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La vida y la integridad personal no están garantizadas en Venezuela

La impunidad crece hasta 96,9% | Foto: Archivo

La impunidad crece hasta 96,9% | Foto: Archivo

La seguridad ciudadana está consagrada en el artículo 55 de la Constitución como una obligación estatal, pero en la práctica es letra muerta porque el Estado no ha logrado detener el incremento de la criminalidad

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Hay dos derechos humanos absolutos: la vida y la integridad personal, precisamente los que no están garantizados en el país debido a un descontrolado auge de la criminalidad y por malas prácticas enquistadas en los cuerpos de seguridad del Estado.

Tareck William Saab fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente y, como tal, artífice de las mayores bondades de la carta magna de 1999. Se asesoró con los mejores juristas, como Carlos Ayala Corao, para lograr un catálogo de derechos a la altura de los más altos estándares internacionales. La nueva Constitución quedó blindada, inclusive ante la posibilidad de que las autoridades del poder público pretendieran desconocer la tutela efectiva a los derechos y garantías. El texto fundamental abunda en consideraciones sobre la prevalencia del derecho internacional sobre el interno, en procura de la mayor protección posible. Lamentablemente el Tribunal Supremo de Justicia se ha encargado de sentenciar lo contrario y ha dejado indefensos a los que no obtienen amparo en Venezuela.

La impunidad crece hasta 96,9%

La seguridad ciudadana está consagrada en el artículo 55 de la Constitución como una obligación estatal, pero en la práctica es letra muerta porque el Estado no ha logrado detener el incremento de la criminalidad.

Un informe de la Organización Mundial de la Salud, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, publicado la semana pasada, indica que Venezuela es el segundo país de América Latina con mayor cantidad de homicidios: 57,6 por cada 100.000 habitantes. La tasa mundial promedio es de 6,2.

La ineficiencia de los 22 planes de seguridad ensayados durante los 15 años de vigencia de la carta magna también se reflejan en las estadísticas que provienen de Ginebra, pues se advierte que Venezuela es el único país de la región cuya tasa de homicidios ha aumentado consistentemente desde 1995.

El debate sobre la inseguridad ciudadana se caldeó al máximo en mayo de 2010, cuando se filtraron los resultados del estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística por encargo de la Vicepresidencia. El año anterior se registraron 19.113 homicidios. Las cifras oficiales hacían palidecer los cálculos de los organismos internacionales y de la prensa.

Los excesos de los cuerpos de seguridad del Estado empeoran la situación. Sobre la base de cifras suministradas por las autoridades venezolanas, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas determinó que entre 2011 y 2014 se denunciaron 31.096 violaciones de derechos humanos y “tan solo el 3,10% resultó en acusación por parte del Ministerio Público”. Además, el Comité concluyó que en Venezuela hay un patrón sistemático de ejecuciones extrajudiciales y la tortura se ha instalado como práctica habitual de policías y militares. Para mayor gravedad, Naciones Unidas considera que la defensoría del Pueblo no garantiza la prevención y sanción de este tipo de violaciones.

Jueces desechables

Una de los objetivos de la Asamblea Nacional Constituyente era adecentar el sistema de administración de justicia, que se había envilecido durante los gobiernos de AD y Copei. Pero el decreto de emergencia judicial dictado en 1999 implicó una razzia sin debido proceso que concluyó en la cooptación oficialista de los nuevos operadores de justicia.

Inicialmente el TSJ estuvo dominado por el ala miquilenista y después de los sucesos de abril de 2002, cuando Luis Miquilena pasó a las filas de la oposición, se optó por elevar de 20 a 32 el número de magistrados para recuperar la hegemonía chavista en el máximo tribunal.

En junio de 2004, Human Rights Watch publicó el informe Manipulando el Estado de Derecho: Independencia del Poder Judicial amenazada en Venezuela. En el documento se acuñó el término “jueces desechables” para describir la vulnerabilidad de quienes ejercen los cargos sin estabilidad y son más vulnerables a presiones extrajurídicas. Son desechables porque en caso de que se atrevan a contrariar los intereses gubernamentales son destituidos de un plumazo. El Código de Ética del Juez, que se promulgó con 9 años de demora, fue anulado por decisión de la Sala Constitucional, de modo que la Comisión Judicial del TSJ –instancia sin asidero constitucional– sigue poniendo y quitando jueces a su antojo. Ante la ONU, Luis Damiani, magistrado del TSJ, admitió que 62% de los jueces venezolanos son provisorios. Los concursos de oposición públicos, como único mecanismo de ingreso y ascenso en la carrera judicial, son otras de las disposiciones de la carta magna violada por el propio TSJ.

La hegemonía comunicacional arrasa con medios y periodistas

En 2007, cuando el gobierno clausuró la emisora RCTV, la televisora más antigua del país, Andrés Izarra, ministro de información y comunicación, confesó el propósito oficialista de alcanzar la hegemonía comunicacional en Venezuela.

Anteriormente, con la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión el gobierno había comenzado a construir un andamiaje normativo para detener y sancionar la crítica a su gestión desde la prensa.

Hasta 2013 Globovisión fue el canal más molestoso y no se escatimaron recursos para quebrarla política y económicamente: continuos procedimientos administrativos, multas y hasta una reforma de la Ley Resorte por la cobertura que le dio el canal a los motines de la cárcel Rodeo en 2011.

El cambio de propiedad poco transparente de otros medios, como Ultimas Noticias y El Universal, las restricciones para importar papel que implicó la disminución de la paginación y el cierre de periódicos, y el recrudecimiento de otros mecanismos de censura han favorecido la hegemonía que perseverantemente procura el gobierno. El próximo paso, según se ha anunciado, es una ley de prensa para desprofesionalizar la comunicación social.

Los periodistas no alineados con el gobierno se convierten en blanco de ataques. Espacio Público reportó que 10% de las violaciones a la libertad de expresión en 2013 fueron ejecutadas directamente por el presidente de la República, la mayoría a través de declaraciones estigmatizantes.