• Caracas (Venezuela)

Rafael Palacios

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¿Debate irrelevante?

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Si alguna deuda a estas alturas tiene la ciencia política en nuestro país es la de decirnos a los venezolanos sobre la verdadera descomposición que han alcanzado tanto el Estado como sus instituciones. En verdad eso no lo sabemos. Uno no alcanza a medir con exactitud la transformación en negativo que ha sufrido el Estado a lo largo de estos diecisiete años, con más rentismo y más  centralismo. Es complicado caracterizar el cambio cultural y hasta moral experimentado por buena parte de la clase política nacional. Por lo tanto, en medio de profundas necesidades, no debe de sorprender ver a una “sociedad pasiva”, una sociedad que no es la que era, que no puede reconocerse a sí misma.

Después del 6-D la Asamblea Nacional con mayoría opositora se alistó a emprender una agenda parlamentaria, que a decir verdad, más que una agenda programática para transformar el Estado y adecuarlo a las demandas de la sociedad, ha sido una agenda legislativa profundamente política. Lo programático y lo político en este contexto plantea una diferencia casi que suprema; y es que lo primero apunta a abordar la estructura y el funcionamiento de las instituciones y de las políticas que de allí surgen. Incluso, algunos expertos de la ciencia política latinoamericana han dicho que allí es donde habitan los problemas de las crisis de gobernabilidad de hoy.

Si lo dicho es cierto, entonces uno podría sospechar que aprobar leyes para enfrentar la crisis económica e impulsar la productividad sin que antes se reconozca la ineficiencia natural de las instituciones responsables de promover tales políticas, es dar un salto al vacío. Las decisiones que beneficien a los afectados por la crisis económica (pensionados y jubilados) sin antes reconocer que su situación es producto de un Estado carcomido por estructuras organizativas netamente populistas, es un salto al vacío. El declarar la emergencia humanitaria ante la crisis de escasez de medicamentos y el deterioro del sistema de salud nacional, sin antes reconocer que la situación actual de la salud pública no se debe necesariamente al insuficiente presupuesto que asigna el Estado, a la corrupción o a la falta del recurso humano calificado, es otro salto al vacío. La aprobación de la Ley de Amnistía subordinando la descomposición de todo el sistema de justicia nacional actual, es un salto al vacío.

Así las cosas, no parece que la agenda parlamentaria –que apenas comienza y sin pretender desconocer el capital político que por ello ha obtenido y pudiera seguir obteniendo– evite formar parte del conjunto de políticas de "paños calientes" que en verdad muy poco cambiarán el formato de país. Ciertamente, en Venezuela, son demasiados los problemas y son muchas las dimensiones de la crisis económica y social. Junto a ello la desesperanza y el desespero día tras día atentan contra el pensamiento y atentan contra la disciplina que la clase política e intelectual deben tener para abordar el momento. Pero aún así, no deja de ser llamativo que no se haya convocado desde las fuerzas políticas que luchan por obtener el poder en Venezuela, la unificación de instituciones, y ciudadanos en la elaboración de un "Gran Proyecto Nacional" el cual no supone decirnos a los venezolanos cómo salir de la crisis, sino, más bien, cómo no volver a caer en ella. Algo que por cierto, hace falta a los "no convencidos".

Sí, un "Gran Proyecto Nacional" que establezca un pacto para abordar la crisis comprendiendo que la transformación económica en el mundo en los últimos 35 años la ha provocado el cambio tecnológico y la innovación y no otra cosa. Un proyecto que reconozca que no existe populismo bueno y que la dinámica de la globalización ha abierto nuevos caminos para una mayor inclusión e igualdad social; y que allí la clase media es un pilar para garantizar el desarrollo de estas políticas. Se requiere de un proyecto que admita que el funcionamiento sostenido del Sistema de Salud Pública depende estructuralmente de cuánta capacidad científica y tecnológica posea este sistema para garantizar la  prevención, abordar las epidemias, desarrollar infraestructura, producir medicamentos y contribuir a la economía nacional. Hace falta un proyecto que además asuma a la justicia como el principio que modera el andamiaje institucional para la confianza y el equilibrio de la vida ciudadana y la institucionalidad política y económica. Claro está, ahora es a modo de otros tiempos.

El problema es el Estado, no como abstracción política, más bien como concepto programático. Estamos en presencia de un Estado que no es capaz de garantizar la organización social, económica y política a través de sus instituciones. El problema también son las instituciones, no como mecanismo para normalizar el comportamiento de los ciudadanos, más bien como instrumento normativo del desarrollo nacional, flexible y amoldable a los cambios permanentes de la dinámica mundial.

Nada de esto tiene sentido en ausencia de un debate que admita que no existe alternativa política posible, si el proceso de cambio político no es acompañado por un "Gran Proyecto Nacional"; por un programa lo suficientemente capaz de activar la participación nacional desde las bases y que no arriesgue en ignorar una de sus banderas: la Reforma del Estado. Y es que el salto del pasado (tiempo que vivimos) al futuro (tiempo que anhelamos) lo garantiza únicamente un país que cree en lo "concreto" en un nuevo tipo de Estado y en un nuevo tipo de instituciones.