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TSJ declaró inadmisible amparo contra proclamación de Maduro

Fachada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)/Nelson Castro

Fachada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)/Nelson Castro

La Sala Constitucional, en ponencia el magistrado Arcadio Rosales, negó la medida solicitada por el abogado Perkins Rocha. Alegó que la acción se intentó contra la Asamblea Nacional y no contra el CNE. “Si el accionante estimaba que dicha proclamación vulneraba en alguna medida sus derechos fundamentales por parte del Consejo Nacional Electoral, debe acotarse que la propia Ley Orgánica de Procesos Electorales establece las condiciones en que deben sustanciarse las pretensiones", explicaron en la ponencia

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El Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible una acción de amparo constitucional intentada por el abogado  Perkins Rocha para evitar la proclamación este 19 de abril de Nicolás Maduro como presidente de la República.

El denunciante alegó que lo ajustado de los resultados electorales había desatado un clima de incertidumbre e inestabilidad política, que el Consejo Nacional Electoral se negó a un recuento de votos y que ahora se pretendía juramentar a Maduro  “sin que se haya dado respuesta formal a la petición de auditoría” .

La acción señalaba como agraviante a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, “órgano que está investido de autoridad para realizar el acto de juramentación, tal y como lo establece el artículo 231 de la Constitución”.


La Sala Constitucional resolvió que la supuesta infracción, en todo caso, debió atribuirse al Consejo Nacional Electoral. “Sin embargo, el accionante imputó la pretendida infracción a la Asamblea Nacional como órgano supuestamente agraviante, frente a la inminente juramentación ante dicho cuerpo legislativo del Presidente Nicolás Maduro Moros”, se explicó en la ponencia del magistrado  Arcadio Delgado Rosales

“Si el accionante estimaba que dicha proclamación vulneraba en alguna medida sus derechos fundamentales por parte del Consejo Nacional Electoral, debe acotarse que la propia Ley Orgánica de Procesos Electorales establece las condiciones en que deben sustanciarse las pretensiones en sede administrativa o jurisdiccional e indica con toda precisión los lapsos en los que las mismas deben ser atendidas”, justifican en la decisión.