• Caracas (Venezuela)

Rafael Rattia

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Carta magna y realidad nacional

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Una cosa es la teoría y otra, muy distinta, es la realidad; la triste y lamentable realidad que padece una nación al borde del más espantoso precipicio histórico que jamás tuvo ante sí en toda su historicidad constituida como república independiente desde 1810.

Haga usted, hipotético lector de estas intempestivas líneas, un ejercicio de lectura y cotejo de nuestra Constitución y corroborará cómo, efectivamente, –de pronto– el texto constitucional establece una cosa y la cruda y las más de las veces terca realidad lo desmiente en nuestras propias narices. Desde el ilusorio Preámbulo se advierte el fetichismo jurídico que subyace en el substrato metateórico del texto magno en cuestión.

Desde las primeras líneas el poeta que supuestamente redactó el prolegómeno se cita al pueblo que a su vez invoca la protección de Dios y el ejemplo de nuestro Libertador Simón Bolívar y el heroísmo de nuestros antepasados indígenas con el fin supremo de refundar la República. Desde 1999 hasta el presente ha corrido, obviamente, mucha agua bajo los puentes de nuestro devenir sociohistórico y político. Por ejemplo, pocas instituciones en Venezuela han sido tan denostadas por la revolución socialista como la Iglesia; sus más conspicuos representantes, desde la curia cardenalicia, pasando por monseñores, obispos y arzobispos hasta curas parroquiales han sido objeto de invectivas y denuestos nunca antes vistos en la bicentenaria relación interinstitucional entre el Estado y la Iglesia venezolana. El enunciado teoretético de la carta magna es laico y aparentemente “respetuoso” de la tradición eclesiástica pero en la práctica diaria la violencia semántica revolucionaria se torna profundamente anticlerical y enconadamente antieclesiástica. Ejemplos sobran y sería ocioso ponernos a enumerarlos aquí.

La Constitución también postula la reivindicación del protagonismo de nuestras etnias aborígenes pero a poco que volteemos a mirar la grosera realidad de nuestros pueblos y naciones indoamericanas observamos cómo el texto constitucional semeja una risible comiquita para uso de ingenuos. Legiones de indígenas deambulan como zombies famélicos y espectrales por calles y avenidas tendiendo sus débiles brazos en esquinas y semáforos de nuestro territorio nacional en procura de una limosna entre conductores y viandantes citadinos. Las denominadas minorías étnicas aborígenes que ocupan el territorio venezolano son hoy por hoy uno de los segmentos sociodemográficos más vulnerados y preteridos de la eufemísticamente llamada república bolivariana.

Veamos algunos ejemplos de la contradictio in abyecto que trasluce el divorcio entre los enunciados constitucionales y su obligatorio y obligante cumplimiento en primerísimo lugar por quienes están investidos legalmente para garantizar su ineludible observancia strictu sensu.

Artículo 2. “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.” Nada más falso y falsario. Cuando la artillería misilística de la propaganda mediática del sistema nacional de medios públicos dice, obscenamente: “Rumbo al socialismo…” no solo se violenta y vulnera el espíritu filosófico de la carta fundamental al traicionar lo que ella misma instituye como vocación democrática, sino también da la espalda y pasa por encima del inalienable principio soberanista que proclama: “La soberanía reside en el pueblo, que la ejerce a través de su poder constituyente originario”. A todo evento, constitucionalmente, Venezuela no es una nación “socialista”; ni la carta magna hasta ahora vigente estipula en modo alguno al Estado como un Estado revolucionario ni antimperialista, por lo cual sostener que Venezuela es una nación “socialista” es, por lo menos, un adefesio jurídico y un despropósito político de monta mayor.

Artículo 8. “La bandera nacional con los colores amarillo, azul y rojo; el himno nacional Gloria al Bravo Pueblo y el escudo de armas de la República son los símbolos de la patria”. Por ninguna parte se mencionan las estrellas que ocupan el espacio de la franja azul de nuestro símbolo patrio lo cual, eventualmente, nos podría inducir a pensar que se refiere a la bandera del hermano país Colombia.

Se ha puesto usted a contar las veces que se cita la expresión: “El Estado estará obligado a…”, “el Estado protegerá…”, “el Estado adoptará…” de donde se colige que la ley fundamental es filosóficamente hablando una ley fundante de una sociedad estatocrática, no cabe la más mínima duda de que la venezolana es una estructura paradigmáticamente estatalista; es decir, la sociedad queda profundamente atada y supeditada a los rígidos y verticales dictámenes de la élite tecnoburocrática estatista y estatizadora. Y, colateralmente, quién controla y dirige el Estado en Venezuela sino la partidarquía unipartidista del partido socialista. La antigua tríada burocrática Estado/partido/gremio fue reducida a una delirante dupla enajenante: partido-Estado que resume y sintetiza la alienación y absorción del individuo por el ogro dadivoso del big brother revolucionario. A la sociedad venezolana no le queda más opción que pugnar por recuperar su antigua preeminencia civil y civilista frente al neoexpansivo propósito colonizador del Estado militar revolucionario. Una vez más el devenir sociohistórico venezolano reactualiza la disyuntiva objetual no pocas veces irreconciliable de lucha por horizontes de intelección que enfrentan a la sociedad contra el Estado.