• Caracas (Venezuela)

Rafael Rodríguez Mudarra

Al instante

Elecciones parlamentarias, incompatibilidad

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El comportamiento de rechazo  de la fracción  parlamentaria  del oficialismo, en la sesión  que se realizara el día 7 de abril de 2015, a la proposición  hecha por el sector opositor de invitar a la canciller  y al Alto Mando Militar  “para que expusieran al Parlamento qué ha hecho el gobierno con respecto a la arbitrariedad que Guyana adelanta en la zona en reclamación”; así como  la ocurrencia de la diputada Blanca Eekhout de pedir que se abriera  una investigación a la oposición “porque busca crear un conflicto con Guyana”, más  que inaudito,  viola  en forma flagrante la facultad del Poder Legislativo de ejercer el control  sobre el gobierno,  teniendo carácter  comprobatorio los  elemento obtenidos  de ésta función,  como también  dar voto de censura  a los funcionarios  señalados en la Constitución con el requerimiento de las tres quintas partes de los diputados, implicando la destitución de tales funcionarios, los cuales no son otros que el vicepresidente  y los ministros.

El hecho   escenificado derivado de la conducta  inconstitucional de la mayoría de los parlamentarios obedientes a los intereses de los que detentan el poder, menoscaba la autonomía indivisible que le atribuye a la Asamblea Nacional  la titularidad de soberanía, perdiendo  el Poder Legislativo la función de establecer el derecho, nos hace retroceder a la vieja política decimonónica de Cipriano Castro y Ezequiel Zamora en cuanto a la obediencia  forzada a las decisiones de  un régimen,  con abundante componente  castrense  en  su integración de mando; y  con opinión mas que deliberante en la altas decisiones de poder Ejecutivo.

Con el mejor criterio de estimación a lo anteriormente dicho,  se hace obligatoria llamar a la conformación de un frente, amplio, unitario sin prejuicios de ninguna clase; sin predominio de los que puedan ingenuamente creerse la solución de los arduos problemas que atraviesa el país; y en consideración al desbarajuste administrativo,  emprender una campaña de concienciación que nos lleve a la mejor y efectiva  escogencia de los diputados o diputadas a  postularse como candidatos a participar  en la elecciones parlamentaria, próxima a realizarse.

Decir que en Venezuela  el predominio  de una estirpe militar en función de gobierno  se ha apoderado de la sociedad civil y de sus instituciones no puede  considerarse  exagerado;  si se toma  en cuenta  que el gobierno civil instaurado a partir de 1958, fecha ésta de la desaparición de lo que habíamos  tenido como nuestra última dictadura, dejó de entenderse como tal con el advenimiento al poder del grupo militar que comandó Hugo Chávez, creándonos  dudas razonable sobre la convicción de que a tenor de la Constitución “Venezuela  se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, la preeminencia  de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”,  por cuanto es notorio  la conducta  de dirección autoritaria  del actual régimen que ha venido subestimando la Constitución como norma suprema y fundamento jurídico, sin contrapeso alguno de las instituciones encargadas  del control jurisdiccional de los poderes públicos.

Son muchos los venezolanos que se resisten a admitir que el presidente Maduro goce a plenitud la atribución constitucional, que lo faculta  para  “dirigir la Fuerza Armada Nacional, en su carácter de comandante en jefe, ejercer la suprema autoridad de ella  y fijar su contingente”, habida la  voluntad inquebrantable manifestada por el sector castrense  de ser participe en la  lucha política; es decir la Fuerza Armada Nacional ha dejado de constituir   una institución esencialmente profesional, para integrase  al debate político y elaborar resoluciones, que en violación a la Constitución, permite a los agentes del orden público el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacificas , todo con la justificación arbitraria de la fracción  parlamentaria del sector oficialista. Tal conducta de  inspiración fascista, desnaturaliza la independencia de los poderes públicos, permitiendo la inexistencia del Estado de Derecho.

La convocatoria  para la elecciones parlamentaria, habida consideración de ausencia de civilidad,  debe  llevarnos a  la  consolidación de la  renovación del Poder Legislativo,  para  hacer que impere  la incompatibilidad, y que como poder deliberante y  legislador sea capaz de  imponerle  al poder Ejecutivo normas de seriedad y de honestidad, para impedir que pueda sucederse que Venezuela  se convierta en pueblo tarado, víctima del absolutismo, la corrupción y  ser mandadero de las órdenes  que le imparte el presidente  Maduro.

La Asamblea Nacional la cual forzosamente debemos renovar mediante la obtención de un gran caudal de votos  a favor del conglomerado mayoritario del sector opositor,  de conformidad a sus actuaciones se ha transformado  en  el presente en  una entelequia, que sobrecogida  de pavor, flaca y enclenque, presidida, dirigida de manera tropera  por un militar  advenido a la política, parece ser  una  “escultura de adorno”, incapaz de mantener una actitud de independencia  y dignidad, preservando la incompatibilidad entre las funciones legislativa y administrativas.

El descrédito del gobierno militar-cívico, que ha dirigido la política venezolana por más de quince años, comienza a escenificar un estado de de decrepitud  que se denota en la ineficiencia para gobernar, con perdida notoria  de la confianza que muchos sectores le habían venido depositando, los que sintiendo  la defraudación de que han sido objeto, se unen a los sectores opositores para el logro de un cambio, que le permita  cubrir sus necesidades sociales, imponiéndonos  la obligación de concebir la democracia  como una forma de organización social que debe atribuir la totalidad del poder al conjunto de la sociedad para la existencia  de un órgano legislativo independiente, con funciones incompatible con las del poder ejecutivo, la de actuar sin exclusión con el fin de  que las decisiones adoptadas por el pueblo mediante los mecanismos de participación le confieran legitimidad  a sus representante ¿Seremos capaz de cumplir esta obligación? Si lo hacemos, que Dios nos premie.