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Respuesta del gobierno a protestas es la misma que se dio en el Caracazo 

Liliana Ortega destacó que este año van tres veces más detenciones que en la revuelta de 1989

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REPRESIÓN Expertos denuncian una crisis de derechos humanos en el país

Liliana Ortega, miembro de Cofavic, advierte que no se puede comparar el Caracazo con las protestas que se iniciaron el 12 de febrero en términos de fallecidos y devastación ocasionada por los hechos violentos. Sin embargo, explica que hay prácticas que debieron haberse superado y que por el contrario se han acentuado. “La misma respuesta que tuvo el gobierno de Carlos Andrés Pérez con respecto al Caracazo la ha tenido el gobierno de Maduro con las manifestaciones. Se ha criminalizado a las víctimas, se han desconocido violaciones graves a los derechos humanos y se han minimizado los hechos de las protestas”, dice.

Al cierre de esta edición, desde el 12 de febrero hay 1.406 personas que tienen medidas cautelares de un total de 2.500 detenciones, privados de libertad son 106, de acuerdo con cifras del Foro Penal Venezolano. “Si se puede establecer alguna referencia de estos hechos con los del Caracazo, guardando las distancias, se puede hablar que, de 650 personas que resultaron detenidas en 1989, un aproximado de 95% quedó en libertad plena. Al contrario de este momento, cuando hay tres veces más detenidos que en la revuelta popular de inicios del gobierno de CAP. Hay una gran cantidad de personas que no tienen libertad completa solo por protestar. Hoy hay una crisis de derechos humanos en el país”, explica Ortega.

 

Política del miedo. El director de Provea, Marino Alvarado, afirma que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha asumido la política de la seguridad nacional, común en los regímenes dictatoriales del Cono Sur, como política de Estado. “No se puede decir que la represión es solo una estrategia del gobierno, es una política de Estado porque se utiliza toda la estructura judicial y política para criminalizar a los que protestan”, denuncia. El experto en derechos humanos explica que la característica de esta política es colocar la seguridad del Estado sobre la seguridad ciudadana. “Todos son sospechosos, esa es la forma de aplicar la justicia a través de la doctrina de la seguridad nacional”, dice.

Alvarado advierte sobre prácticas que no se habían visto en los últimos tiempos. “Hubo un abogado que fue detenido cuando estaba ejerciendo sus oficios de defensa;  recientemente hubo menores de edad que no solo fueron detenidos, también fueron presentados ante tribunales y la sentencia del TSJ que criminaliza la protesta. Esto es un mensaje desde el gobierno para atemorizar a todos los sectores: a los abogados que defienden a los manifestantes, a los estudiantes de educación media y a todo el que se quiera quejar. Esto es la instauración de una política del miedo”, sentencia.

Señala que el miedo es un mecanismo de control para mantener a raya el descontento social. “Pero eso va a fracasar. Históricamente se ha visto que cuando un gobierno restringe los derechos de los ciudadanos a quejarse, a legítimamente de demostrar su descontento, el mismo gobierno estimula las protesta violentas porque la gente se ve ahogada”, asegura.

 

Brutalidad endógena. Ortega tiene más de 25 años en le estudio de los derechos humanos y asegura que los excesos de los organismos de seguridad en el orden público son comunes. “En Latinoamérica hay una brutalidad policial endógena. Esto se debe a la poca capacitación de los organismos de seguridad, de las estructuras educativas para formar a los funcionarios. Sin embargo, en el país esto está tomando niveles muy preocupantes. No solo se victimiza a las fuerzas de seguridad, también se les premia sin contar los grandes atropellos a los ciudadanos. Esto crea una sensación de desamparo en la gente que no ve justicia ante los excesos”.

Ortega considera grave la actitud del gobierno al utilizar víctimas con un cariz político. “No puede ser aceptado que el gobierno solo defienda a los agraviados que simpatizan con ellos políticamente. Todas las víctimas son importantes”, agrega.

 

RECUADRO

Protestar no es un delito

El Colegio de Abogados de Caracas afirma que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia toma atribuciones que no le competen al reescribir la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones y calificar de delito que no se solicite autorización para protestar. “Solo en regímenes totalitarios los jueces se atreven a derogar y a violentar derechos humanos, desaplicar artículos de la Constitución y de los convenios y tratados de derechos humanos, tergiversar la ley, legislar sin competencia para ello, crear delitos penales en contra del principio de la reserva legal”, se lee en un comunicado divulgado ayer por el órgano colegiado. 

Un Mundo sin Mordaza critica que la Sala Constitucional exprese que la protesta no es un derecho absoluto. “Al tomar esta decisión, el Tribunal Supremo de Justicia está desligándose de sus funciones principales, las cuales le dan la potestad de interpretar una ley, mas no le permiten penalizar hechos que no estén previamente estipulados en el Código Penal Venezolano”, manifestaron a través de un escrito.

Informe

 

La violación de 10 derechos humanos y la ausencia de detenidos por denuncias de tortura en Lara es la conclusión de la Asociación Civil Justicia, Solidaridad y Paz en su informe sobre la actuación del Estado en el control de manifestaciones desde el 12-F.

El documento indica que los principales actores en las violaciones de derechos humanos, por acción u omisión, son funcionarios policiales, militares, fiscales y jueces.

Los derechos transgredidos son integridad personal, justicia, libertad de expresión y de información, libertad personal, manifestación, debido proceso de detenidos o privados de libertad, seguridad ciudadana, inviolabilidad del domicilio, autonomía universitaria y el derecho a la vida.

Citan el caso de Willy Armas, de 29 años de edad, detenido el 7 de marzo cuando se dirigía a su casa. El hombre, con déficit cognitivo leve y trastorno del lenguaje, se topó con una manifestación que estaba siendo repelida por la GNB. Fue herido con perdigones, capturado, golpeado y trasladado a las instalaciones del Comando Desur, “donde fue torturado y amenazado de muerte por funcionarios de la GNB, según su testimonio”, dice el informe.

Otro caso se registró el 12 de marzo, cuando 8 mujeres fueron capturadas, torturadas, amenazadas de ultraje y se les rapó el cabello dentro del Destacamento 47 de la GNB.

“No hay una sola persona en nuestra entidad que se haya responsabilizado por estos crímenes de lesa humanidad”, dice Funpaz.

“34 % de los detenidos manifiesta no haber estado involucrado en las manifestaciones o argumenta que para el momento en que se desencadenó el disturbio ya se había retirado de la zona”, acota el informe.  

LasCifras

1.406

en libertad con medidas cautelares

106

es el total de presos

2.500 

son las detenciones en todo el país desde el 12-F

bsaavedra@el-nacional.com

mmoralesp@el-nacional.com