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Caso Antonio Ledezma: Lo acontecido a un año de su detención

López, Machado y Ledezma/ Foto: Archivo

Antonio Ledezma tuvo 10 audiencias preliminares antes de ser pasado a juicio / Foto: Archivo

La defensa del alcalde metropolitano de Caracas enfrenta acusaciones de conspiración y agavillamiento. El recuerdo de aquel 19 de febrero es una constante en sus familiares, quienes esperaron 9 horas para poder ver a Ledezma luego de su aprehensión

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El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, cumple hoy un año desde que fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en su oficina, ubicada en la Torre Exa de la urbanización El Rosal en Caracas.

Para el 8 de mayo de ese año estaba prevista la primera audiencia del alcalde, la cual fue diferida. Esta fue la primera de 10, que en su mayoría fueron pospuestos sin una justificación clara por parte de Tribunal 6to de Control de Caracas.

La lentitud en su caso coincidió con la reproducción de una hernia y la complicación de su estado de salud. Condición que valió la medida sustitutiva de arresto domiciliario desde el 24 de abril del año 2015.

El arresto

Aquella tarde, más de un centenar de funcionarios del Sebin cerraron el transito en ambos canales de la avenida Libertador frente a la Torre Exa en El Rosal, estructura en la que se encuentra la oficina del alcalde.

Dos o tres de los efectivos tenían la cara descubierta, el resto lucían capuchas. Todos portaban armas largas. La secretaria de Antonio Ledezma presenció cuando al menos 20 de los efectivos llegaron. En ese instante le pidieron que se entregara sin ningún tipo de orden judicial que justificara la exigencia.

La asistente del alcalde mayor entró a su oficina y le participó la presencia de los funcionarios, en ese entretiempo, los efectivos se precipitaron e insistieron en que los acompañara, para no obligarlos a llevárselo a la fuerza.

Antonio Ledezma fue sometido con empujones y forcejeo. Pidió a los agentes “que no lo tocaran”. 

Eran las 2:00 de la tarde para ese momento. Su esposa, Mitzy Capriles y su hija Oriette Ledezma llegaron al lugar para tratar de evitar la aprehensión, pero los funcionarios se lo llevaron sin mayores explicaciones. Descendieron en el ascensor y salieron de la edificación.

Un grupo de personas intentó prevenir que se lo llevaran, lo que llevó a los funcionarios a disparar al aire para dispersar la protesta. Las detonaciones anunciaron su ida. Lo montaron en un vehículo militar y continuaron su camino en un convoy de seguridad.

Oriette Ledezma narró en entrevista a El Nacional, que intentaron seguir a los funcionarios, pero los perdieron porque cerraron las calles por completo. Se dirigieron a la sede del Sebin en Plaza Venezuela, pero su padre no estaba allí.

“Cuando llegamos al Sebin de Plaza Venezuela nos dijeron que no tenían conocimiento de esa operación. Le comentamos que había sido detenido. Les exigimos que preguntaran, para saber si estaba allí, en el Helicoide o en otra unidad”, detalló.

Los funcionarios reiteraron que no conocían el paradero del burgomaestre y su recomendación fue denunciar el hecho al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).

“Para las 12:00 de la noche fue cuando recibimos una llamada de su conductor (del alcalde), que también fue detenido. Nos informó que se encontraba en el Helicoide. Estuvimos desde las 5:00 de la tarde hasta las 12:00 de la noche sin saber de él”, relató.

En la noche de ese día, el presidente Nicolás Maduro confirmó  que habían privado de libertad al dirigente de Alianza al Bravo Pueblo (ABP).

“Tiene un cargo de elección popular, reconocido por nosotros como debe ser y que pretende utilizar la doble banda de los cargos públicos, legales, para buscar la violencia, el atentado golpista, la desestabilización (...) Antonio Ledezma, que el día de hoy, por orden de la Fiscalía, fue capturado y va a ser procesado (...) para que responda por todos los delitos cometidos contra la paz del país”, notificó.

Pruebas en su contra

José Fernando Núñez, abogado de Antonio Ledezma, destacó que la captura de su defendido fue ilegal, porque carecía de una orden. Explicó que en la presentación, las autoridades se justificaron con el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP).

“Ellos se lo llevaron sin orden judicial, porque a según ellos era una caso de extrema necesidad y urgencia, que estaba a punto de salir del país y pretendía evadir la ley”, agregó.

 

En la audiencia preliminar de este lunes 15 de febrero, los fiscales 20° nacional auxiliar y 16° del Área Metropolitana de Caracas  Miguel Ramos y José Luis Orta, respectivamente, ratificaron las acusaciones por conspiración para la rebelión y asociación para delinquir.

Los delitos responden a la supuesta conexión del alcalde a planes de desestabilización contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Mitzy Capriles informó que previo a la audiencia, el alcalde fue trasladado al Sebin de El Helicoide en vez de al Palacio de Justicia, irregularidad  al procedimiento penal establecido por la ley. Hasta el momento no hay respuestas de las autoridades sobre lo ocurrido.

La fiscalía consignó las pruebas que lo vinculan junto a tres estudiantes, que fueron capturados a finales del año 2014: Gregory Sanabria, Jhosman Paredes y Juan Giraldo, quienes se encuentran recluidos en el Sebin del Helicoide.

Otra de las acusaciones se sustenta en el acuerdo de transición política firmado por el político junto con Leopoldo López y María Corina Machado a principios de 2015. Este es un documento que expone una agenda que entre sus puntos abogaba por recobrar la independencia de los Poderes Públicos y restituir el estado de derecho; reactivar la producción nacional y reducir la inflación; y atender la crisis social al atacar la criminalidad y mejorar los servicios públicos.

Firmado el 11 de febrero de 2015, no presenta ningún llamado a derrocar al gobierno según explicó Núñez, quien dilucidó que es un término común y que todo ciudadano tiene derecho expresarlo. A juicio del abogado, los actos de las instituciones jurídicas “son  irreverencias que se cometen contra la justicia en Venezuela”.

En la audiencia, La fiscalía también consignó las declaraciones del coronel retirado José Gustavo Arocha Pérez, grabadas en audios que nombran al burgomaestre en un  presunto atentado contra el gobierno venezolano.

Arocha fue detenido en mayo de 2014. Para el mes de octubre firmó una declaración que acusaba también a la opositora María Corina Machado y al ex director de Pdvsa Pedro Mario Burelli de reunirse para ejecutar un golpe de estado.

La defensa del alcalde ha recalcado en numerosas ocasiones que Arocha fue víctima de tortura en los seis meses previos a la firma del testimonio: “Lo obligaron bajo tortura a señalar que un venezolano inocente atentaba contra el Estado”, afirmó.

“El fiscal pretendía aclarar ese día (este lunes, durante su audiencia de presentación) que no era una prueba anticipada, sino que era un recurso contemplado en el artículo 40 del Código Orgánico Procesal Penal. Este consiste en la prueba de un testigo que presencia la comisión de un acto punible. A ese señor le toman su testimonio de  forma anticipada.  Tiene que ir al tribunal antes de la realización del juicio, pero esta tiene que cumplir con una serie de requisitos legales, como la aceptación de todos los implicados”, explicó el legalista.

José Núñez aclaró que los trámites para la transferencia del expediente a tribunales jurídicos se deberían llevar a cabo la semana que viene. Desde el lunes, los juristas tendrán que acudir a formalizar sus argumentos antes del juicio.