública que durante el allanamiento que se realizó a la casa de Makled, en el acta policial quedó registrado que se había encontrado “un  libro con dedicatoria, dirigido al ciudadano allanado, referente a ‘los restos de la justicia  venezolana”. Cuando se indagó al respecto, no era otro que la impresión del discurso pronunciado por el funcionario de marra con motivo de la apertura del Año Judicial 2006.

El hallazgo  se constituyó en un hecho comunicacional al alcance de todos, por cuanto tuvo como  bitácora  de indagación el contenido de la decisión Nº 395, expediente Nº E10-270, proferida por la magistrada Deyanira  Nieves Bastidas, mediante la cual se declaró procedente la solicitud de extradición al gobierno de la República de Colombia por los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, legitimación de capitales y asociación para delinquir del ciudadano Walid Makled García.

Contra este atípico hombre, habida cuenta de la no indagación de tan grave conducta, quien suscribe el presente artículo, con fecha 11 de abril de 2011, actuando con su condición de ciudadano y de presidente del partido URD, acudió por ante el Consejo Moral Republicano de Venezuela a los fines de denunciar unos hechos, en nuestra opinión delictivos, que con anterioridad le fueron presentados a la Fiscalía General de la República, que por su naturaleza atentan contra la ética pública, la moral administrativa, contrarios a los principios de honestidad, equidad, decoro, lealtad, vocación de servicio, disciplina, eficacia, responsabilidad, transparencia y pulcritud, en los cuales se encuentra incurso el entredicho magistrado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

Como resultado de la solicitud interpuesta, el órgano de expresión del Poder Ciudadano requerido declaró con lugar la solicitud de calificación de falta  grave contra el magistrado Eladio Ramón Aponte Aponte, lo que me obligó con posteridad, el 15 de marzo de 2012, a pedirle al Ministerio Público la prohibición de salida del país del magistrado referido, como presunto responsable de delitos de trascendencia nacional, y su comparecencia ante la Asamblea Nacional a los fines de la rendición de cuentas al pueblo, tal como lo establece la Ley Orgánica del Poder Ciudadano.

El hoy ex magistrado no ha pagado condena alguna y viaja por el mundo. La riqueza súbita e ilícita de la cual es poseedor le permite tan sensual deleite. El que fuere magistrado del TSJ ejerció la justicia a su imagen y semejanza; tuvo relaciones íntimas, sin discusión de complacencia, con los cinco poderes en que se divide el Poder Público Nacional.

El magistrado prófugo, actuando con premeditación y maldad tarifada, tuvo la ocurrencia, lo que me obliga al presente escrito, de haber dirigido el acoso contra Manuel Antonio Rosales Guerrero, hoy exiliado en la República del Perú,

Manuel Antonio Rosales, que ha estado expuesto desde el año 2001 a serios y graves perjuicios derivados de su actuación y opiniones políticas; que es un líder carismático, luchador social por excelencia; que fue candidato a la Presidencia de la República –por él votamos miles de venezolanos– con un ascenso impresionante en el sentimiento de las masas desposeídas; fue gobernador reelecto por el estado Zulia y alcalde del municipio Maracaibo; hoy se encuentra  sometido a un proceso penal sin ninguna clase de garantías constitucionales ni procesales, con impedimento para ejercer en forma adecuada y efectiva su derecho a la defensa. El agente de tan insólita tropelía es nada más ni nada menos que el defenestrado ex magistrado Eladio Aponte Aponte, quien abusando de su poder, convertido en gestor de la justicia, se convierte, en forma contumaz, en agente de persecución de este respetado venezolano.

Eladio Aponte Aponte, en su ejercicio como magistrado del TSJ, se hizo cargo del manejo absoluto del Circuito Judicial correspondiente a la Circunscripción del Estado Zulia; por lo que, al entender de muchos, este estado que fue de cuido esmerado en cuanto a su seguridad interna durante el desempeño del gobernador Rosales habría que transformarlo en objetivo estratégico de la mayor importancia, a los efectos de los negocios ilícitos que habrían de suscitarse, sin importar los métodos empleados para su logro.

El estado Zulia es frontera con Colombia, con una tendencia ascendente para ser mercado espectacular del consumo de droga; además de puente para otros mercados. La presencia de Rosales como activista político y funcionario de trayectoria honesta al frente de la mayoría opositora zuliana  era inconveniente. Con Rosales al frente de la dirección política de esta  región era más que imposible establecer vinculación alguna del ente judicial  penal venezolano con el narcotráfico.

El coronel magistrado, como experto en el manejo tropero, conocía con claridad tal situación de impedimento que habría de presentársele, por lo que empleando la argucia  aprendida en el desempeño de su oficio articula   una serie de maniobras, todas para impedir la participación política de Manuel. Así que, mediante el contacto y citación en el Palacio de Justicia del Zulia de José Pirela, secretario general del partido político Patria para Todos, consigue poner a este al frente de las denuncias contra Rosales por presuntos hechos de corrupción, lo cual no era más que una vulgar estrategia para facilitar los negocios que con su venia habrían de realizarse.

Empero, para bien de los zulianos, incluyendo a la Chiquinquirá, la maniobra urgida se ha derrumbado. José Luis Pirela, quien fungió como la “cara visible” de las denuncias de presuntos hechos de corrupción atribuidos a Rosales, con fecha 28 de julio de 2015, a través de comunicación escrita formalizada ante la  Fiscalía  General de la República, declara: “Tengo una obligación  moral con la verdad, con mi conciencia, con mi familia y con Venezuela. Como víctima del  hostigamiento y presiones del coronel magistrado Eladio Aponte Aponte, fui una herramienta que pretendieron utilizar para manipular hechos, para torcer la verdad, para enmascarar a la justicia; pero hoy asumo, con todos los riesgos y consecuencias que ello implica, decir la verdad de los hechos sobre la persecución política en contra de Manuel Antonio Rosales Guerrero”.

Todo lo dicho nos lleva a afirmar que Manuel Rosales ha sido exculpado de estar incurso en situación delictiva alguna; que no existen razones para  estar fuera de su país, que la jueza o juez que conoce de tan malicioso proceso debe de oficio y en conformidad al cardinal constitucional declarar la nulidad de todo el proceso desarrollado contra Manuel Rosales, sin dilación alguna.