• Caracas (Venezuela)

Rafael Rattia

Al instante

Contribución a la crítica de la razón burocrática

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:


No se trata de que la llamada “revolución” bolivariana se burocratizó y abandonó los principios “revolucionarios”; en rigor, nunca hubo una tal revolución. Lo que surgió en el año 1998 de la pasada centuria en Venezuela fue un cambio político que posteriormente desencadenó un proceso asambleario con carácter ciertamente constituyente que, a la postre, terminó diseñando una nueva Constitución que obligó a redactar algunas nuevas leyes orgánicas y ordinarias que aparentemente dieron la impresión de asistir a la inauguración de un inédito orden jurídico político e institucional. Por ejemplo, las condiciones históricas que hacen posible el surgimiento de la razón burocrática continuaron inalterablemente reproduciéndose al interior del viejo estado clientelar-paternalista que se instauró con la cultura partidocrática que surgió a la sombra de la Constitución de 1961, con el llamado “pacto de puntofijo”.

Los viejos estilos de gerencia del entramado institucional que rigió las relaciones políticas entre el Estado y la sociedad continuaron intocados con el advenimiento de la llamada quinta república. Nuevos nombres para viejas y esclerosadas prácticas y procedimientos gerenciales. El partido socialdemócrata, alternando su gobernabilidad con el partido socialcristiano, designaba a los funcionarios públicos de acuerdo con grados de compromisos y lealtades con la estructura político partidista, y creaba de tal modo una vasta base social de militantes y activistas medios e intermedios que, habiéndose sacrificado durante las campañas electorales una vez logrado el triunfo electoral del partido, exigían como contrapartida la correspondiente contraprestación burocrática bajo la modalidad de cargos y canonjías en la administración pública central y descentralizada. Ministerios, institutos autónomos, gobernaciones y alcaldías pasaban a ser una especie de botín burocrático que servía para premiar lealtades entre el abigarrado tejido de líderes, dirigentes y militantes de las bases partidistas, que resultaban triunfantes en las justas comiciales a la Presidencia de la República.

Los antecedentes históricos de tales expresiones de reparto de la renta nacional vienen de aquella famosa Ley de Haberes Militares del siglo XIX. Al término de la Guerra de Independencia había que reconocer el arrojo y sacrificio de tenientes, capitanes, comandantes y mayores que en uno u otro sentido habían dado sus mejores años a la causa republicana de la independencia. Como las arcas nacionales habían quedado exhaustas por los onerosos gastos y erogaciones de la guerra la élite gobernante, apeló al recurso de retribuir el sacrificial patriotismo del Ejército venezolano y los dotó de lotes de tierras y ganado realengo que abundaba en las extensas sabanas del llano y oriente venezolano. Hatos y haciendas confiscadas a las familias oligárquicas “antipatriotas” pasaron a manos de “patriotas republicanos” que expusieron sus vidas en favor de la causa independentista. Lo mismo ocurrió, mutatis mutandis con la política de tierra arrasada que comandaba el mítico y legendario ministro Loyo al frente del ministerio o Instituto Nacional de Tierras conocido por sus tenebrosas siglas INTI e impecablemente culminada labor que llevó a cabo el camarada Jaua cuando en su momento comandó las huestes campesinas del PSUV sembrando el pánico y terror en todo los largo y ancho del territorio nacional blandiendo las decimonónicas banderas zamoranas de “tierras y hombres libres”. Ambos, Loyo y Jaua, intentaron infructuosamente culminar el trabajo de devastación que no pudo llevar a cabo el temible terror del llano José Tomás Boves en el siglo XIX.

El burócrata se mueve como pez en agua en su burbuja confortable de mullido sillón oficinesco, con aire acondicionado y teléfonos corporativos con rentas ilimitadas con cargos al erario público nacional. Un ícono del típico burócrata revolucionario, conocido como el “revolucionario exitoso”, lo constituye el camarada escoltado por una legión de guardaespaldas que vela por la “integridad física” del camarada gobernador o el camarada alcalde, o camarada diputado, tiempo completo al servicio de la construcción de la revolución socialista. La lógica burocrática de la ética leninista (perdónese el oxímoron) exalta el altruismo revolucionario y justifica moralmente que el revolucionario se apropie indebidamente de los bienes patrimoniales de la nación bajo el manido argumento de que el camarada está construyendo la sociedad futura, está echando las bases de la nueva sociedad y, por tanto, el partido único bajo la forma de la vanguardia política le permite el usufructo de groseros y obscenos privilegios económicos y políticos que terminan por configurar una odiosa y abominable clase tecnoburocrática más temible e implacable que la clase dirigente del Ancien Regimen.