• Caracas (Venezuela)

Rafael Palacios

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Rafael Palacios

La carta que sí firmo

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Venezuela se ha convertido en un laboratorio para innovar en el campo de la sociología. Es un país donde la anomia social -en el concepto weberiano- ha adquirido dimensiones muy complejas. Y es que la forma que ha tomado la relación Poder-Estado-Ciudadano nos presenta una sociedad con serias "anomalías". 

Lo recientemente ocurrido con la Orden Ejecutiva del Presidente Obama; donde califica a Venezuela como: "amenaza" a su seguridad nacional y política exterior, y con lo cual pudo  sancionar a funcionarios venezolanos por haber incurrido en actos de violación de derechos humanos, ha generado un conjunto de reacciones inusitadas; desde actores políticos que hacen vida dentro del país hasta la comunidad internacional. Allí se observan dos cosas: ambigüedad o lealtad plena al gobierno. Ambas las ha sabido aprovechar el presidente venezolano, quien no titubeó en fomentar un sentimiento nacionalista; activó ejercicios cívico-militares y anda empecinado –como sea- en recolectar 10 millones de firmas que le sirvan para solicitar al mismísimo Obama, derogar la Orden Ejecutiva.

Esta película me ha hecho retroceder en el tiempo; recordé que cuando joven, si alguien se atrevía a hablar mal de mi madre, yo interrumpía. Yo la defendía y hasta me podía ir a las manos en nombre de ella. Algo así sucede ahora con el país, lo comprendo. Pero, también, comprendo que el país no es exactamente como una madre. Venezuela, no es un espacio terrenal, allí habita la política, el poder y los intereses. Allí hacen vida cíclica la verdad y la mentira.

Así las cosas, con la recolección de las firmas tenemos los venezolanos dos opciones: o se firma o no se firma. Lo que vale decir: sin saber lo que firmo ¿dónde firmo? o ¿qué es lo que firmo? y ¿por qué lo firmo?

 

Un paréntesis

La Unesco ha profundizado sobre datos relacionados con el hábito de la lectura en el mundo. Según sus últimos reportes, Venezuela está afectada por un alto nivel de "analfabetismo funcional". Dicen los reportes que la sociedad venezolana posee escasas habilidades para comprender un texto y carece de hábitos de lectura, sobre todo si se considera las características actuales de su sociedad y su relación con el tipo de lector que ella exige. También, se menciona, que aunque se lee más que antes, los venezolanos están mayormente motivados a leer solo lo que les interesa y no profundizan en la búsqueda de la "información indispensable". Venezuela no posee mucha tradición lectora, no es un país de lectores habituales, como tampoco lo son Colombia y México con una población que lee 2,2 y 2,9 libros por año respectivamente, mientras que otros países leen más: Perú (3), Brasil (4), Argentina (4,5) y Chile (5,4). En estos cuatro países más del 35% de la población lee motivada por poseer conocimientos generales o por placer. Al contrario en Colombia, México y Venezuela entre 30% y 67% de su población ha expresado no tener interés en la lectura. Un dato resaltante es que en México y Venezuela se invierten cerca de 1.450 horas al año en la televisión.

Es científicamente relacional el nivel de lectura con el progreso social y económico de un país: según la Unesco 91% de la población de Japón y 65% de la de Corea del Sur poseen un verdadero hábito de lectura. Finlandia, Canadá, Nueva Zelanda y Australia poseen el mayor número de lectores y les siguen las poblaciones de Suecia (80%), Finlandia (75%), Gran Bretaña (74%) y Estados Unidos (57%).

Estos datos levantan la sospecha sobre el nivel y la calidad de la información que maneja la población venezolana frente a las decisiones políticas, vengan de donde vengan. Surge la interrogante: ¿Cuáles son las fuentes de información que se imponen? Bajo esta realidad el gobierno convoca a los venezolanos para lograr 10 millones de firmas que solicite la derogación de la Orden Ejecutiva de Obama.

