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Sala Electoral del TSJ recibió cuatro  impugnaciones contra comicios

Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la MUD | Foto cortesía de Prensa MUD

Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la MUD | Foto cortesía de Prensa MUD

El Comando Simón Bolívar pidió la nulidad en 5.729 mesas y en 21.562 actas de escrutinio automatizadas

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En la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia hay cuatro impugnaciones a los resultados electorales del 14 de abril. Sólo ayer –último día de plazo– se presentaron tres . El Comando Simón Bolívar llevó un segundo recurso en el que se pide la nulidad en mesas específicas; y dos representantes de organizaciones civiles hicieron lo propio, pero impugnando todo el proceso electoral.

¿En qué se diferencia la nueva impugnación del CSB de la que ya se entregó el 2 de mayo? En que la primera impugnó toda la elección y la segunda se pide la nulidad en un número específico de mesas.

“Es un recurso contra actos electorales específicos, independiente al presentado por Henrique Capriles. Cada uno de los recursos tiene procesos distintos y sentencias diferentes. Si se acuerda el de Capriles, se debe repetir toda la elección, y si se acuerda el segundo, la repetición de las elecciones sería en las mesas afectadas”, explicó el coordinador político estratégico del CSB, Ramón Guillermo Aveledo.

El recurso pide la nulidad de la elección en 5.729 mesas de votación, 21.562 actas de escrutinio automatizadas y un acta de escrutinio de contingencia (que hubo que hacerla manual). También se impugnan los actos de totalización, adjudicación y proclamación en esas mesas. Con la repetición de las elecciones en las mesas que se impugnan en el nuevo recurso, podrían cambiar los resultados electorales, ya que esas 5.729 mesas arropan a 2.320.490 electores, una cifra casi 10 veces mayor a la diferencia entre Capriles y Nicolás Maduro (de 224.742, votos de acuerdo con el CNE). Se impugna por “la ilegal constitución de las mesas, violencia en los centros, abusos que impidieron el derecho al sufragio y coacción”. Aveledo confió en que luego de revisar ambos recursos el TSJ tendrá que exigirle al CNE que le muestre el material electoral, especialmente los cuadernos de votación. Al igual que en con la impugnación anterior, se recusa a la presidente de la sala electoral, Jhannett Madriz, y al vicepresidente, Malaquías Gil.

Aveledo aclaró que con la nueva impugnación concluyeron las acciones ante instancias nacionales. “Ahora tenemos opciones para llevar al caso al Sistema Interamericano de los Derechos Humanos de la OEA”, agregó.  También se usarán los recursos de la Unasur, Mercosur, la Unión Europea, el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo, entre otros.


Sociedad civil. Un recurso contencioso electoral de nulidad basado en el artículo 215 de la Ley de procesos Electorales. Esto fue lo que consignaron abogados, políticos y directivos de organizaciones de la sociedad civil ante el TSJ.

La abogada Adriana Vigilanza explicó que los numerales 2 y 3 del artículo 215 señalan que se deben anular las elecciones en caso de existir el fraude, soborno o violencia en la formación del registro electoral, en las votaciones o en los escrutinios, siempre y cuando dichos vicios hayan afectado el resultado de la elección. También, cuando el CNE determine que en la elección no se preservó  y se hace imposible determinar la voluntad de los electores.

“Alegamos que hubo de esas acciones en todos los eventos dado el gran cúmulo de evidencias comunicacionales que existe, de los abusos en cuanto a los funcionarios públicos amenazando a personas para que voten por el candidato del partido de gobierno. Este cúmulo de evidencias es tan grande que nunca vamos a saber cuál fue la verdadera voluntad popular de los venezolanos hasta tanto los procesos electorales en Venezuela no sean transparentes”, señaló.

El otro recurso que introdujeron los integrantes de la sociedad civil, entre ellos el dirigente Pablo Medina, la abogada Theresly Malavé y directivos de Esdata, contiene un capítulo completo con denuncias de ventajismo, de voto asistido, de violencia en los centros y de presiones a los electores para demostrar que hubo un fraude.

El director general de la Red Nacional de Asambleas de Ciudadanos, Manuel Borges, aprovechó el último día del plazo para impugnar los resultados electorales e introdujo un recurso de nulidad ante la Sala Electoral del TSJ.

Simón Calzadilla, coordinador del Movimiento Progresista, solicitó a los magistrados de la Sala Electoral que evalúen de manera imparcial  las pruebas de impugnación.


Por estado Las 5.729 mesas de votación sobre las que el Comando Simón Bolívar pide nulidad cubren a 2.320.490 electores. De esos electores, 1.516.315  (65% del total en las mesas con irregularidades) están ubicados en el corredor electoral, que son los estados con mayor cantidad de votantes: Zulia, Miranda, Carabobo, Aragua, Lara y el Distrito Capital.

Las irregularidades en el estado Zulia se presentaron en 567 mesas electorales, que corresponden a 112 centros de votación y que recogen 218.919 votos escrutados. 

En Miranda se presentaron problemas en 750 mesas electorales en 148 centros de votación y que totalizan 315.678 votos escrutados.

En Carabobo se registraron irregularidades en 789 mesas electorales, correspondientes a 153 centros de votación y que agrupan 328.044 votos escrutados.

En el estado Aragua hay 509 mesas electorales en las que se detectaron irregularidades, que corresponden a 120 centros de votación y que recogen 211.970 votos escrutados.

En Lara hay 192 mesas electorales, que corresponden a 49 centros de votación y que arropan 79.622 votos escrutados, en las cuales se presentaron diversas irregularidades.

Las irregularidades en el Distrito Capital se registraron en 877 mesas electorales, que corresponden a 200 centros de votación y que recogen 362.082 votos.


Admisibilidad Hace seis meses los integrantes de la sociedad civil que pidieron la nulidad de los comicios del 14 de abril entregaron un primer recurso de impugnación contra los resultados de las elecciones presidenciales del 7 de octubre y hasta el momento el TSJ no ha emitido una decisión sobre su admisibilidad, cuando se debería informar en 48 horas. Exigen respuesta inmediata respecto del nuevo recurso.