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Foro Penal: En Venezuela existen tres tipos de presos políticos

Alfredo Romero

Alfredo Romero, director del Foro Penal | Foto Archivo

La ONG determinó que  1.998 personas, casi todas ellas relacionadas con protestas o manifestaciones contra el poder, se encuentran con medidas restrictivas a su libertad y bajo procesos judiciales

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El Foro Penal Venezolano presentó el informe  “Represión del Estado Venezolano de enero de 2014 a junio 2016”, en el cual detalla las cifras de represión desde la llegada del gobierno de Nicolás Maduro. También registran un incremento de las cifras de detenciones políticas y de casos de tortura por estos mismos motivos se multiplicaron.

Dentro del documento, el Foro Penal Venezolano determinó que en Venezuela existen tres tipos de presos y detenidos políticos, en virtud del objetivo o motivo de su detención: Quienes representan una amenaza política al gobierno por ser líderes políticos, quienes ejercen sus derechos constitucionales y aquellas personas que son usados como parte de campañas mediáticas. 

Esta es la clasificación del Foro Penal: 

"1. Aquellos individuos presos o detenidos por representar individualmente una amenaza política para el gobierno, por tratarse de líderes políticos o sociales. En estos casos el objetivo de la detención es excluir a la persona del mundo político, neutralizar su capacidad política, aislándolo del resto de la población. (Ej.
Leopoldo López y Antonio Ledezma, líderes de la oposición política y presos políticos desde hace más de dos años el primero y más de un año el segundo).

2. Aquellas personas que son detenidas, no por representar una amenaza política individual para el poder, sino por ejercer sus derechos constitucionales contra la “línea” oficial o por ser parte de un grupo social, tales como estudiantes, defensores de derechos humanos, jueces o militares, que resulta incómodo para el poder, con el objeto de impedir el ejercicio de los derechos ciudadanos (por ejemplo, el derecho a la manifestación pacífica) o para intimidar específicamente a ese grupo social (Ej. Daniel Morales, estudiante opositor, o Marcelo Crovato, abogado defensor de DDHH).

3. La tercera categoría está conformada por aquellas personas que no representan una amenaza política para el gobierno ni de forma individual ni como parte de un grupo social, pero son utilizados como justificación de una campaña mediática o de la propaganda política oficial. 

“En esta última categoría entran quienes son perseguidos o encarcelados para justificar la narrativa oficial, la versión que interesa al poder, que sistemática e invariablemente se construye sobre determinados hechos de trascendencia nacional o sobre situaciones en las que el gobierno y sus representantes buscan eludir sus responsabilidades, atribuyéndoselas a terceros”, indicó Gonzalo Himiob Santomé, Directivo de la ONG. 

“Se trata de personas que son instrumentalizadas por el poder, que son estigmatizadas con todo el peso mediático oficial y con el uso del sistema de justicia como arma de intolerancia como responsables de delitos que no han cometido o de fallas que solo pueden ser atribuidas al mismo gobierno y a sus representantes. Son los ‘chivos expiatorios’ del sistema de intolerancia y de impunidad que se ha enseñoreado en Venezuela”, señaló Himiob Santomé. 

En esta categoría, según la ONG, entrarían por ejemplo los comisarios Vivas, Forero y Simonovis, y los funcionarios de la PM aún presos como supuestos “únicos responsables” de los sucesos de abril de 2002, o Manuel Morales, dueño de la cadena de supermercados “Día a Día”, quien fuera detenido con el objeto de colocar sobre sus hombros, y sobre la de los empresarios privados en general, la responsabilidad de la escasez de alimentos, que es consecuencia directa de erradas políticas públicas, y para apuntalar la versión oficial sobre la existencia de una supuesta “guerra económica”.

“También hemos observado una constante muy preocupante: La del sistemático uso de los procesos penales no como herramientas para alcanzar la justicia verdadera o para determinar la verdad de los hechos, sino como armas de castigo”, señaló Himiob.

“Los procesos penales se eternizan, duran años sin finalizar, y mientras tanto, contra lo que pautan las leyes vigentes en Venezuela, se mantiene a las personas sometidas a medidas de coerción personal indefinidas e incluso, en muchos casos, privadas de su libertad de “manera preventiva” por lapsos de tiempo que superan con creces los legalmente permitidos durante el proceso. En algunos casos –finalizó Himiob- ni siquiera se respeta la orden de excarcelación emanada de los jueces, lo que evidencia que la intención de estos procesos es la de servir, por sí mismos y a despecho de la verdad, como castigo”.

Actualmente, 1.998 personas, casi todas ellas relacionadas con protestas o manifestaciones contra el poder, se encuentran con medidas restrictivas a su libertad y bajo procesos judiciales, sin haber sido condenadas, y 96 se mantienen (por condena o por orden judicial) tras las rejas. El 9 de junio de 2016, 20 personas fueron detenidas en Aroa, Estado Yaracuy. A pesar de haber sido decidida su liberación bajo fianza, se encuentran todavía encarceladas por irregularidades procesales".

Con información de nota de prensa