• Caracas (Venezuela)

Rafael Palacios

Al instante

Corrupción y reforma tributaria

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I.

Es sabido que en los tiempos de baja de los precios de las materias primas y con ello la necesaria reducción del gasto público, los gobiernos acuden a reajustar los ingresos fiscales mediante recurrentes reformas. Cuando vienen tiempos mejores los impuestos tienden a bajar y cuando existen  tiempos de crisis tienden a subir. Esto se ha convertido en reacciones cíclicas, típicas de economías subdesarrolladas.  

Contradictoriamente estas medidas no vienen acompañadas por una reforma tributaria, que antes establezca la disminución y erradicación del llamado "impuesto oculto",  la corrupción. Las sociedades más afectadas por este flagelo, en algunos casos, continúan siendo permisivas e indiferentes a sus impactos negativos, los cuales no son sólo morales. Expertos del Banco Mundial desde el 2005 ya han alertado de que el costo global por la corrupción podría estar cerca de los 1,5 billones de dólares (en el orden de 2% del PIB mundial actual).

No es cierto, que la corrupción sea sólo el soborno a cambio de beneficio económico o político. No sólo existe corrupción cuando se incurre a sobornos por parte del recaudador de impuestos, y ello de manera directa afecta la reducción de los ingresos públicos y en consecuencia la prestación de servicios, la construcción de infraestructura, entre muchos otros.

La corrupción tiene un efecto negativo en el crecimiento económico; cuando no hay inversión en las actividades productivas, cuando se perpetúan  actores y políticas ineficientes, cuando se privatizan las políticas públicas, cuando las élites políticas poderosas en los negocios junto a otros políticos controlan las instituciones públicas y cuando se monopolizan los contratos con el gobierno.

Asistimos a un importante “hueco informativo" que aún las sociedades no han querido asimilar respecto a los efectos de este "impuesto oculto" en la calidad de vida y en la lucha por la inclusión y la igualdad social. Algunas sociedades de América Latina afectados enormemente por la corrupción, han permanecido ante ella indiferentes y han cedido a los designios de sus gobiernos de reformar las leyes tributarias, con el fin de recaudar mayores impuestos. Y lo hacen asistiendo nuevamente al sistema tributario convencional, caracterizado por los impuestos de transacciones financieras, valor agregado e importación, entre muchos otros. Y en algunos casos lo hacen afixiando al sector privado.

Sin embargo, existen sociedades que han comprendido la necesidad de desmonopolizar la reforma tributaria y hacerla razonablemente democrática y asimismo  sociedades que presionan a los gobiernos para desmantelar el sistema corrupto imperante, tal es el caso reciente de Brasil.  Se trata, de sociedades que presionan para empujar a los gobiernos a ser más creativos en la distribución y direccionamientos de los ingresos nacionales.

II.

Muchos países de la región latinoamericana dependientes de la producción de materia prima y por lo tanto dependientes del ingreso que representa la exportación de este sector, han sido afectados de forma alarmante por la corrupción y por los designios del mercado (oferta-demanda). Incompresiblemente algunos de estos países no pudieron en un siglo, desarrollar nuevos sectores industriales a partir de los ingresos y del desarrollo tecnológico allí generado.

Poco se ha querido discutir sobre la orientación de una reforma tributaria y acciones contra la corrupción que toque al sector energético de estos países, a fin de reorientar el desarrollo económico. Se requiere de una reforma para crear un impuesto por la producción y consumo de energía.

Ciertamente, en pocos países existen todavía problemas relacionados con la generación y distribución eléctrica y con el consumo de la gasolina. Por lo tanto, una propuesta de esta naturaleza no resulta por los momentos razonable. No obstante, en el caso del sector industrial energético, el pago de un impuesto de energía fósil o un impuesto por contaminación atmosférica, es justo. Y lo es por la responsabilidad que este sector tiene en la generación de gases contaminantes (dióxido de carbono y metano) que afectan el cambio climático, el deterioro de la calidad de vida y de la salud. 

No se ha comprendido que los efectos contaminantes de este sector incidirá de forma creciente en el desempeño económico de estos países.

Un impuesto de este tipo debiera ser - y esto es fundamental - una fuente de ingreso permanente para crear nuevos patrones de crecimiento económico expresados en el desarrollo de nuevos sectores industriales generadores de energía renovable y de nuevos empleos; y debiera ser una fuente de financiamiento de proyectos científicos y de desarrollo tecnológico que apoyen en el largo plazo una política de Estado orientada a la Bioeconomía o la "Economía Verde". Además este impuesto serviría para garantizar los proyectos de infraestructura energética que no han podido ser terminados por la falta de inversión.

Con los gobiernos la industria energética debe reformar la visión draconiana e ineficiente de pensar que a la economía y al país le va mejor, sí existe una mayor distribución de los ingresos generados, cuando en realidad no hay una inversión para garantizar la calidad de vida de la presente y futura generación amenazada por la creciente contaminación ambiental.

No por casualidad grandes empresas internacionales como BG Group PLC, ENI SpA, Pemex, PTT PCL, Statoil y Southwestern Energy Co. han establecido un programa para vigilar y divulgar las emisiones de metanos que se generan, un potente gas de efecto invernadero. Y esta iniciativa ha sido respaldada por los gobiernos de otros países como Canadá, Francia y Rusia. Tampoco por casualidad la ExxonMobil está siendo investigada sobre un posible ocultamiento a sus inversores por los riesgos del cambio climático a su negocio. Asimismo, podrían estar implicadas empresas como Chevron, BP y Shell Oil.

Así las cosas, el conjunto de empresas nacionales que producen energía a través de la actividad del petróleo y gas y también las empresas mineras, debieran estar obligadas a cumplir estrictamente las regulaciones para minimizar el impacto ambiental por las emisiones contaminantes que generan. Y debieran ellas comprometerse a retribuir en forma de impuesto el daño que directa o indirectamente ocasionan  a la población.

No parece ser una duda que los gobiernos deben ser más creativos en reducir las verdaderas fuentes de corrupción y en pechar los impuestos a quienes tienen la verdadera responsabilidad, no sólo de “amenazarnos” de quedarnos estancados en el subdesarrollo, también de poner en riesgo nuestro tiempo de vida.