Comprendo las limitaciones actuales de los medios de comunicación en el país, pero ello no limita a decir que no ha habido una matriz de opinión lo suficientemente consistente que actúe paralelamente a la del gobierno y que ponga a conocimiento público los otros argumentos. No significa esto ir en defensa de Estados Unidos porque de lo que se trata es de exigir un derecho ciudadano, estar suficientemente informado.

¿Qué tanto se sabe del contenido de la Orden Ejecutiva?; de su origen y uso de los poderes del presidente de Estados Unidos para declarar la emergencia nacional estipulada en la National Emergency Powers. Asimismo, ¿cuántos conocen las intervenciones hechas por los funcionarios estadounidenses como la secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica, Roberta Jacobson y el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Michael Fitzpatrick? Ambos funcionarios han emitido amplias y firmes declaraciones al respecto. Fitzpatrick ha enfatizado en la OEA que: "La Orden Ejecutiva se refiere a siete casos de personas que han violado los derechos humanos" y ha aclarado: "Es nuestro derecho soberano sancionar a personas que violan los derechos humanos". Además dijo: "el alcance de la ley es solo nacional". Aclaró además que: "Con ello se ejerce un derecho soberano para proporcionar prerrogativas sobre el sistema de inmigración y el sistema financiero estadounidense".

Y si vamos mucho más allá: cuánto se sabe sobre el contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre o la propia Carta Democrática Interamericana? Estos documentos son uso exclusivo de la política internacional de hoy; de los que atacan y de los que se defienden.

Ciertamente, las palabras no son neutras y en política mucho menos. Ello ha servido para que la "amenaza" se haya convertido en el marketing político del momento y haya subestimado el objetivo de la Orden Ejecutiva, que eran las sanciones. La carta enviada por el presidente venezolano al pueblo de Estados Unidos a través de The New York Time es un claro ejemplo. 

Las otras firmas

A estas alturas se deberían movilizar firmas, no tanto con alma, vida y sangre pero seguro con “cerebro”; utilizando los argumentos y la racionalidad necesaria como lo han hecho recientemente los 900 científicos irlandeses, quienes le han pedido al Ministro de Innovación, Richard Bruton, un cambio en la estrategia nacional de investigación que ayude a alimentar el auge económico que ese país experimentó en la década de los noventa y que generó empleo y riqueza. Solicitan que se invierta y se desarrolle un programa en investigación básica a muy largo plazo y que no se asfixie el presupuesto en áreas como neurociencia, biología evolutiva, física y matemática.

Deberían recolectarse firmas como hace poco lo hicieran las 7.000 personas, incluyendo académicos de renombre como Judith Butler, Noam Chomsky, David Graeber, David Harvey, Axel Honneth y Saskia Sassen, quienes respaldan los derechos y reclamos del movimiento estudiantil holandés, pidiendo a su gobierno una mayor transparencia en las finanzas públicas en el campo de la educación superior. Hacen faltan firmas como las que acompañan el reciente informe enviado por los 71 científicos canadienses para solicitar al gobierno una nueva política nacional que enfrente el cambio climático. Estos científicos piden aumentar la dependencia total de electricidad baja en carbono para el ano 2035, reducir las emisiones de 26% a 28% para el año 2025, eliminar cerca de 80% de las emisiones para mediados del siglo, añadir más potencia solar y eólica a los suministros de energía hidroeléctrica abundante y eliminar los subsidios a los combustibles fósiles.

Necesitamos firmas para hacer rectificar al gobierno de Venezuela sobre las cosas de las que depende nuestro futuro. La política nacional de investigación no funcionó. Se requiere reformar la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación y ponerla en sintonía con un novedoso plan de industrialización nacional, transformar la economía nacional generando capacidades científicas y tecnológicas “específicas”, crear nuevos patrones de crecimiento económico a la mano de la investigación y desarrollo, redefinir un programa de inversión y con ello el papel del Estado en materia científica y tecnológica, atender los problemas de "demanda estructural del conocimiento" que afecta la colaboración entre las universidades y la industria,. No menos importante, es impostergable replantear la política exterior para promover la transferencia internacional de conocimiento.

¿Quién estampa su firma?